Las palabras son importantes. Lo son porque denotan la vida, la delimitan, la ordenan. Son importantes porque invocan la existencia de aquello que nombran. Al decir pie, mar, casa o piedra, eso aparece en nuestra cabeza de manera inequívoca: se materializa, se vuelve real. Lo mismo ocurre cuando hablamos de los niños y de las niñas. Se nombran porque existen. Son dos palabras distintas, que remiten a realidades diferentes. Por eso, al querer eliminar la palabra ‘niña’ de las comunicaciones institucionales del ICBF, hay algo más que un intento unificador o incluyente del lenguaje. Detrás de esa decisión hay una intención clara. Si se diluye la palabra ‘niña’ y se sustituye por genéricos como ‘niñez’ o ‘infancia’, dejamos de nombrarlas. Y al disolverlas en esa piscina amorfa corremos el riesgo de borrar sus necesidades, sus riesgos particulares y, finalmente, de invisibilizarlas. De relegarlas al anonimato.
El lenguaje es una pieza indispensable de esa ‘batalla cultural’ que se libra desde el Gobierno de ADLE para unificar la narrativa. Para controlarla. Para que impedir que nadie —ni las niñas, ni las mujeres, ni la comunidad LGBTQ+, ni los inmigrantes, ni las minorías— se salga de sus lineamientos. Porque es desde las palabras como se intenta darle forma a una ideología, donde no hay espacio para la diversidad ni para la pluralidad.
Esa forma de comunicar, que excluye al otro, al diferente, y que unifica, elimina, ignora y vilifica todo aquello que se sale de sus parámetros, será la que se imponga. Su propio diccionario de exclusiones será entonces el que termine marcando los límites de lo decible. Y quienes no estamos de acuerdo quedaremos condenados al silencio, al ostracismo y a la estigmatización.
La batalla cultural no se da solo en el ICBF, sino que va mucho más allá. Permea los ministerios, los estamentos públicos y pone en riesgo al individuo y su libertad para tomar decisiones.
Desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, se ve con claridad esa intención. Ya no se habla de las culturas, en plural, sino que es una sola: la que se dicta desde el Gobierno. La cultura deja de entenderse como un derecho, y empieza a tratarse como un bien de consumo. Ya no se trata de garantizar condiciones para que las comunidades creen, circulen, conserven y discutan sus propias expresiones, sino de convertir la cultura en producto, en vitrina, en mercancía medible por su rentabilidad, su capacidad de entretener o su utilidad para reforzar una narrativa oficial.
Aquello que incomoda, que cuestiona, que abre debates difíciles sobre la memoria, la desigualdad, el género, la identidad, la violencia o la exclusión, corre entonces el riesgo de quedar por fuera. La cultura puede dejar de ser un territorio de preguntas para convertirse en un instrumento de validación de una ideología excluyente y de una corriente única de pensamiento.
Detrás de esa transformación aparece también una apuesta mucho más profunda: la de instalar una cultura conservadora, homogénea, ordenada alrededor de una idea única de familia, de unos valores específicos y de una moral definida desde el poder. Una cultura que pretende presentarse como neutral, como sentido común, pero que en realidad delimita quién pertenece y quién queda afuera. Si solo hay una forma legítima de ser familia, de amar, de criar, de vivir el cuerpo, de creer o de no creer, entonces todo lo demás será tratado como amenaza, desviación o ruido.
Por eso el problema no está solo en una palabra que se elimina, en un lineamiento que se ajusta o en una expresión que se cambia. El problema está en el proyecto completo: en la pretensión de redefinir lo público para que deje de proteger la diferencia y empiece a disciplinarla. Cuando el Estado deja de nombrar a las niñas, cuando convierte la cultura en mercancía y cuando impone una sola idea de valores, no está corrigiendo el lenguaje ni modernizando la gestión. Está estrechando el mundo. Está diciéndonos quiénes merecen ser vistos, escuchados y defendidos, y quiénes deberán guardar silencio. Quiénes cuentan con la protección del Estado y quiénes con su estigmatización. Y si el Estado mismo se vuelve censor y juez moral, promueve el discurso de odio, la ignorancia y la violencia. Y siempre, siempre, son los más vulnerables quienes terminan perdiendo.
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