La sonrisa del chigüiro: Gobierno se echa para atrás frente a su caza comercial

Hace unos días, en la columna 'Chigüiros en peligro: ¿Gobierno de Gustavo Petro abre las puertas a su caza comercial?', les revelé la existencia de un documento interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que contemplaba una resolución para fijar un cupo de aprovechamiento del chigüiro en la Orinoquia. Dicho de otro modo, se pretendía abrir la puerta a la caza comercial de este roedor —el más grande del mundo— con base en un supuesto “uso sostenible”. El memorando convocaba a expertos y planteaba ocho preguntas muy específicas sobre cómo ejecutar la matanza “controlada”: métodos de captura, tiempos máximos de agonía, certificación de cazadores, riesgos zoonóticos, etc. En pocas palabras, el Gobierno estaba considerando autorizar la caza regulada del chigüiro, una especie emblemática de las sabanas orientales, pese al discurso previo de protección animal que había enarbolado en campaña.

La reacción pública fue inmediata e indignada. A raíz de la denuncia periodística y de una campaña de recolección de firmas liderada por la senadora Andrea Padilla, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible terminó retractándose públicamente. Desde el 17 de junio, Padilla impulsó una petición en Change.org que acumuló más de 14.000 apoyos ciudadanos. Gracias a esa presión, el 14 de julio la cartera ambiental emitió un comunicado oficial desmarcándose de la idea: aseguró que “no existe en curso ninguna normativa para habilitar su caza comercial, sino un ejercicio técnico de carácter interno”. En palabras de la ministra Lena Estrada Añokazi, “este Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no autorizará la cacería comercial del chigüiro en el país”. Quedaba así, en apariencia, conjurado el peligro para esta querida especie.

Sin embargo, la marcha atrás del Ministerio deja en evidencia serias contradicciones en el mensaje oficial. Apenas un mes antes, la propia entidad parecía decidida a seguir adelante con la cacería: el pasado 12 de junio, el Ministerio difundió un boletín en el que mencionaba expresamente una resolución cuyo propósito era “establecer el cupo global para la caza comercial del chigüiro”, señalando que dicha iniciativa “contaba con respaldo legal y técnico” e incorporaría criterios de bienestar animal. En ese comunicado se afirmaba además que “el aprovechamiento sostenible del chigüiro no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad de conservación”, argumentando que una caza legal y regulada desincentivaría la furtiva, controlaría el hábitat y “empoderaría a las comunidades rurales”.