Ante la parálisis y polarización causada por el Gobierno, los empresarios y la fuerza laboral colombiana deben ser cimientos fuertes que mantengan el avance del aparato económico del país.
Por: Luis Alberto Arango
El anuncio del presidente Gustavo Petro, el pasado 15 de marzo, sobre la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente en Colombia, desató un terremoto político que parece ser más bien la fórmula ideal para desviar la atención de las ineficiencias y fracasos de su gobierno. En un país que aguardaba con esperanza el primer gobierno de izquierda, prometedor de cambio, la realidad ha sido un cúmulo de desaciertos que pesan más que sus aciertos.
La propuesta de Petro surge de una contradicción: afirmó que si su gobierno, elegido popularmente, no puede aplicar la Constitución actual debido a obstáculos externos, entonces se hace necesaria una revisión constitucional. Sin embargo, es un falso silogismo: si el problema radica en la implementación de la Constitución, ¿cómo podría un nuevo texto resolver estos desafíos sin caer en los mismos obstáculos?
“Esta iniciativa, lejos de ser una solución, agregará más leña al fuego en los dos años y medio restantes de su mandato”.
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