La nociva elección de los órganos de control y la fiscalía

La terna para la procuraduría, en la que terminaron tres políticos con vínculos cercanos a varios de los partidos tradicionales, reabrió el debate sobre la politización de las cortes y los órganos de control. Por obvias razones, es inconveniente que la persona que dirige uno de los entes que controlan y vigilan el actuar de los funcionarios públicos, y la correcta utilización de los recursos públicos, tenga vínculos con políticos. Primero, porque su falta de independencia va a llevar a que seleccione o archive casos de acuerdo con sus afinidades políticas. Segundo, porque sus decisiones pierden legitimidad frente a quienes no se encuentran en su mismo espectro político, los cuales van a desconfiar constantemente de su objetividad y criterio. Esto hace que los resultados de estas instituciones en la lucha contra la corrupción no sean satisfactorios, que se afecte la credibilidad que los ciudadanos tienen en estos organismos y que se impacte de forma negativa sus índices de aprobación.

Que la persona que encabeza esas entidades sea afín a un líder político, o de bolsillo como coloquialmente se le dice, no se limita a los órganos de control. La fiscalía, que es parte de la rama judicial, también tiene el mismo problema. Esto, por el proceso de elección que estableció la Constitución de 1991 para la elección de esos cargos. Al procurador lo elige el Senado de una terna que compone el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Al fiscal lo escoge la Corte Suprema de una terna que envía el presidente. Al contralor, por su parte, lo escoge el Congreso de una lista de elegibles que se forma a través de una convocatoria pública.

El presidente tiene la posibilidad de interferir en dos de esos procesos y lograr que quede elegido su favorito o alguien cercano: en el del fiscal y el del procurador. No por nada, por ejemplo, se ha acusado a Francisco Barbosa y a Margarita Cabello, fiscal y procuradora respectivamente, de ser funcionarios de bolsillo del gobierno Duque. Lo mismo ha ocurrido con la reciente elección de la fiscal Luz Adriana Camargo, a quien han acusado por entorpecer los casos de corrupción en contra del gobierno Petro. Por su parte, el contralor, para lograr ser elegido, debe hacer una campaña ante todo el Congreso, con todos los favores políticos que eso conlleva.