Mi artículo de la semana pasada concluía con una categórica afirmación: “mientras no se modifiquen las normas de las licencias sociales y ambientales, Colombia no podrá avanzar en la transición energética”. Nadie cuestiona que esta transición sea una prioridad nacional por la necesidad de diversificar la matriz energética reduciendo el uso de hidrocarburos. Sin embargo, las consultas previas y las licencias ambientales se han convertido en un obstáculo a este proceso.
Es evidente que los derechos particulares de las comunidades étnicas son un logro importante de la Constitución del 91 que deben ser respetados; pero también los proyectos de energías renovables son un bien público que responde al interés colectivo de preservar el medio ambiente. ¿Cómo conciliar estos dos derechos fundamentales cuando entran en conflicto? ¿Cómo evitar los abusos que se han presentado en los procesos de consulta?
LAS DIFICULTADES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
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