El hombre que estructuró la operación para que Juan José Lafaurie Cabal recibiera $95.273.700 regalados por los contribuyentes y fuera favorecido con un crédito preferencial de “pequeño productor” por 400 millones de pesos; encabeza el empalme del gobierno entrante para el sector agricultura. Se llama Indalecio Dangond Baquero y es el dueño de la empresa  Open Loans OPL SAS, la misma que le dio el visto bueno a ese negocio tan ventajoso para una familia multimillonaria.

Juan José Lafaurie, el pretendido “pequeño productor”, es el hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Este último es propietario de grandes extensiones de tierras en el departamento del Cesar, del cual también es oriundo Indalecio Dangond, quien podría ser el próximo ministro de Agricultura.

Entre las haciendas de José Félix y su familia están “El Porvenir”, “La Luisa”, “Montecarmelo” y “Guadalajara”. Justamente, para desarrollar un cultivo de palma en esta última finca fue que el abogado Juan José Lafaurie Cabal pidió a Finagro un crédito de bajo interés. Aplicó, además, para que le regalaran –con plata pública– casi la cuarta parte de la deuda, el mayor subsidio al que pueda aspirar un campesino. Como si fuera poco, solicitó que el fiador del 80 por ciento del préstamo fuera el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, creado para respaldar a personas que no tienen cómo avalar una obligación de este tipo.

El hijo del terrateniente aplicó a estos beneficios en 2024, presentándose como “pequeño productor”. El joven abogado, a quien le gusta posar en las redes sociales manejando carros deportivos y exhibiendo relojes que cuestan millones –muy de acuerdo con la nueva estética nacional–, presentó en el Banco Serfinanza unos estados financieros, según los cuales calificaba para ese tipo de ayuda. 

Los documentos contables acreditan que el abogado penalista y “pequeño productor” tiene activos por menos de 130 millones de pesos. Los balances del pobre muchacho los firma la contadora Carolina Useche Rodríguez, quien –para colmo de casualidades– resultó ser la directora administrativa y financiera de Fedegán. Es decir una subalterna del papá del “pequeño productor”, pagada con recursos de los agremiados.

La solicitud del crédito contiene una falsedad. El abogado penalista José Félix Lafaurie Cabal asegura que la finca en donde se hará la inversión es propia. 

Sin embargo, el predio no es de él sino de una sociedad llamada Lafaurie Cabal SAS, de la que son miembros su mamá, la senadora María Fernanda Cabal, y sus tres hermanos: Luisa Fernanda, Denisse y Santiago. 

Lafaurie Cabal no ha tenido el valor de responder públicamente por su negocio. No se arriesga a hablar en vivo. Fue su papá, José Felix Lafaurie, quien puso la cara y en una entrevista con La W terminó admitiendo que el préstamo –y por consiguiente el subsidio– se lo habían concedido a él y no a su hijo: “Quien me otorgó el crédito fue un banco privado, no público”. 

Bajo ningún criterio, un latifundista como el señor José Félix Lafaurie puede acceder a los beneficios que la ley otorga exclusivamente a los pequeños productores. 

Otra inconsistencia financiera notoria en la operación consiste en que el crédito debe ser pagado en 36 meses, cuando en la industria es claro que un cultivo de palma no produce ingresos antes de cuatro años. Es decir, la estructuración tiene un error insalvable porque el negocio no puede cubrir el crédito dentro del plazo.

Así lo subrayó la auditoría ordenada después de que se hiciera público el escándalo: “El plazo del crédito de tres años no es coherente con el ciclo productivo de la palma de aceite y genera un descalce entre el flujo del proyecto y el servicio de la deuda, sin que el ICR pueda considerarse fuente de pago”. 

Pese a esas y otras inconsistencias, la empresa Open Loans de Indalecio Dangond, quien conoce de memoria los ciclos productivos de la palma de aceite y el manual de Finagro, le impartió el visto bueno al crédito del “pequeño productor” Lafaurie. 

Mientras en los medios cercanos al gobierno entrante se da por segura la designación de Dangond como ministro de Agricultura, él, en su más reciente columna para El Espectador titulada “Empalme”, pontifica sobre el sector agrícola y se lamenta de lo que, según afirma, ha pasado en el gobierno Petro: “El crédito agropecuario tampoco escapa a este panorama. Aunque el volumen creció 21,9 % en 2025, el sistema sigue excluyendo al pequeño productor. El crédito se expande, pero no se democratiza”. 

Poco pueden esperar los colombianos de este democratizador, que se ganó una plata avalando que le entregaran a un terrateniente las subvenciones que, por ley, le correspondían a un campesino necesitado.