En qué va la investigación de la Fiscalía por la concesión de cementerios de Bogotá

El 14 de enero de 2023, CAMBIO reveló las declaraciones de Sergio Venegas, un hombre que dijo ser testigo y parte de un alarmante caso de corrupción. Tras la salida del fiscal Barbosa, la investigación parece haber adquirido una nueva dinámica.

El caso se trata de una multimillonaria concesión para la operación de los cementerios públicos de Bogotá por parte de un operador privado. En su declaración, Venegas no tuvo ningún empacho en afirmar que personalmente había entregado coimas para que el contrato le fuera adjudicado a un grupo de empresarios, del que él hacía parte. Señaló con nombre propio a los presuntos implicados y dijo aún más cosas. Aseguró que no había control en el uso de los hornos crematorios de la ciudad y señaló un caos total en el registro de cenizas de personas no identificadas.

En su momento, también se reveló cómo los dineros de los usuarios de cementerios eran consignados en cuentas bancarias creadas por el operador y no en la fiducia creada para la concesión. También se reveló la nula experiencia en el negocio fúnebre que tenían los seleccionados y la dudosa documentación que presentaron y con la que resultaron elegidos.

Este caso parece guardar similitudes con el carrusel de la contratación ocurrido durante el gobierno del fallecido Samuel Moreno. Ambos casos salieron a la luz pública cuando uno de los interesados en los negocios chuecos se sintió tumbado y procedió a delatar a sus antiguos compinches, algo así como: "Si caemos, caemos todos".

Pero esa no es la única coincidencia con el carrusel. Resulta que Tecniconsulta, firma que hace parte del consorcio que tiene a su cargo la interventoría del contrato, tuvo en el pasado entre sus socios a Musa Besaile, a Mauricio Galofre (condenado por el carrusel de la contratación) y a la firma Ponce de León, empresa bandera de los primos Nule.

Al otro día de la publicación de CAMBIO, la Fiscalía abrió investigación y tres días después tomó declaración bajo gravedad de juramento a Sergio Venegas, quien se ratificó en sus denuncias e incluso fue más allá, salpicando en el entuerto a poderosos políticos de Alianza Verde que tuvieron altos cargos e influencia en el gobierno de Claudia López (por cierto, uno de ellos ya había sido mencionado en el carrusel de la contratación).

El caso que parecía no moverse, parece tener otro ritmo ahora. La Fiscalía investiga la comisión de ocho delitos: cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos, falsedad en documento privado, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Los avances en la investigación

Además de la declaración tomada a Venegas, los investigadores de la Fiscalía han llevado a cabo otras diligencias, entre ellas inspecciones en la UAESP y en la Contraloría de Bogotá. Según un documento de la Fiscalía conocido por esta columna, los investigadores pudieron constatar uno de los hechos descritos por Venegas: las consignaciones de los usuarios no iban a la fiducia sino a cuentas privadas. En ese sentido, la Fiscalía también recabó información del interventor del contrato, el cual da cuenta de que 8.600 millones de pesos no fueron entregados a la fiduciaria, lo que, según los investigadores, representa una importante pérdida de recursos públicos.

En las pesquisas también se pudo determinar que, a septiembre de 2023, Jardines de Luz y Paz recaudó cerca de 14.000 millones de pesos, de los cuales debía haber entregado cerca de 4.400 millones a la Uaesp y a la interventoría. La Fiscalía considera que la ausencia de estos recursos ha afectado a la Uaesp, entidad que habría tenido que asumir costos adicionales. Y como al pastel no podría faltar la cereza, los funcionarios de la Fiscalía también encontraron que el operador había bloqueado el acceso de la Uaesp y de la interventoría a las plataformas en las que reposa la información de la facturación, de tal manera que no se ha podido hacer supervisión al contrato.

Éder Parada, representante de Luz y Paz, afirma que la interventoría responde a los intereses de otro de los involucrados en el escándalo: se trata del empresario Dairo Mora. No es la primera vez que Parada hace señalamientos sobre Mora, a quien denunció por supuesta profanación de tumbas e irrespeto a cadáveres. Parada ha enviado cartas a la Uaesp pidiendo la terminación de la concesión, sin que su solicitud haya sido hasta ahora atendida.

Al consorcio Jardines de Luz y Paz ya se le han aplicado dos sanciones por incumplimientos contractuales; con una tercera quedaría inhabilitado y sancionado pecuniariamente.

Este contrato es uno de los grandes chicharrones que le fueron legados al alcalde Galán. Pero hay que ser justos: cuando se suscitó el escándalo por los retrasos en la calle 26 a cargo de los Nule, la Administración de Samuel Moreno llegó a un acuerdo para que los contratistas cedieran el contrato. Ahora, más de un año después de que el escándalo de los cementerios se hizo público, los contratistas siguen a cargo de la concesión. Aspecto en el que sí hay diferencias con el carrusel de la contratación.