En febrero pasado, el sacerdote Javier Giraldo recibió de manos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas los restos de Camilo Torres Restrepo. Los hallaron en el panteón militar del cementerio Campohermoso, en Bucaramanga, dentro del mismo cofre en el que fueron depositados décadas atrás.
Camilo era un desaparecido más de este país. Después de morir en combate, sus restos fueron enterrados en secreto y, durante estos años, el Ejército ocultó su paradero. No quería convertirlo en mártir, ni que su tumba fuera un lugar de peregrinación.
Giraldo se empeñó a lo largo de su vida en que Camilo, quien influyó profundamente en su vocación religiosa, tuviese la dignidad que todo ser humano merece: una tumba, un lugar para ser recordado. Ninguno mejor que la Universidad Nacional, que fue su casa.
Aquella entrega fue quizá la última victoria moral que tuvo el padre Javier, quien murió esta semana a sus 82 años. Su vida estuvo dedicada a la memoria. A que cientos de miles de víctimas de la guerra colombiana, muertos y desaparecidos, tuvieran un nombre, un rostro, una historia, unos dolientes. Justicia. Su lucha fue contra el olvido, porque para él olvidar era otra forma de matar. Y la memoria, una forma de resistencia pacífica.
Corrían los años 70 cuando los jesuitas fundaron el Cinep, un influyente centro de pensamiento, pionero en la documentación de las graves violaciones de los derechos humanos en un país en guerra, y bajo el régimen de represión del Estatuto de Seguridad.
Javier Giraldo tuvo un papel decisivo en la creación y consolidación del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Un registro de cada hecho con nombres, lugares, fechas, circunstancias, fuentes y posibles responsables, sometidos al contraste y al análisis. Sabían que algún día esa información sería oro puro para la verdad, la justicia y la paz.
Tan valiosa sería esta información que justo por trabajos similares fue asesinado monseñor Óscar Romero —hoy san Óscar Romero—, en El Salvador, y monseñor Juan José Gerardi, en Guatemala. El Cinep también sufrió un hostigamiento constante, que incluyó el asesinato de dos de sus miembros más destacados.
Aquellos bancos de datos crearon en el movimiento de derechos humanos el rigor en la documentación de casos. Pero no eran mera sociología, sino que tenían un trasfondo ético. Durante años, las víctimas no fueron escuchadas ni por las instituciones ni por los medios de comunicación. Ellas tenían una verdad que contar y había que escucharlas, y creerles. Además, ese conjunto de pequeñas historias de la infamia no eran simples registros forenses, sino que revelaban comportamientos sistemáticos. Las estrategias de la guerra sucia.
Hacia mediados de los noventa, el padre Javier comenzó a publicar sus investigaciones en una serie de libros titulados Noche y niebla. Aludían al decreto Nacht und nebel erlass que Hitler expidió en 1941, mediante el cual ordenaba capturar clandestinamente a los miembros de la resistencia en los países ocupados por los nazis y hacerlos desaparecer. No bastaba con matarlos. Había que borrar su rastro, sembrar el terror.
De ese ejercicio paciente de documentar y de nombrar, Giraldo fue construyendo sus propias tesis de interpretación de la realidad colombiana, y esa es quizá la parte más controvertida de su legado. Para él, Colombia era una democracia genocida y, el Estado, un aparato criminal encargado de perpetuar condiciones de exclusión y opresión.
Según su lectura, los dos pilares de ese Estado genocida eran el fusil y la toga: los militares, que además auspiciaban a los paramilitares, y la impunidad garantizada por un aparato judicial que ni siquiera era capaz de investigar. Todo ello como consecuencia de la doctrina del enemigo interno, importada de Estados Unidos y reproducida en la Escuela de las Américas.
Pero el padre Javier no era solo un intelectual. Lo que realmente lo hizo entrañable para muchas comunidades fue su trabajo pastoral. Acompañó la creación de decenas de organizaciones, a las que arropaba con el manto de su autoridad moral. Entre ellas, la asociación de familiares de desaparecidos, Asfaddes, y el movimiento de víctimas del Estado, Movice.
En Trujillo, Valle del Cauca, documentó con tenacidad más de 300 crímenes cometidos en la alianza entre el Estado, los paramilitares y narcotraficantes. Llevó el caso a la CIDH, donde esa alianza macabra quedó plenamente demostrada. En San José de Apartadó acompañó a los campesinos que se declararon neutrales frente a todos los actores armados, en el corazón de Urabá. Repitió ese acompañamiento en Chocó, Cauca y Tolima, entre otros lugares, y en Casanare y Boyacá se volcó a la búsqueda de desaparecidos, producidos casi todos por las guerras intestinas de los paramilitares.
El padre Javier era un caminante, que iba de vereda en vereda, a pie o en mula, para escuchar por horas a las víctimas. No hablaba mucho, pero con su silencio y unas homilías muy hondas daba consuelo a los sobrevivientes. Por donde pasaba dejaba monumentos con nombres de cada una de las víctimas anónimas de esta guerra. Era un buen pastor, en una iglesia que ha perdido mucho del coraje que tuvo otrora.
Sectores de la derecha lo detestaban y le reclamaban su empeño en denunciar al Estado y sus silencios frente a la actuación de las guerrillas. Y es que, aunque no hacía apología de la insurgencia, sostuvo en numerosos textos que la existencia de esta era resultado de las condiciones de injusticia en las que vivían la mayoría de colombianos.
Su ciclo de vida pastoral encontró sentido en las enseñanzas de Camilo Torres hace seis décadas, y terminó con el hallazgo de sus restos hace pocas semanas. Las vidas de ambos quedaron entrelazadas por el mensaje del amor eficaz y la opción preferencial por los pobres.
En muchas cosas no estuve de acuerdo con el padre Javier, en especial con su lectura del poder y varios aspectos de nuestra historia. Pero considero admirable su vida y obra. Nos enseñó la coherencia, la persistencia, la compasión y el no resignarnos con las migajas de democracia que a veces obtenemos.
Muchas gracias, Javier, por tanto.
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