En una desafortunada casualidad, en la misma semana en que la justicia ordinaria condenó al expresidente Álvaro Uribe como “determinador” de soborno a exparamilitares presos para que cambiaran versiones en contra suya y de su hermano Santiago, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo la audiencia “previa” a la sentencia por secuestro contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, guerrilla a la que el exmandatario combatió con todo el poder militar del Estado mientras gobernó a Colombia (2002-2010).
Y creo que se trata de una muy desafortunada coincidencia porque es inevitable que un colombiano desprevenido compare que, mientras Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata, por fraude procesal y soborno en actuación penal -en un fallo de primera instancia-, siga sin producirse la condena contra los exjefes de las Farc procesados por secuestro. Éstos pudieron volver a la calle la semana pasada, una vez terminada las audiencias en su contra. Según la JEP, la sentencia se dictará en las “próximas semanas”.
En medio de una polarización tan aguda como la que vive hoy Colombia, lo ideal es que la condena contra los siete exintegrantes del secretariado de las Farc hubiera ocurrido hace tiempo. En todo caso, mucho antes que la condena de la semana pasada contra su principal contradictor, el expresidente Uribe, enjuiciado por delitos que no son precisamente de lesa humanidad.
Artículo exclusivo para suscriptores
Suscríbete para acceder a todo nuestro contenido.
Suscribirme
Lea los comentarios
