…Porque u odiará al uno y amará al otro, o preferirá al uno y despreciará al otro.” (Mateo 6,24).
Ahora que el presidente electo ya no es ateo y se convirtió en cristiano practicante, debería seguir este consejo de Jesús para decidir si renuncia o no a su condición de ciudadano de los Estados Unidos.
NO ES ILEGAL, PERO SI INCONVENIENTE
No estoy de acuerdo con quienes dicen que el presidente de Colombia no puede tener doble o triple nacionalidad y que por lo tanto se debe desconocer su elección. No hay nada en nuestra Constitución que lo prohíba, a diferencia de la prohibición explícita que si existe para los embajadores, razón por la cual Luis A. Murillo tuvo que renunciar a esa ciudadanía.
El debate no es jurídico sino político y ético; además, no existe con otras nacionalidades como la italiana, sino con la de Estados Unidos no por las leyes de ese país sino por el juramento que debe hacer quien adquiere esa ciudadanía, que dice así:
“Declaro, bajo juramento, que renuncio absolutamente y por completo a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera del cual haya sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, externos e internos; que mantendré verdadera fe y lealtad a las mismas…”
Es categórico: el presidente electo ha renunciado a la lealtad a otros países de los cuales sea ciudadano; a Italia, lo que no tiene ninguna repercusión, y a Colombia, país que deberá gobernar de acuerdo con las leyes estadounidenses. Sin embargo, el 7 de agosto el presidente debe jurar que va a “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (Art. 188). ¿Cuál de los dos juramentos va a cumplir?
Como si no fuera suficiente la contradicción, el ciudadano norteamericano juró que servirá “en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando sea requerido por la ley …”, pero resulta que también va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Militares colombianas. Son dos juramentos en conflicto. Eso es querer servir a dos señores.
LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
La médula del problema son los conflictos de intereses que va a enfrentar, los que se pueden apreciar con unos ejemplos reales y otros hipotéticos, que van a ser más intensos con las políticas del actual Gobierno gringo. Frente a las acciones oficiales que violan los derechos humanos de los colombianos en Estados Unidos, llegando hasta el asesinato de un inmigrante legal, ¿el presidente defenderá a sus compatriotas o primará su lealtad a las leyes extranjeras?
Otro caso real es la política comercial de Washington que ha recurrido a aranceles unilaterales como herramienta de presión geopolítica, y que podría llegar a plantear la renegociación del TLC como ya lo ha hecho con el acuerdo comercial con México y Canadá. ¿El presidente negociaría como jefe de Estado que protege a los productores nacionales, o como ciudadano de un país que juró defender?
La alineación geopolítica de Colombia y sus relaciones comerciales con otros países también podría vere afectada. La doctrina Donroe y el Escudo de las Américas buscan alinear a los países latinoamericanos con los intereses estratégicos norteamericanos y limitar los negocios con China. A Panamá ya le presionó para que sacara a una empresa china de los puertos del Canal. ¿Podría pasar lo mismo con las empresas chinas que están construyendo el metro de Bogotá y otras obras de infraestructura?
Un eventual problema provendría de las revelaciones de The New York Times sobre el pasado profesional del presidente electo. Tampoco es delito que un abogado defienda a narcotraficantes, pero si un ciudadano estadounidense es investigado por presuntos vínculos con lavado de dinero o por haber recibido dineros ilícitos a clientes vinculados al crimen organizado, enfrenta la jurisdicción plena del sistema federal, incluyendo órdenes de captura, y no puede alegar inmunidad soberana ni diplomática frente a su propio país.
El presidente no está obligado a renunciar a la ciudadanía estadounidense ni el tenerla hace ilegal su elección, pero si le conviene hacerlo para su propio beneficio y el del país, pues se eliminarían los inevitables conflictos de interés que tendrá que enfrentar si no lo hace, y desaparecería la sospecha de que sus decisiones estén guiadas por la lealtad a los Estados Unidos. En otras palabras, ganaría legitimidad política. La doble nacionalidad no es ilegal, pero no renunciar a ella e ignorar sus implicaciones políticas sería, sin duda, un error.
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