Reindustrializar: promesas versus resultados

Como lo he señalado en columnas anteriores, sigue pasando el tiempo desde que el gobierno de Gustavo Petro prometió, en agosto del año pasado, que, en un plazo de seis semanas, presentaría una hoja de ruta para la reactivación económica. Estamos a finales de enero de 2025 y, como en tantos otros anuncios de esta administración, la promesa quedó en el aire. Mientras tanto, en México, otro gobierno de izquierda —encabezado por Claudia Sheinbaum— ha expuesto con claridad y asertividad el Plan México 2030, un ambicioso proyecto de reindustrialización que ya genera consensos y altas expectativas sobre su ejecución. Como colombiano, este contraste no solo causa frustración, sino que también invita a reflexionar sobre la incapacidad local para inspirar, actuar y ejecutar.

En Colombia se promulgó el Conpes 4129 (diciembre de 2023), documento que en su momento prometió establecer la política nacional de reindustrialización. Sin embargo, según el sistema de seguimiento Conpes, hasta ahora ha cumplido con un 18 por ciento de su meta anual. Este retraso refleja la brecha cada vez más amplia entre lo que el Gobierno declara y lo que efectivamente realiza.

Mientras tanto, el Plan México 2030, presentado tan solo catorce semanas después de la posesión de su nuevo gobierno, plantea objetivos precisos y medibles. Entre estos se cuentan la creación de 1,5 millones de empleos especializados, la reducción del tiempo de trámites de inversión de 2,5 a 1 año, la construcción de 100 parques industriales y el incremento de la inversión al 30 por ciento del PIB para 2030. Además, incluye incentivos fiscales amplios y una estrategia integral de sustitución de importaciones que busca fortalecer a la empresa nacional. Este enfoque responde a las oportunidades del nearshoring y demuestra cómo un gobierno puede trabajar de la mano con el sector privado para potenciar la capacidad productiva y sin importar su orilla ideológica.