
La Constitución del 91 está demostrando que quedó bien hecha. Y es que está cumpliendo con uno de los principales propósitos que tiene una constitución en una democracia liberal: ser una piedra en el zapato para los poderes del Estado. En especial para esas figuras que más poder concentran. En un sistema presidencialista, como lo es el colombiano, la rama que mayor poder tiene es la ejecutiva, es decir, la que encabeza el presidente. Por tanto, que Petro no pueda hacer lo que quiera, como él quiera y de la forma que él quiera, porque el diseño institucional determinado en la constitución no se lo está permitiendo, solo habla bien de la manera como se limitó el poder en nuestra carta política.
Nuestra constitución está mostrando que, a diferencia de países como El Salvador o Venezuela, en donde las normas e instituciones se han manoseado y adecuado a los intereses de lideres momentáneamente populares, las reformas que el presidente de Colombia quiera implementar requieren pasar por un proceso determinado, llegar a consensos y superar ciertas mayorías. Adicionalmente, demuestra que hay una real restricción al poder, independientemente de qué tan popular sea quien lo ostenta. Eso no es bueno, es excelente. Permite que tengamos una democracia sana. Así mismo, a partir del debate y de la deliberación, y no aprobando todo a pupitrazo y de forma pasional, es como se llega a las mejores políticas y resultados.
La Constitución, aunque bien diseñada, no es perfecta. Hay muchas cosas por corregir. El papelón en la elección de la nueva fiscal mostró la necesidad de cambiar la forma como se escoge a la cabeza de la Fiscalía. Es difícil que la ciudadanía tenga confianza en la persona que esté en ese cargo mientras quien la nomine sea el presidente. La única forma de despolitizar a la Fiscalía, y aumentar su legitimidad, es modificando ese proceso de elección. Además, se debe revisar el sistema de juzgamiento de los aforados, pues los niveles de impunidad en esa materia son preocupantes. También es importante replantear la existencia de la Procuraduría. Como varios analistas lo han mostrado, las funciones de esta entidad parecen estar duplicadas o pueden ser asumidas por otras entidades, por lo que es importante debatir sobre su necesidad. Todos estos temas, y otros que no nombro por espacio, son aspectos puntuales que se pueden lograr a través de reformas constitucionales y no de una sustitución absoluta y estructural de la carta actual.
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