¿Y los cómplices de Sandra Ortiz, qué?

La medida de aseguramiento contra la exconsejera para la Regiones Sandra Ortiz no sólo podría, sino que debería, marcar el comienzo del fin de varias carreras políticas manchadas por la corrupción, uno de los mayores lastres de Colombia hoy.

De hecho, no se entendería que hasta ahora la exfuncionaria de más alto nivel de Gustavo Petro, detenida por el saqueo de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), esté recluida bajo la acusación de la Fiscalía de entregar 3.000 millones de pesos al expresidente del Congreso Iván Name –como parte de un soborno para apoyar proyectos del Gobierno–, y que el senador que los recibió, y otros congresistas, funcionarios y exfuncionarios señalados de participar en el planeamiento de esa y otras transacciones, estén libres.

Con la expectativa de la impunidad, que ha sido un incentivo poderoso para la corrupción política en Colombia, ni Name ni los otros seis congresistas investigados formalmente por la Corte Suprema de Justicia por recibir dinero o favorecerse con el direccionamiento de contratos de la UNGRD para votar a favor de iniciativas oficiales, han tenido la dignidad de dar un paso al costado mientras avanzan los procesos en su contra.