En la mitología griega clásica, las Furias eran las sicarias implacables del Olimpo. Los dioses les dieron la misión de ejecutar rápida y brutalmente a quienes cometían crímenes atroces.
Las Furias persiguieron a Orestes para ejecutarlo por el asesinato de su madre, Clitemnestra. Ella, a su vez, había asesinado al padre de Orestes, Agamenón, en venganza por la muerte de su hija Ifigenia, a quien Agamenón sacrificó a Artemisa para lograr buenos vientos que lo llevaran a Troya.
Orestes huyó y se sometió al juicio de la diosa Atenea. Ella lo recibió, calmó a las Furias y ordenó realizar un juicio por el Tribunal del Areópago, compuesto por ciudadanos imparciales. Las Furias aceptaron, no sin objeciones, el veredicto que absolvió a Orestes. De este modo, se creó un nuevo modelo que sustituyó la barbarie de la justicia por mano propia y cortó una cadena de venganza y crímenes.
Circulan en estos días versiones extraoficiales de que el gobierno colombiano tendría la intención de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). Tal paso implicaría un retroceso enorme en el sistema de valores del ordenamiento jurídico (incluido en el bloque constitucional).
También impactaría la imagen internacional de Colombia, pues pasaría a integrar un grupo de países marcado por la violación sistemática de derechos humanos, la impunidad y el desprecio por la vida, como la Hungría semidictatorial de Orbán, la Venezuela dictatorial chavista, el Chad; y aquellos que nunca han aceptado ser parte de la CPI: Rusia, Israel, Estados Unidos, Corea del Norte, China, etc. Todos estos países rechazan la CPI pues sus manos están cubiertas de sangre.
120 países apoyan la CPI. Ser parte del Tratado de Roma es un signo de civilización y compromiso con la persecución de los crímenes más graves, conforme a los más altos estándares internacionales. La CPI, en actividad desde 2002, es un tribunal independiente, compuesto por magistrados de todo el mundo. Ejerce una función única en la investigación de crímenes de guerra, contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión.
El respeto de la soberanía de los Estados es un principio cardinal para la Corte, que tiene carácter complementario, pues actúa solo ante la incapacidad o falta de voluntad genuina de los Estados de investigar y juzgar los crímenes de su competencia.
Desde su inicio, la CPI se ha ocupado de investigar sin favores ni prejuicios. Las mayores polémicas que ha enfrentado han sido relativas a la investigación de funcionarios de gobiernos que protegen a sospechosos de crímenes de guerra: Netanyahu, Putin, Trump, Al Bashir, etc.
El rol de la CPI ha sido clave para dar respuesta jurídica a crímenes graves cometidos por diferentes actores del conflicto colombiano y ha impulsado al país al establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, un modelo de administración de justicia de transición único en el mundo.
Retirarse de la CPI privaría a los colombianos de un tribunal de última instancia en defecto de la justicia nacional, crearía un ‘paraíso’ de impunidad en una zona convulsionada por los conflictos y violaría importantes compromisos internacionales. También implica retirarse del ámbito del estado de derecho internacional, volviendo a una situación de precariedad jurídica pre-2002. Esto, a su vez, condiciona las relaciones diplomáticas del país, en general, y particularmente en cuestiones de derechos humanos. También debilita la seguridad regional por la eliminación de un freno importante contra los crímenes más atroces.
El Gobierno debe actuar con dignidad e independencia, protegiendo su soberanía. De ningún modo se puede permitir ceder a imposiciones de poderes extranjeros.
Las medidas adoptadas en la investigación y juzgamiento de los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto colombiano han sido un ejemplo para la comunidad internacional. Retirarse de la CPI solo implicaría detraer el esfuerzo excelente hecho hasta ahora.
La disyuntiva es entre civilización y barbarie.
*Ignacio Tredici es exfiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, exfuncionario de Derechos Humanos de ONU, exfuncionario Judicial de ONU. Profesor de Derecho Penal Internacional y consultor Internacional.
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