Piden que el "terror para someter a la población" cometido por las Farc sea un crimen de lesa humanidad

La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que incluya, como parte del reconocimiento que deben hacer los comparecientes del macrocaso 002, la conocida estrategia de “infundir terror” para someter a las poblaciones de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), como crímenes de lesa humanidad. 

De acuerdo con la JEP, el macrocaso 002 prioriza las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que afectan a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGTBI de los municipios antes mencionados. 

En ese sentido, el Ministerio Público considera que los delitos productos de esa estrategia de “terror para someter a la población” no fueron hechos aislados, sino que hicieron “ parte integral de la política de control social y territorial” de las extintas Farc. Es decir, con esa estrategia, el grupo armado cometía delitos contra la población para generarles miedo y mantener el control sobre la zona.

La decisión la tomó la procuradora delegada con funciones de intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, quien pidió que a la imputación de los comparecientes del caso se adicionen el crimen de lesa humanidad de “otros actos inhumanos”.

Según la procuradora delegada, la decisión se justifica en “los graves sufrimientos ocasionados a los niños, niñas y adolescentes reclutados por las Farc, los malos tratos intrafilas que les fueron infligidos, así como las agresiones contra la población civil víctima de la violencia reproductiva”.

Los interrogantes de la Procuraduría

El Ministerio Público también cuestiona que estos crímenes hayan sido imputados de manera generalizada, sin observar individualmente la contribución de cada mando a la comisión de las conductas criminales. Por ejemplo, mencionan que “la mayor alarma se genera frente a las atribuciones por violencia sexual”.   

También señalan que las afectaciones a los pueblos étnicos no fueron de manera incidental, sino que significaron un “patrón de violencia con gran riesgo por la pervivencia de las comunidades indígenas denominado etnocidio”.

A esto se suma que a la imputación no se le agregó “la atribución de una modalidad de daño al medio ambiente”. Esto quiere decir que en su ejercicio de control, las extintas Farc generaron deforestación, alteración de ecosistemas y contaminación de fuentes de agua y suelos.