Vuelvo a la tarea de columnista de CAMBIO después de mes y medio en que quise tomar distancia y tratar de asimilar lo que ocurrió en las elecciones. La dirección de la revista amablemente me concedió esa licencia. Vuelvo haciendo un largo recuento de los cambios profundos que está viviendo Colombia en el tránsito entre el Gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella. Son puntos sin mayor desarrollo, y es una larga e inusual columna. Pido la comprensión y la paciencia de los lectores.
El departamento de Córdoba ha puesto los dos últimos presidentes: Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, rompiendo dos siglos de historia republicana en los que la costa Caribe sólo había sido lugar de nacimiento de un mandatario: Rafael Núñez. Eso, claro está, si no contamos el breve periodo en que estuvo José Nieto Gil, el presidente negro, que gobernó seis meses la Confederación Granadina en 1861.
Uno de esos dos presidentes —Petro— había sido guerrillero del M-19 y el otro —Abelardo de la Espriella— un reconocido activista de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la época en que esas fuerzas se metieron en un proceso de paz. Algo muy profundo ha ocurrido en la conciencia de los colombianos para que dos personas ligadas a fuerzas ilegales que marcaron la vida del país en los últimos 40 años hayan saltado al primer puesto de la nación.
En la campaña presidencial de 2026 nacieron dos partidos políticos que quizás rijan la política colombiana en los próximos veinte años: el Pacto Histórico, que agrupó a seis movimientos o partidos de la izquierda y obtuvo su personería jurídica en una larga batalla con el Consejo Nacional Electoral; y Defensores de la Patria, que logró en tiempo récord su personería y se apresta a un proceso de organización en el que agrupará, quizás, a buena parte de los grupos y personas que acompañaron a Abelardo de la Espriella en la campaña. Ya Uribe había sentado un precedente al crear primero el Partido de la U y luego el Centro Democrático en sus largos años de protagonismo en la política nacional.
También las Autodefensas Unidas de Colombia tuvieron la tentación de crear su propio partido después de que apoyaron a grupos diversos en las elecciones de 2002 y conquistaron una tercera parte del Congreso y apuntalaron el triunfo de Álvaro Uribe Vélez en la primera vuelta presidencial.
La historia fue así: Carlos Alonso Lucio y la Corporación Democracia liderada por Antonio López, alias Job, con apoyo de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en los años de la negociación de las Autodefensas, citaron a Medellín a líderes de todo el país vinculados a los paramilitares y formaron un partido con estatutos, programa y estructura organizativa. Pero el resto de la cúpula de los paramilitares, bajo la influencia de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baez, rechazaron de plano esta iniciativa con el argumento de que sería un suicidio cambiar las alianzas políticas que ya tenían con sectores tradicionales por la formación de un nuevo grupo salido enteramente de la legalidad. Ahora, Carlos Alonso Lucio está acariciando la posibilidad de tener su propio agrupamiento bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella.
El país quedó partido en dos en la campaña de 2026. Abelardo de la Espriella, en cabeza de la nueva derecha, obtuvo 12.960.166 votos; e Iván Cepeda, en cabeza del progresismo, alcanzó 12.708.312 votos, registrando una estrecha diferencia de 251.854 votos. De la Espriella gana la elección con una estrategia bien pensada de neutralizar una parte de los grupos y los lideres del centro y ganar la otra parte apoyándose en el odio y el miedo a Petro y a la izquierda.
Por primera vez, la política exterior entró de lleno en una campaña presidencial con grandes novedades: una intervención directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, a favor de Abelardo de la Espriella y de la nueva derecha, y el despertar de un nacionalismo que en un momento de la campaña jugó a favor de la izquierda.
Colombia ha sido un país pronorteamericano a la largo de su historia, pero en los últimos cuatro años se produjo un ácido enfrentamiento entre los mandatarios de los dos países que llegó a su momento culmen con la inclusión de Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton, el 22 de octubre de 2025. Faltaban sólo cuatro días para la Consulta Interna del Pacto Histórico y todos los pronósticos apuntaban a una votación de un millón o máximo un millón quinientos mil votos; pero la votación se duplico, Petro subió cerca de diez puntos en las encuestas y Cepeda, el candidato presidencial del Pacto, empezó rápidamente a encabezar las encuestas de opinión. No hay otra razón que el nacionalismo para este ascenso de la izquierda.
En todo caso, al final, se impuso De la Espriella, un presidente con nacionalidad estadounidense y con un juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos por encima de cualquier otra lealtad; un presidente que a lo largo de la campaña había proclamado su comunión con las ideas de Donald Trump y que, una vez ganó la Presidencia, anunció su adhesión al llamado Escudo de las Américas, una red de países y mandatarios afines al mandatario gringo.
Está en curso una nueva relación entre Bogotá y las regiones. En la campaña electoral, Abelardo de la Espriella empezó a agitar los ánimos de las regiones, especialmente en la costa Caribe y en Antioquia contra el protagonismo de la capital del país Y en el inicio del gobierno, hay varios anuncios que apuntan a fortalecer las alianzas entre estas dos regiones y elevar su papel en Colombia la instalación de una sede presidencial alterna en la ciudad de Barranquilla y una sede de la alianza Escudo de las Américas en Medellín; la presencia en el gabinete de un buen número de ministros costeños y paisas; y la estrecha vinculación con clanes económicos y políticos de esas regiones.
