En una semana hemos visto la devastadora avalancha por el derretimiento de un glaciar en Nepal, y en Colombia el aumento de incendios provocados en los departamentos de Tolima, Huila y Cundinamarca, donde el primer tercio del Super Niño y tiene en alerta el bajo nivel del río Magdalena y, al mismo tiempo, la disminución de precipitaciones azota los pastizales y herbazales en medio del intenso calor favorecen la expansión de los incendios. Todo esto, en medio de las mediciones sobre la anomalía de temperatura superficial del océano Pacífico, que supera ampliamente todos los registros precedentes en la historia reciente. Estamos advertidos.
De otra parte, pude hacer un recorrido por varios departamentos y regiones fronterizas donde se evidencia no solamente una consolidación de las áreas tradicionalmente cocaleras, sino una ampliación hacia nuevos frentes. El consumo mundial sigue en aumento, y por ende la oferta, que se concentra entre Colombia, Perú y Bolivia, mientras los corredores de tráfico se concentran hacia Brasil y Ecuador en la periferia más próxima. Evidentemente, los tambores de la fumigación resuenan con toda potencia, y la Resolución 006 del 28 de agosto del Consejo Nacional de Estupefacientes, delinea la ruta que se seguirá en cumplimiento de las restricciones que había señalado la Corte Constitucional, incluyendo un Plan de Manejo Ambiental General aprobado por la ANLA, consulta previa con las comunidades étnicas de las zonas de operación, concepto sanitario previo favorable y levantamiento de medidas preventivas ambientales. El día anterior, el ministro del Interior radicó la propuesta para modificar la consulta previa, que se concentra en tres ejes centrales: primero, separar la consulta previa del licenciamiento ambiental; segundo, reducir los tiempos e incertidumbre de las consultas; y, finalmente, facilitar proyectos estratégicos, particularmente sobre infraestructura y energía.
El Gobierno pretende expedir una norma para que ambos procedimientos sean independientes. La idea es que las dificultades o demoras de una consulta previa no paralicen automáticamente todo el proceso de licenciamiento ambiental de un proyecto. Esto, sin embargo, tiene una restricción importante, pues la información que se debe poner en la consulta depende —en muchos temas— de lo que resulta del enfoque y medidas de un licenciamiento ambiental, pues sobre esta información es que se determinan las operaciones propuestas sobre un territorio, su magnitud, impactos, sinergias y medidas de mitigación y manejo, ente otros temas, los cuales son de incidencia directa o indirecta en la consulta. Se requerirá de un análisis juicioso de la Corte para evaluar no solo la pertinencia, sino la viabilidad en diferentes niveles de gradualidad de esta propuesta.
Respecto de los tiempos, si bien existen casos aberrantes de consultas eternas, como es el caso de los 200 años que se requieren para los proyectos de energía ‘costa afuera’, también aberrantes son los de ‘consulta express’ para pasar ejes viales en la Baja Bota Caucana sobre micro resguardos, para que la petrolera no tuviera que diseñar un trayecto sinuoso. Los tiempos se han convertido —en muchos casos documentados— en formas ‘transaccionales’ de desviar la consulta hacia los montos y los favorecidos de su ejecución, lo cual abrirá un enorme debate sobre la legitimidad e intereses de quienes hoy representan las comunidades étnicas en el país.
El Gobierno considera que la forma actual de adelantar algunas consultas puede convertirse en un obstáculo para proyectos de infraestructura y energía. Y es precisamente allí donde por el volumen de proyectos de energía, infraestructura y minería que vienen represados en el país, en medio de una crisis climática exacerbada por el Super Niño, y una crisis social y económica que se puede derivar de las movilizaciones de la población cocalera afectada en regiones clave como el Putumayo, el Catatumbo, Nariño-Cauca o Antioquia-Chocó, seguramente podrán ser incrementadas por las operaciones que en paralelo se hagan sobre la minería ilegal. Principalmente la de oro (sector en el que el ministro Arjona ya anuncio su intención de crear una figura de ‘zar contra la minería ilegal’), donde también se dan escenarios de conflictividad armada, cada vez más intensos.
Esta conjunción de eventos climáticos extremos, medidas de modificación regulatoria profunda en la consulta previa y política de estupefacientes, anuncios de operaciones contra el mercado de la coca y la minería ilegal, y en paralelo, incremento de acciones militares para la recuperación territorial, hacen necesario un análisis de escenarios sobre los impactos económicos, sociales y ambientales que se pueden dar de una intervención de esta magnitud en un contexto de crisis climática extrema, como parece confirmarse día a día. Creo que, a pesar de una constante invocación a los milagros, el país no está preparado para este contexto, y en particular para una política de atención inmediata a la emergencia que se deriva de la dependencia económica de las economías ilegales en estos territorios. O para la precaria presencia institucional para garantizar la atención de poblaciones inmersas en el conflicto (más allá de la fallida fórmula de aumentar presencia militar), y más aún tener claro cuál es el plan (financiación inmediata, operatividad, participación institucional y social, rendición de cuentas), de atención a los impactos acumulativos de los grandes proyectos de infraestructura, energía y minería que se proponen, en medio de una tensión por las propuestas de modificación regulatoria que se han puesto sobre la mesa.
No fue suficiente para los devotos que visitaban la montaña sagrada en Nepal estar en modo oración para evitar el desastre de la avalancha. Ojalá no suceda igual por acá con ese frágil dique que anuncia estar al borde del colapso.
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