Lo que parecía ser una simple audiencia de adjudicación de un contrato de concesión para la ampliación del aeropuerto de Cartagena se convirtió en todo un novelón en el que se evidenció la que sería la primera consecuencia de la millonaria sanción que Estados Unidos le impuso al Grupo Aval por haber incurrido en prácticas corruptas junto a Odebrecht.
Esta es la historia de una diligencia que tenía como objetivo entregar por fin el proyecto con el que sueña y que necesita urgentemente la capital del departamento de Bolívar, pero en la que desafortunadamente pasó de todo, impidiendo que el procedimiento se llevara a cabo, ya que tuvo que ser suspendido por las irregularidades que se denunciaron allí y por las dudas acerca de la falta de transparencia en el mismo.
Todo empezó en junio de 2022 cuando se venció por tercera vez el contrato de concesión del aeropuerto internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena de Indias, que desde 1996, es decir, hace 27 años, está en manos de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA). Aunque el término del contrato original, que fue entregado a ese operador, era el año 2009, por razones técnicas y jurídicas en los últimos 14 años no se ha podido adjudicar a un nuevo contratista que debe retomar las inversiones y hacerle las mejoras necesarias a la terminal.
Justamente, porque no se puede prorrogar el contrato más de cuatro veces -el último aplazamiento se fijó hasta agosto de 2023- y porque el aeropuerto de los cartageneros parece haberse quedado congelado en el tiempo, en enero de este año la Agencia Nacional de Infraestructura publicó el aviso de convocatoria de un nuevo proceso para adjudicar, bajo el esquema de APP (Alianza Público- Privada), la financiación, construcción, operación, mantenimiento y reversión tanto del lado aire como del lado tierra del Rafael Núñez en La Heroica.
La idea nació de los miembros del Consorcio Sacsa, es decir los actuales administradores del aeropuerto, quienes presentaron una propuesta hace varios años para que el proyecto nuevo sí se entregue como una APP, pero que sea de iniciativa privada. Eso, en la práctica, significa que ellos estructuraron todo el proyecto y tienen la ventaja de ganárselo frente a los otros competidores que se presenten en la licitación, pues lo conocen a fondo.
Es aquí donde aparece la parte interesante de esta historia. Cuando Sacsa entregó esa propuesta, se presentó, como se puede ver en el documento adjunto, como un consorcio conformado por 21 empresas, que son las mismas que a la fecha todavía manejan el aeropuerto de Cartagena DOCUMENTOS 1 Y 2.
En los primeros renglones de esa estructura plural que llamaron “IP - Aeropuerto de Cartagena” aparecen como socios mayoritarios la firma española Aena, que tiene un 37,89 por ciento de participación en la sociedad, seguida por la colombiana Concecol que tiene un 12,8 por ciento y que es una compañía del Grupo Aval de propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. DOCUMENTO 3.
El documento en donde se repite una y otra vez quiénes son los originadores del proyecto y los miembros de la nueva estructura plural (que no es tan nueva, porque, como les mencioné anteriormente, ya lleva 27 años operando el aeropuerto) tiene fecha de mayo de 2023. En ese momento, ni los socios del consorcio, ni el país sabían que Grupo Aval confesaría en Estados Unidos su responsabilidad en la comisión de delitos que atentaron contra la libre competencia en Colombia. Solo hasta agosto esa noticia se hizo pública a nivel nacional e internacional.
Precisamente por esto, el proceso para la terminal en Cartagena siguió su curso normal y en este se presentaron tres oferentes, aun cuando estamos hablando de un megaproyecto con el que se pretende construir una nueva terminal internacional de más de 17.300 metros cuadrados, ampliar la plataforma principal para superar los 99.000 metros cuadrados, remodelar la terminal existente y hacer una nueva calle de rodaje que permita mayores operaciones por hora. Los proponentes fueron: el originador, por supuesto, que es la Estructura Plural IP Aeropuerto de Cartagena, la empresa Andino y la empresa Termotécnica Coindustrial.