Por primera vez, después del discurso de Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria, el 9 de mayo de 1958, en el que se proclamaba que las Fuerzas Armadas se debían separar de la deliberación política y dedicarse a cuidar el orden público subordinadas al poder civil, se quiere meter a las Fuerzas Armadas en la contienda partidista.
Toda la simbología de Abelardo de la Espriella en la campaña, con su saludo militar, su alegoría patriótica, la exaltación diaria a las Fuerzas Militares, sus amenazas a las instancias de la justicia que juzgan conductas delictivas de algunos miembros de dichas fuerzas en medio del irregular conflicto armado que vivimos, su intención inicial de tomar posesión del cargo en una instalación militar y su decisión de nombrar ministro de Defensa a un general retirado del Ejército, apuntan a un involucramiento indebido de las instancias militares en el quehacer político del país.
La agenda de seguridad le volvió a ganar la batalla a la agenda de reformas sociales. El Gobierno de Gustavo Petro había logrado poner en el centro del debate nacional las reformas sociales con su reforma laboral, su audaz alza del salario mínimo, su reforma pensional y sus políticas de transferencia para los más pobres.
Pero los graves errores en la implementación de la política de Paz Total, el fortalecimiento del crimen organizado, del narcotráfico, de la minería ilegal , así como la persistencia del ELN en su accionar armado y las violencias que azotan a varias regiones del país, fueron aprovechadas a ciencia y paciencia por la nueva derecha para sus campañas de miedo y con ellas logró jalonar a importantes sectores nacionales a reclamar la mano dura, la militarización, la ruptura de todos los puentes de negociación. Gustavo Petro tampoco supo mantener la alianza con Juan Manuel Santos en el punto clave de la salida negociada y la paz. Esos factores han llevado a que, otra vez, la derecha levante la bandera de la seguridad como su emblema y desplace la agenda social a un segundo o tercer lugar.
La batalla que Abelardo de la Espriella inició en la campaña electoral con los ataques abiertos o soterrados a la condición sexual de Daniel Oviedo, su menosprecio por la líder indígena Aida Quilcué, las críticas a la diversidad étnica y sexual, la exaltación de la religión como ingrediente clave de la controversia política, su política de alianzas con las iglesias evangélicas, resumen esa batalla que se expresa ahora de manera clara en el gabinete con la designación de Viviane Morales en el ministerio de Educación y de Paola Holguín en el de Cultura.
La izquierda abraza abiertamente y sin ambages el pacifismo como emblema político. Mientras tanto, la derecha exalta la confrontación, la seguridad y la militarización del país como principal apuesta, y la izquierda se refugia en un discurso pacifista. Este cambio no es menor. En los años sesenta y hasta comienzos del siglo XXI, las organizaciones de izquierda, en su mayoría, promovieron o se solidarizaron o legitimaron la rebelión armada contra el Estado colombiano. También la derecha y las élites políticas tradicionales prohijaron la violencia de los paramilitares y los desafueros de sectores de las Fuerzas Armadas para responder a la amenaza guerrillera y al ascenso político de las izquierdas.
El costo para ambas partes, pero sobre todo, para la sociedad colombiana, fue enorme: más de diez millones de víctimas y 450.000 muertos, según la Comisión de la Verdad. La izquierda sufrió la destrucción de todo un partido político, la Unión Patriótica, un verdadero genocidio, que dejó cerca de 6.000 muertos. Una lección brutal que la izquierda empezó a asimilar poco a poco, hasta cambiar de plano su ideario, primero respaldando negociaciones de paz, después condenando abiertamente la lucha armada, luego abogando porque incluso las protestas sociales repudiaran las acciones violentas de sectores que concurrían a ellas con ánimo vandálico y por último abrazando sinceramente un discurso pacifista.
La escogencia de Iván Cepeda como candidato presidencial de la izquierda no fue un hecho casual, no fue una cosa fortuita. Cepeda había sido uno de los primeros líderes de la izquierda en apartarse de la combinación de las formas de lucha y con esa decisión abrió una brecha en el Partido Comunista y en la izquierda; luego, durante muchos años, se dedicó a la defensa de las víctimas, y finalmente se aplicó a tejer el acuerdo de la desmovilización de las FARC. Algunos sectores del progresismo no le veían ni el carisma ni las destrezas para moverse en el espeso mundo de las redes sociales y de los acuerdos políticos y pensaban que un candidato más cercano al centro político podría tener mayor opción de ganarle a la derecha. Pero al final primó la parte simbólica, la idea de que había llegado la hora de las víctimas y del pacifismo y Cepeda era un símbolo autentico de ese mundo.
