El Gobierno entrante disfrutará de un periodo de gracia muy limitado. Dispondrá solo del segundo semestre de 2026. A partir de allí, todo empezará a ponérsele color de hormiga. Aunque, analizando los pormenores de lo que fue elección del nuevo presidente del Senado, el periodo de gracia puede ser aún más breve.
Las cosas importantes que requieran ley deberá despacharlas el Gobierno de ADLE desde el momento mismo de su posesión. Es el péndulo que acompaña a todo nuevo gobierno: si tiene tino y cintura política, nada de lo que proponga en los primeros meses debería serle negado. A partir de 2027 todo será a otro precio. Lo cual indica que el segundo semestre de 2026 será crucial para que el Gobierno de ADLE comience con pie firme.
Estamos por el momento en la época de los mensajes jubilosos y de los anuncios simbólicos. Pero a partir del 7 de agosto se inicia la dura tarea de gobernar. Que no será fácil, como lo anticipó el sainete de la instalación de las cámaras el pasado 20 de julio.
El segundo semestre estará ocupado en asuntos importantes: el plan cuatrienal de desarrollo y la aprobación del presupuesto para la vigencia de 2027 que el Gobierno Petro deja desfinanciado con un estrambótico proyecto de ley de financiamiento a cuestas (reforma tributaria) por 21 billones de pesos que, desde luego, el Congreso no la aprobará.
Una de las primeras cosas que debe hacer el nuevo Gobierno es sustituir el presupuesto que deja registrado la administración Petro para el 2027. Deberá sustituirlo por su propio presupuesto y con su propia reforma tributaria.
El ministro de Hacienda del Gobierno entrante ha dicho que, primero, anunciará recortes con un programa de gastos austeros que ya han comenzado a revelar. Como la supresión de algunas consejerías adscritas a la Presidencia de la República. Pero que después de los mensajes de austeridad, y solo después, ha dicho el ministro de Hacienda, llegarán al Congreso con la ineludible reforma tributaria que se necesita.
El nuevo Gobierno debe hacer las dos cosas al mismo tiempo: medidas de austeridad y reforma tributaria. El nuevo Gobierno no puede desperdiciar el estado de gracia de que dispondrá solamente con mensajes de austeridad y recortes de entidades o consejerías inútiles. Debe utilizarlo también para sacar airosa su propia reforma tributaria y el inmenso plan de ajuste de las finanzas públicas que se requiere ante la calamitosa situación que recibe.
A propósito: ¿el nuevo Gobierno ya ha preparado el borrador de lo que será su Plan de Desarrollo, o el de la reforma tributaria? Ambas tareas son extremadamente arduas. Y mientras más se avance en ello, mejor.
Una reforma tributaria estructural y de fondo solo se logra sacarla adelante en el semestre de gracia. O sea, en la legislatura que se inició el pasado 20 de julio. Las reformas difíciles implican gastar capital político, y hay que actuar rápido.
Todos los estudios serios que se han publicado muestran que el déficit fiscal con el que entrega Petro el gobierno es enorme: se estima que es el del orden de 100 billones de pesos. Es el fruto de la improvisación y del desmanejo del Gobierno saliente.
Los estudios muestran también que el ajuste que debe hacerse para que las finanzas públicas recobren sostenibilidad es de una magnitud similar, o sea 5 por ciento del PIB de recortes en el gasto primario. Que mal contados equivale a los 100 billones de pesos del déficit.
Obviamente, un ajuste de tal magnitud no podrá hacerse en una sola vigencia. Es imposible. Al nuevo Gobierno se le irán los cuatro años que vienen ajustando las cuentas fiscales que entrega la irresponsabilidad del Gobierno saliente. Una pieza clave (no la única) de este ajuste tendrá que ser una reforma tributaria bien estudiada y concertada. Otra pieza consiste en moderar el gasto burocrático y estéril que deja montado la administración Petro.
Para lograrlo no debe dejar ir el aroma de sus primeros seis meses, que no se repetirán en los tres años finales del Gobierno que comienza: gobernar es apurar, se ha dicho con buen juicio.
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