La Fiscalía pidió que Olmedo López, Sneyder Pinilla y el Pastuso, vayan a una guarnición militar por su seguridad

“La organización criminal no ha sido desmantelada por completo”, dijo la fiscal María Cristina Patiño para justificar que, en libertad, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, contratista conocido como el Pastuso, representan un riesgo para el proceso y para la comunidad.

La funcionaria judicial dijo que, en libertad, podrían comunicarse con los otros presuntos integrantes de la empresa criminal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que podrían eliminar pruebas necesarias para las investigaciones que cursan por el magno escándalo de corrupción.

La Fiscalía le pidió al juez que los envíe a un batallón militar porque han recibido amenazas contra su vida a raíz de sus procesos de colaboración con la justicia. Además, la funcionaria solicitó que López, Pinilla y el Pastuso, sean recluidos en distintos batallones militares para romper el vínculo entre los procesados.

“La Fiscalía desea informar que por la situación de riesgo de los imputados, la oficina de Protección de la Fiscalía hizo un estudio que arrojó un riesgo de seguridad extraordinario, por lo que se les asignó un esquema de seguridad robusto”, explicó la delegada del ente acusador.

Los argumentos principales fueron dos: el primero es que, en el interrogatorio que rindió el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla ante la Fiscalía, el pasado mes de julio, admitió que eliminó los mensajes y audios de WhatsApp que tenía con el Pastuso porque eran pruebas en su contra.

“Yo eliminé el chat porque yo decía que yo no estaba metido en el delito, eso sería una evidencia y no. Ojalá el contratista tenga todos los chats”, dijo Sneyder a la justicia.

El segundo argumento de la Fiscalía es la pérdida de documentos en la UNGRD que son claves en la investigación que adelantan por estos y otros hechos.

“En el informe de investigador del 6 de agosto del 2024 se supo que la Contraloría advirtió de la perdida de 69 cajas respecto a las más de 5.000 cajas que están registradas en la unidad. No existe una digitalización de los contratos ni están subidas en las plataformas previstas para la contratación pública. Solo hay rastros de la contratación en físico en la unidad y esos documentos, según la Contraloría, están siendo desaparecidos”, dijo la fiscal Patiño.

Además, aseguró que la justicia sabe que existen funcionarios y contratistas vinculados con la empresa criminal que están desapareciendo pruebas necesarias para las pesquisas. Por ejemplo, el contratista conocido como el Pastuso, tiene familiares y funcionarios que están a su disposición permanentemente. Incluso suplanta algunos de ellos cuando necesita algo en beneficio propio.

Según la funcionaria judicial, tienen información de que el Pastuso suplantó a Roger Pastas, representante legal de una de sus empresas, con un funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en la que se le estaba convocando a una diligencia por los hechos que están siendo investigados. 

“Este comportamiento desleal con funcionarios de la administración pública demuestran su capacidad para suplantar o deformar pruebas directamente o a través de sus subordinados”, puntualizó la fiscal.

Los argumentos de la Fiscalía se sumaron a la gravedad de las conductas que cometieron. Hay que recordar que fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado. Todos se declararon inocentes porque, advirtieron, están negociando con la Fiscalía.

Los hechos están relacionados con 21 órdenes de proveeduría y contratos que direccionaron algunos contratistas con el fin de sacar coimas de cada uno de los contratos. Estos suman más de 228.844 millones de pesos.

De esas 21 órdenes de proveeduría y contratos, se direccionaron seis para las empresas de Luis Eduardo López, el Pastuso, que suman 108.200 millones de pesos. Una de esas era la de los 40 carrotanques para La Guajira. También, se direccionaron ocho contratos para amigos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, por 24.238 millones de pesos, a cambio de coimas del 10% del valor de los contratos. Finalmente, direccionaron, según la Fiscalía, siete contratos para amigos de César Manrique, director de Función Pública, por 96.000 millones de pesos. 

Finalmente, la fiscal Patiño dijo que la cárcel es la única medida que garantiza la protección de la prueba y la comunidad, evitando la continuidad del desfalco del erario público. El delgado de la Procuraduría apoyó la solicitud de medida de aseguramiento que hizo la Fiscalía.