El testigo que señala a los Char y lleva ocho años esperando que la Fiscalía defina su principio de oportunidad

En el barrio Siete de Abril, al suroccidente de Barranquilla, se levanta una estructura de concreto capaz de almacenar 25.000 metros cúbicos de agua. Desde lejos, su volumen domina el paisaje. Fue presentada como la solución para mejorar el suministro en una extensa zona de la ciudad que durante años padeció interrupciones y problemas de presión; sin embargo, hoy habitantes de la ciudad sostienen que la monumental obra no cumplió con las expectativas planteadas.

La obra nació con retrasos. El contrato fue suscrito en 2014 por el Área Metropolitana de Barranquilla con el Consorcio Hidrotanques por 23.580 millones de pesos y tenía un plazo inicial de ocho meses. Con las adiciones, la inversión superó los 36.000 millones. En 2019, el tanque apenas funcionaba al 40 por ciento de su capacidad. El Área Metropolitana solo anunció su operación total en marzo de 2023, casi nueve años después de la firma del contrato.

Pero detrás de los retrasos y los costos adicionales hay otra historia: la de un testigo que denunció un caso de corrupción en el que admite haber participado y que lleva ocho años esperando que la Fiscalía defina el principio de oportunidad que negocia con la entidad.

Se trata de Luis Enrique Guzmán Chams. Su participación en el negocio comenzó como financiador. Según ha dicho, el contratista Carlos Vengal Pérez lo buscó porque necesitaba recursos para el proyecto. Guzmán aportó el capital con el compromiso de que le sería devuelto con intereses. De esta manera, apalancó financieramente al consorcio encargado de construir el megatanque y se convirtió en su acreedor.

Los señalamientos de Guzmán Chams se conocieron públicamente en 2020, cuando María Jimena Duzán reveló en Semana el contenido de la denuncia que el empresario había presentado ante la Fiscalía. Guzmán reconoció haber aportado 2.300 millones para pagar una coima que, según su versión, correspondía al 10 por ciento del valor inicial del contrato. Aseguró que el dinero estaba destinado a Alejandro Char, que Héctor Amaris (conocido como el ‘Oso Yogui’) actuó como intermediario y que la entrega se realizó en la oficina del empresario Luis Fernando Vásquez.

Desde entonces, Guzmán asegura haber sido víctima de dos atentados. El primero ocurrió en 2019, cuando, según su relato, dispararon contra el vehículo blindado en el que se movilizaba. El segundo se produjo en 2020, cuando varios hombres armados lo abordaron en su finca de Galapa. Ambos hechos fueron denunciados, pero ninguno ha tenido avances judiciales. Guzmán también solicitó medidas de protección ante la UNP y la Fiscalía, sin obtener una respuesta favorable.

Pero Guzmán asegura tener mucho más para aportarle a la justicia. En mayo de 2026 solicitó a la Fiscalía que lo escuchara nuevamente para entregar información y elementos probatorios sobre otros contratos celebrados con el Distrito de Barranquilla.
Uno de los negocios sobre los que Guzmán asegura que puede aportar información y pruebas a la justicia es el contrato 012017002022, adjudicado directamente a GPS Construcciones del Caribe por 1.658 millones durante la urgencia manifiesta por la crisis de la cárcel El Bosque. Guzmán afirma conocer detalles de una presunta coima entregada a Clemente Fajardo y supuestamente destinada al senador Efraín Cepeda. Cepeda ha negado los señalamientos, que no han sido probados judicialmente.

El segundo negocio fue un contrato para ejecución de obras de espacio público. Se trató del contrato 012017001130, por 7.975.988.604 pesos, que quedó en manos de la Unión Temporal Nuevos Espacios 2017, en la que participó una sociedad vinculada a Guzmán. El contratista sostiene que alrededor de este proyecto se pagaron 800 millones de coima.

Guzmán asegura que debía aportar 400 millones para ese pago, pero solo tenía 100 millones disponibles. Afirma que obtuvo los 300 millones restantes mediante un crédito en la entonces compañía de financiamiento Serfinansa S. A., entidad financiera de la familia Char. Después del desembolso, dice, retiró el dinero en efectivo y lo entregó en una casa de cambio ubicada cerca al zoológico de Barranquilla.

El pasado 19 de junio, Guzmán le reiteró por tercera vez a la Fiscalía su solicitud de ser interrogado por el caso Megatanque, pero esta vez para declarar sobre los nuevos hechos que vinculaban a la entidad financiera.

La matriz de colaboración de Guzmán vincula directamente a ocho funcionarios públicos por el caso del megatanque. Si se incluyeran los presuntos implicados en el caso de la cárcel y las obras de espacio público, la cifra de involucrados podría duplicarse.

Denunciar casos de corrupción en Colombia no es fácil: suele acortarse la esperanza de vida de los denunciantes, mientras los entes encargados de investigar, a veces, parecen no querer ver ni escuchar. Ya han atentado dos veces contra Guzmán; a la Fiscalía, en cambio, tomar una decisión le ha llevado lo que duran dos periodos presidenciales.