Se acabó la tolerancia de Colombia con crímenes de grupos armados

Basta revisar los resultados de la reciente encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la percepción de los colombianos acerca de la justicia transicional derivada del Acuerdo de Paz con las Farc, para darse cuenta de que cada vez hay menos tolerancia social con los beneficios jurídicos para los integrantes de los grupos armados que violan los derechos humanos.

Y cuando se habla de grupos armados ilegales la referencia es clara: las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y el resto de los que actúan hoy en Colombia y que buscan diálogos con el Gobierno o están ya en ellos.

Más de la mitad de los encuestados -el 50,5 por ciento- opinaron que la cárcel debe ser parte del castigo a los exmiembros de esos grupos. Ese porcentaje se elevó a 56,5 por ciento cuando se preguntó por la cárcel como parte de la pena a los antiguos jefes de las Farc, que hoy tienen el beneficio de la justicia restaurativa.