La nueva emergencia económica decretada por el Gobierno Petro es justificada y necesaria a los ojos de un lego en la materia. A diferencia de la anterior, que suspendió con sólidos argumentos la Corte Constitucional por no existir hechos sobrevinientes que la justificaran, en este caso las inundaciones en Córdoba, Sucre y otros seis departamentos de la costa Atlántica sí constituyen un hecho sobreviniente grave que requiere medidas extraordinarias para enfrentarlo. Sin embargo, hay que estar atentos para que no se abuse del estado de excepción.
Emergencias justificadas y no justificadas
La diferencia es clave para entender por qué la anterior emergencia fue rechazada y la última debe ser aprobada. El requisito que impone el artículo 215 de la Constitución para declararla es que “_sobrevengan hecho que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública_”.
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