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Alfredo Molano
Puntos de vista

Uribe y la búsqueda del tiempo perdido

Hace 30 años, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, la región de Ituango, en el norte del departamento, inició uno de los capítulos más sangrientos de su historia. Según el excomandante Salvatore Mancuso, entre junio de 1996 y febrero de 1998 los paramilitares asesinaron a 150 personas en esta región. En su paso cometieron la masacre de La Granja, quemaron el pueblo de El Aro y asesinaron al defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle, quien le advirtió directamente al entonces gobernador el riesgo que corría su vida y la empresa criminal que el paramilitarismo construía en conjunto con el Ejército. Sus denuncias no fueron oídas, el crimen de Valle se consumó y, aunque mucho se ha dicho sobre lo ocurrido hace tres décadas, aún sigue pendiente que la justicia aclare el papel que jugó el expresidente Uribe en esta historia.

Justo por esta deuda, la Fiscalía llamó a indagatoria al expresidente Uribe. La cita estaba fijada para esta semana, pero, por tercera vez, Mancuso dijo que no asistiría y alegó una infección urinaria. Una vez más, Mancuso sigue siendo el rey de cancha en el campo de la verdad; Uribe sigue haciéndole el quite a ponerle la cara al país en un caso que ha tardado décadas, que compromete su actuación como gobernador, que tiene condenado a su hermano Santiago Uribe como creador de la estructura paramilitar que asoló la región y en la que los entonces jóvenes Uribe Vélez tenían tierras e intereses, y la Fiscalía sigue jugando el triste papel de enterrador de la justicia. Lleva años con un expediente que va de despacho sin que nadie lo asuma con decisión para llevarlo ante los jueces.

¡Cómo será el nivel de negligencia en esto, que el expediente que pasa de mano en mano contiene las declaraciones de los protagonistas de la guerra en Colombia! Tiene las versiones de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, de Salvatore Mancuso, de los autores materiales de los crímenes, y de algunos testigos de excepción. Y entre el alud de páginas y testimonios, que entreveran verdades y fantasías, se esconden algunas perlas que cada cierto tiempo salen a la luz, pero luego son tapadas con nuevas versiones u ocultadas entre los cambios de despachos judiciales y de aplazamientos. 

Resulta extraña, cuando menos, la poca atención que ha merecido lo dicho por el principal testigo de la participación de los hermanos Uribe en la violencia paramilitar de esta zona. Es cierto que Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, fue un hombre que mezcló información que parece veraz con datos que son evidentemente falaces, pero por esto último no puede dejar de investigarse lo primero. Más cuando en el expediente está asentada la declaración de ‘Don Berna’ que asegura que sobre lo ocurrido en esta zona hay un pacto de silencio y que se acordó desarrollar una operación de desprestigio contra Villalba para dinamitar su testimonio.

Villalba testificó, por ejemplo, que él mismo participó de las reuniones en que se planearon las masacres de La Granja, El Aro y los crímenes de Valle y del abogado Eduardo Umaña. Aseguró que esas reuniones se desarrollaron en la Cuarta Brigada del Ejército y que participaron los hermanos Uribe Vélez. Incluso, dice Villalba, que él aportó las grabaciones de esos encuentros al ente investigador. Sobre esto la Fiscalía nunca ha mostrado el más mínimo interés para investigarlo, ya sea para desmentirlo o comprobarlo. Es verdad que Villalba dijo muchas cosas, algunas carentes de sentido y de sustento, y otras que han abierto la senda del esclarecimiento, por lo que su testimonio merece ser revisado con detalle y atención. 

Villalba estaba condenado a 33 años de prisión, pero, por motivos aún sin aclarar, se le dictó prisión domiciliaria y allí lo encontraron sus verdugos. Tres tiros le dieron delante de su esposa y de su hija. En noviembre de 2008, cinco meses antes de que lo asesinaran, Villalba dijo que él grabó las reuniones en tres casetes y que los entregó a la Fiscalía. “Esos casetes los grabé yo y se los entregué a un señor del CTI y como a los ocho días fue asesinado y le quitaron los casetes y esos casetes fueron a parar a manos de Salvatore Mancuso y de Carlos Castaño. Yo entregué esos casetes en febrero de 1998: un año después, a uno de esos señores del CTI lo mataron en Medellín a los ocho días de tener el casete y al otro lo mataron en septiembre de 1999” (sic), dijo Villalba. 

Sobre lo ocurrido hace tres décadas, el fotoperiodista Jesús Abad Colorado, quien fue el primero en llegar a El Aro cuando trabajaba para El Colombiano, recordó: “En octubre de 1997 llegué a El Aro. Jesús María Valle estaba denunciando lo que pasaba en el departamento. Era una zona de influencia de las FARC, por su conexión con el nudo del Paramillo y el corredor que conduce a Córdoba. Valle denunciaba el apoyo de la Cuarta Brigada al accionar del paramilitarismo en la región. Y aquí no se puede olvidar el papel que cumplieron los generales Manosalva (quien murió pocos meses antes de la masacre) y Carlos Alberto Ospina, quien después fue comandante del Ejército. Luego de lo que contamos en El Colombiano, Carlos Castaño llamó muy molesto al periódico a reclamar y acusarnos de ser idiotas útiles de la guerrilla. Castaño decía lo mismo que Pedro Juan Moreno, quien en otro momento de la historia enviaba cartas contra los periodistas que denunciábamos el paramilitarismo. Las cartas las firmaba como el Príncipe de Torquemada. Pedro Juan murió en 2006 enemistado con Uribe y en un extraño accidente, sobre el que Don Berna ha dicho cosas”.

Sobre lo ocurrido hace 30 años en los alrededores de la finca de los hermanos Uribe existen decenas de declaraciones, testigos asesinados, complots para desviar las investigaciones, cartas falsas y testimonios amañados; hay condenas y rastros imborrables, pero lo único que no hay es justicia. Han pasado ocho fiscales generales de la Nación y quién sabe cuántos investigadores titulares, cuyas labores no parecen ser resolver lo ocurrido hace 30 años sino evitar el ruido que causa la carpeta, esperar a que pase el tiempo para que cambien los fiscales y otro asuma el caso y los años sigan corriendo, Uribe envejeciendo en su finca de El Ubérrimo, y que el olvido cubra con su manto el dolor de las familias que vivieron el horror de estos hechos. 

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