Pues bien, el pasado 26 de octubre, la ANI realizó la audiencia para la apertura de sobres y posterior adjudicación del millonario contrato de concesión que tiene un plazo previsto de ocho años y medio, distribuidos en un año de preconstrucción, dos años y medio de construcción y cuatro años y medio de operación y mantenimiento. En medio de esa reunión se dio a conocer que el oferente Andino no fue habilitado y, por ende, solo quedaron en la carrera por el Rafael Núñez el originador y la compañía Termotécnica Coindustrial.
Posteriormente llegó el momento de los alegatos y el apoderado de Termotécnica Coindustrial, el abogado Herney Ulises Acuña, tomó la palabra para pedirle al comité evaluador que se pronunciara sobre lo que él llamó una situación “un poco irregular”. El jurista advirtió con vehemencia que desde el inicio de la presentación de la propuesta por parte del originador se incluyó a la sociedad Concecol, la del Grupo Aval, pero ahora y de manera inesperada y sorpresiva ya no estaba en los documentos de la oferta. ¿Qué pasó?
Ante esa reclamación de la contraparte, la defensa del consorcio IP Aeropuerto de Cartagena respondió asegurando que “la firma Concecol no hace, ni hizo parte de la estructura plural en el momento en que se presentó la propuesta para este nuevo contrato” (VER VÍDEO 1). Es decir, aunque aclaró que Concecol sí está en la sociedad actual que tiene la operación del aeropuerto, no fue incluida en la nueva propuesta para volverlo a obtener.
Eso, claramente, es falso. Como vimos en el documento ya presentado, Concecol sí estaba en la lista de empresas que, como estructura plural, presentan la estructuración nueva del proyecto y, de un momento a otro, o la sacaron o se salió DOCUMENTO 4. Pero, entonces, ¿por qué mintió el abogado del consorcio al asegurar que Concecol no ha hecho parte de la nueva iniciativa?, ¿el consorcio sacó de forma unilateral a la empresa del Grupo Aval por la sanción en EE. UU.?, ¿las otras empresas de la estructura plural tienen miedo de asociarse con una compañía filial de un grupo investigado por corrupción? ¿si Concecol era el socio con mayor capital y musculo financiero y ya no está, no deben entregar el contrato a esa sociedad?, ¿en cuántas otras sociedades estarán haciéndole el feo a las empresas de Sarmiento Angulo por lo que hicieron con Odebrecht?
Eso no fue lo único que pasó en la audiencia. Otro suceso que llamó mucho la atención tuvo que ver con la apertura de los sobres. Cuando llegó el momento de ver la urna en donde se encontraban las ofertas, se advirtió que uno de los precintos de la caja estaba roto y otro estaba a punto de reventarse también. Aunque el coordinador de la diligencia por parte de la ANI aseguró que la seguridad de las propuestas estaba completamente garantizada, se habló de iniciar una investigación a la empresa transportadora para saber qué fue lo que pasó.
Es absurdo que por un error de esos se vea afectada la transparencia de la adjudicación y más cuando la caja supuestamente estaba muy bien custodiada y sellada y, además, permanecía guardada en una bóveda. ¿cómo se reventó un precinto?, ¿Quién va a garantizar que nadie haya tenido acceso a los sobres? (VER VIDEO 2).
Es muy grave que se hayan manipulado los sobres, pero es mucho más preocupante que una empresa le haya mentido a la entidad adjudicataria o que haya un interés en que el originador se quede solo en el proceso y no se garantice la pluralidad. Debido a todos los pormenores que se presentaron en esa audiencia, la adjudicación se aplazó para este jueves, 2 de noviembre.
Esperemos que la ANI haya escuchado las observaciones, que nos explique inmediatamente qué pasó con la caja que contenía las ofertas económicas y que nos digan si el Grupo Aval empezará a perder terreno en el mundo de la infraestructura por cuenta de su vínculo con la corrupción.
