El caso Vitalogic fue un entramado de corrupción ocurrido durante la alcaldía del fallecido Rodolfo Hernández en Bucaramanga. Se buscó direccionar el manejo de las basuras en un contrato a 30 años, en favor de empresarios traídos por amigos de Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo.
Este expediente dejó un hito: la autenticación en notaría de una “recompensa” cercana a 6 millones de dólares para el hijo de Hernández si el contrato era adjudicado. Durante sus últimos años, Rodolfo Hernández llevó a cuestas el peso de este escándalo, por el cual además recibió condena.
Probablemente nada se sabría sin la denuncia de dos exfuncionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), César Fontecha y Abelardo Durán, quienes, asqueados por lo que vieron alrededor de este contrato, acudieron a la Fiscalía cumpliendo su deber ciudadano.
La Fiscalía abrió dos líneas: por un lado, la contratación de una consultoría que “preparó” y dejó amarrado el proceso de selección; por el otro, la coima y el acuerdo con privados que prometían una vida próspera para los implicados y, seguro, para sus herederos. A estas alturas, el lector no se sorprenderá: el caso grueso —la coima de 6 millones de dólares, que implica al hijo de Rodolfo y a otros “empresarios”— no ha avanzado; en cambio, el de la consultoría (la “calavera”, como decía Rodolfo), de 340 millones, terminó concentrando la atención judicial.
Lo llamativo es que, hace pocos días, los denunciantes fueron condenados en primera instancia: Fontecha, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; Durán, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Se les señala de haber participado, como miembros de un comité evaluador de la EMAB, en una invitación privada que adjudicó el contrato de consultoría. La Fiscalía sostuvo su tesis y el juzgado la avaló. Pero ni Durán ni Fontecha decidían, tampoco firmaban contratos, y no controlaban maniobras hechas por fuera del comité. La competencia contractual era del gerente de la EMAB: dirigir convocatorias y celebrar contratos era su función exclusiva.
Un punto clave de la defensa es la supuesta reunión en el apartamento de Rodolfo Hernández para “cuadrar” la contratación. Esa versión la dio el coacusado José Manuel Barrera, testigo con principio de oportunidad, quien aseguró que allí estuvieron Hernández, el consultor Jorge Alarcón y César Fontecha. La defensa respondió con fechas, testigos y documentos: Fontecha estaba en Santa Marta entre el 21 y el 25 de julio de 2016, justo cuando Barrera ubica esa cita; aportaron fotografías y otros soportes. Además, la asistente del alcalde, Laura Reyes, dijo haber visto a Alarcón en la Alcaldía en junio, pero no le consta ninguna reunión en el apartamento; y la propia línea de tiempo de Barrera cambia: a veces ubica la reunión “ocho días antes” de la firma y otras “un mes antes”. En conjunto, ese episodio no prueba concertación alguna de Fontecha; al contrario, muestra inconsistencias del acusador y confirma que los funcionarios de la EMAB ni siquiera estaban en el círculo donde se cocinó el proyecto.
Durán y Fontecha ya apelaron el fallo. Alegan que no manejaban la contratación y que sus decisiones eran técnicas. No hay correos ni órdenes que muestren que Abelardo Durán favoreció al consultor, y los testigos no lo ubican recibiendo instrucciones para escogerlo. Por su parte, César Fontecha, como jurídico de la EMAB, puso freno al contrato: exigió póliza de cumplimiento; Vitalogic no la aportó y la invitación se declaró desierta. Al informarlo, Rodolfo Hernández se le fue encima en junta. Hay un audio donde Fontecha se niega a “arreglar” con un otrosí. Durán fue testigo ante la Procuraduría contra Hernández y el propio exalcalde lo señalaba de “poner trabas”.
El testigo clave de la Fiscalía fue un coacusado beneficiado por sus dichos. Fontecha y Durán han cargado el lastre de ser denunciantes de corrupción. En Bucaramanga, donde Hernández era el hombre más poderoso, las puertas se les cerraron.
Mientras tanto, la coima de 6 millones de dólares ligada al hijo del entonces alcalde sigue sin investigarse. La justicia corrió para cerrar el caso de la consultoría y dejó el grande –la coima– en veremos. Por ahora, se termina sancionando a quienes advirtieron la irregularidad.
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