
Dentro de los escasos diálogos vigentes de la política de paz total, el más desafiante hoy para el Gobierno es el que tiene con Iván Márquez y el grupo de disidentes del acuerdo de paz con las Farc que él encabeza, y el cual se bautizó a sí mismo como Segunda Marquetalia.
Por ser abierta y claramente disidentes de ese proceso de paz, Márquez y sus hoy compañeros en armas perdieron el derecho a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre los cuales el más significativo es quedar eximidos de la cárcel a cambio de cumplir sanciones que restauren a las víctimas, como hacer obras que las beneficien.
Pero, además, Márquez está pedido en extradición por Estados Unidos por conspirar para introducir cocaína a ese país, conspirar para cometer actos terroristas y usar y portar armas de alto poder y dispositivos destructivos. Estos delitos tienen penalidades que van de los 30 años de cárcel a la cadena perpetua.
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