
En septiembre se cumple un año desde que Álvaro Leyva, entonces canciller, declaró desierta la licitación de los pasaportes. Para el anterior ministro de Relaciones Exteriores, en línea con lo que había determinado el presidente, el hecho de que un solo proponente cumpliera con lo exigido en los pliegos de condiciones, que eran los términos de la licitación, hacía imposible adjudicar el contrato. Tanto para Petro como para Leyva, la licitación estaba “amañada”. Es decir, estructurada en favor del único proponente que cumplió: Thomas Gregg & Sons. Esta situación, para ambos funcionarios, era inadmisible pues constituía un acto de corrupción.
Sigue siendo curioso que sea la misma administración que estructuró la licitación (pues este proceso fue diseñado durante el gobierno de Petro) la que diga que el proceso estaba arreglado en favor de alguien. En últimas, aceptaron que fueron o muy mañosos o bastante ineptos. Es inaceptable que solo después de adelantar el proceso, con todos los costos que esto implica, se hayan dado cuenta de los problemas de este. Si en efecto el proceso de contratación estaba arreglado, esto debió haberse puesto de presente durante la planeación, y no al momento de adjudicarlo. Eso nos cuesta a todos. ¡Y mucho!
Todo este proceso ha sido oscuro y sospechoso. Y también ha tenido bastante drama. Una funcionaria salió de la presidencia de una importante agencia por advertir los grandes costos que estas desacertadas decisiones le generarían al Estado y, consecuentemente, a todos los colombianos. Y el excanciller hasta la insultó por mencionarlo. Además, se echaron para atrás todas las medidas que tomó el secretario general de la Cancillería cuando revocó la declaratoria desierta y terminó adjudicando el contrato.
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