La Corte Suprema de Justicia le pone plazo a la Fiscalía para que decida en caso que toca al clan Char

El pasado 16 de septiembre, con ponencia de los magistrados Fernando León y Jorge Hernán Díaz, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ordenó a la Fiscalía decidir, en un máximo de seis meses, si archiva o imputa en un proceso que lleva ocho años con el freno de mano puesto.

El caso no es menor: se trata de una denuncia contra Alejandro Char Chaljub y Miguel Vergara Cabello, sobrino de la exprocuradora Margarita Cabello, por los presuntos delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El caso tiene que ver con la expedición, por decreto, del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla en 2014.

La denuncia fue interpuesta por el ciudadano José Raúl Rodríguez, y la presunta ilegalidad consiste en que el POT se habría decretado sin que se cumplieran los requisitos de ley necesarios.

Con la aprobación del POT vino después el cambio de usos del suelo en zonas estratégicas y de valor ecológico para la ciudad.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la Isla de la Loma. Su reclasificación abrió la puerta para la construcción de un macroproyecto que contempla la construcción de 3.500 viviendas, edificios públicos y otros equipamientos en un perímetro de 96 hectáreas.

En noviembre de 2020, María Isabel Llach Barros, asesora de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, fue encontrada muerta junto a su madre en su residencia en la capital del Atlántico.

Los cuerpos no tenían signos de violencia, y en su momento medios locales reportaron un posible contagio de covid-19. Llach había adelantado actuaciones por la forma en que se expidió el POT y había solicitado el traslado de la investigación a Bogotá.

José Raúl Rodríguez, el denunciante, salió del país y pidió asilo. La UNP le había retirado su esquema de seguridad; aunque no ha recibido amenazas directas, asegura no se sentía seguro en Barranquilla y que temía por su integridad.

La demora en este caso tiene una tardanza que la Corte Suprema ha calificado como desproporcionada.

Es vergonzoso que una alta corte tenga que conminar a la Fiscalía para que cumpla con su trabajo; en seis meses deberá resolverse si se encontraron delitos en la expedición del POT o si el caso se archiva.

Cualquiera que sea la decisión, deberá tener la suficiente motivación.