En Cúcuta, mientras las autoridades posan para la foto hablando de la protección del planeta, un crimen ambiental de proporciones históricas se desarrolla con la venia de las mismas entidades llamadas a detenerlo.
Vertimientos ilegales, captaciones sin concesión, evasión de pagos ambientales y omisión institucional en esa ciudad. El caso involucra a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta, EIS Cúcuta, la entidad pública propietaria del sistema y a la concesionaria Aguas Kpital Cúcuta S.A. ESP, operador privado contratado para administrarlo.
Acá se pone peor porque también envuelve a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, autoridad ambiental encargada de regular y sancionar, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ente de control nacional del sector. Todas, cada una desde su responsabilidad, permitieron por acción u omisión que el daño ambiental se prolongara durante años.
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