
En las últimas dos décadas, la insatisfacción de la población con la política tradicional ha llevado al surgimiento de líderes populistas y/o demagógicos en distintos países de la región. Esos mandatarios, en muchas ocasiones, han logrado poner en jaque las bases de las democracias en donde gobiernan, en nombre del pueblo al que dicen representar. Las reformas que implementan, sin embargo, no necesariamente defienden a ese supuesto pueblo, lo que hacen es aumentar su poder e ir en contra de la democracia, con todos los nefastos efectos que esto conlleva.
Hay distintas formas a través de las cuales esos líderes pueden atacar y, si resultan victoriosos, erosionar una democracia. Una de estas, es debilitando el poder de quienes los limitan y les hacen contrapeso. La más común: acabando con la independencia de la rama judicial. En últimas, los jueces son los que pueden llegar a bloquear de forma más efectiva cualquier abuso de poder. Por esto, si se tienen en el bolsillo, todo va a resultar más fácil de lograr.
El proceso para acabar con la independencia judicial puede ser lento. Se puede realizar a partir de reformas que miradas individualmente no parecen ser una amenaza, pero que en conjunto tienen un resultado nefasto. Como ocurre con la paradoja del hombre calvo. Quitarle un pelo a alguien no lo va a volver calvo, ni resulta una amenaza para que lo sea. No obstante, si esto se repite múltiples veces, sí puede llegar a ocurrir. Ese fue el caso, por poner un ejemplo, de Venezuela. Las reformas se dieron paulatinamente, hasta que se logró que el ejecutivo controlara, entre otros, al poder judicial. Lo grave del asunto lo estamos viendo ahora, más después de que el Tribunal Supremo de Venezuela, en absoluta sumisión frente a Maduro, convalidó el grotesco fraude electoral de este año en ese país.
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