
El actual Gobierno parece disfrutar –y a menudo abusar– con gran complacencia de las mayorías accionarias de que dispone en algunas empresas estatales.
El caso más evidente es el de Ecopetrol en donde, como se recuerda, el arrogante Gobierno actual sacó descomedidamente de la junta al doctor Carlos Gustavo Cano. Sin ningún otro argumento de que sus mayorías se lo permitían.
Resulta, sin embargo, que la ley que rige los destinos de Ecopetrol no permite este “abuso de las mayorías”. La Ley 1118 de 2006 convirtió a Ecopetrol en una sociedad de economía mixta con un régimen distinto al que el Código de Comercio establece para las sociedades comerciales corrientes. El Estado quedó con el 88,5 por ciento del capital de Ecopetrol, pero el ejercicio de esa mayoría accionaria quedó sometida a lo que el artículo 6 de la Ley 1118 dispone: “Todos los actos jurídicos contratos y actuaciones
necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol, una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa”.
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