La confrontación judicial es otro ingrediente de este quiebre histórico. Tenemos dos grandes procesos de desmovilización y desarme, con importantes reflejos de paz negociada, en el siglo XXI: el de las Autodefensas Unidas de Colombia con el Gobierno del presidente Uribe, y el de las FARC con Juan Manuel Santos. Ninguno de los dos logró un pleno consenso social y político. El primero recibió las más duras críticas de las organizaciones de derechos humanos, de la izquierda y de sectores de la comunidad internacional. El segundo fue sometido a un plebiscito que perdió, aunque por un estrecho margen. De ambos procesos quedaron importantes disidencias y, entre tanto, el ELN no dio su mano a torcer para la paz.
Así que estamos en un posconflicto incompleto. Con un perturbador ingrediente adicional: la derecha no ha reconocido su responsabilidad en la formación de los paramilitares, como tampoco en fenómenos como las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones perpetradas por sectores de las Fuerzas Armadas y en consecuencia no respalda los mecanismos de justicia transicional que salieron de los acuerdos. Entonces, la controversia judicial se cuela por todos los poros de la política nacional y no permite una normalización de la disputa democrática. Quizás ha llegado la hora de un acuerdo de punto final o de alguna manera creativa y consensuada de voltear la página de la violencia contando con la realidad de los últimos años: dos protagonistas del conflicto han llegado a la Presidencia y una víctima va a llevar el estandarte de la oposición en el actual Gobierno.
Se desata una nueva manera de escarbar la corrupción. El Gobierno de Gustavo Petro terminó envuelto en una enorme marea de denuncias de corrupción. Los medios de comunicación, por primera vez en la historia del país, se coaligaron para escudriñar posibles fenómenos de ese delito del Gobierno, los órganos de control hicieron lo propio y la oposición política de la derecha explotó cada indicio, cada prueba, hasta ir armando un portafolio de escándalos que van desde contrataciones de funcionarios sin los debidos requisitos hasta el tráfico de influencias, pasando por el desvío de recursos y pago de coimas para parlamentarios por facilitar con su voto las reformas sociales del Gobierno.
El régimen político colombiano ha cargado con el lastre de la corrupción desde siempre por su carácter clientelista, la penetración de dineros ilegales en las campañas políticas, la captura de los órganos electorales por los clanes políticos y las debilidades de los órganos de control. En un ambiente donde no había alternación política entre fuerzas realmente contrarias, estos factores no tenían una atención y un seguimiento especial. Cuando aparecía un gran escándalo que comprometía miles de millones de dólares del erario o apuntaba a un descarado fraude electoral, venían algunos castigos sociales o judiciales, pero el sistema terminaba asimilando el insuceso y la irregular democracia seguía su curso. Tanto que un presidente, notorio por sus escándalos de corrupción, dijo alguna vez que la tarea era “reducir la corrupción a sus justas proporciones”.
Con Gustavo Petro ocurrió algo distinto: los escándalos de corrupción se convirtieron en una batalla política sin precedentes y la derecha logró aprovechar cada hecho irregular o delictuoso para horadar la figura presidencial y golpear al Gobierno. En todo caso, sería bueno para el país que, sin incurrir en estos excesos, los medios continuaran en la tónica de vigilar la nueva administración.
Petro y el Gobierno se exhiben y la prensa y la derecha entran a saco en la intimidad y sacan a la luz escándalos sociales, rupturas familiares, condiciones diversas. Petro, desde el principio, dejó ver todas las costuras de su Gobierno, permitió que funcionarios de alto nivel se enfrascaran en graves polémicas y las sacaran a la luz, a la vez que mostró, en consejos de ministros, las fracturas y debilidades de su gabinete; también entregó ministerios claves a personajes de los que no podía esperar la menor lealtad, que además tenían como propósito vital mantenerse en el debate público y permitió, o no vigiló con rigor, que algún familiar obtuviera indebidos réditos de su vínculo con el presidente.
La prensa y la oposición aprovecharon con verdadera fruición la circunstancia y le mostraron al país intimidades y escándalos que dejaban mal parado al Gobierno. Lo hicieron, en no pocas ocasiones, saltando por encima de la tradición de no meterse en la alcoba del presidente. Creo que la actual oposición no debería seguir por este camino.
Este sartal de puntos, apenas enunciados, me llevan a la conclusión de que ahora sí empezó en firme la alternación política en Colombia. El triunfante Gobierno de Abelardo de la Espriella no ha querido esconder sus propósitos, no ha maquillado sus intenciones, y todos sus enunciados concurren a un mandato con una pesada carga ideológica y con una clara decisión de mover el país hacia los postulados de la nueva derecha.
Y la izquierda, respaldada por una votación histórica y con la principal bancada parlamentaria, ha declarado una oposición soportada en los siguientes pilares: la defensa de las conquistas sociales y la persistencia en las reformas hasta alcanzar un cambio profundo de la vida colombiana; la desobediencia civil y el pacifismo como fuerza movilizadora de la sociedad; el gabinete alternativo como respuesta técnica y política a las decisiones del gabinete de Abelardo de la Espriella; Y una firme decisión de volcarse a las regiones para disputarle a los clanes políticos y a la nueva derecha las gobernaciones y las alcaldías, con la gran esperanza de regresar en el 2030 a la Presidencia de Colombia.
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