Que renuncie a su ciudadanía estadounidense; que aclare si ha cooperado con agencias gringas como la CIA o la DEA, y que cese cualquier intento de judicializar o extraditar a Gustavo Petro.

Son las tres exigencias que le hace Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella para evitar el movimiento de «desobediencia civil» que busca promover tras su apretada derrota en las presidenciales. No hay que ser muy perspicaz para advertir que el presidente electo haría caso omiso de estas pretensiones.

El concepto de desobediencia civil viene del siglo XIX y se refiere al derecho a protestar sin violencia contra leyes que se consideran injustas, y valora la conciencia personal sobre la obediencia ciega al Estado. Fue lo que desde 1849 planteó Henry David Thoreau y que, a comienzos del siglo pasado, Gandhi adaptó y practicó en su victoriosa campaña no violenta por independizar a la India del dominio británico. 

El movimiento por los derechos civiles y contra la segregación racial que sacudió y transformó a Estados Unidos en los años sesenta arrancó de actos desobedientes, que algunos llaman de resistencia pasiva. Como el de Rosa Parks, una mujer negra ya entrada en años, nacida en el racista estado de Alabama, que en 1955 se sentó en la sección reservada para blancos de un bus, se negó a ceder su silla y terminó encarcelada. Y convertida, también, en símbolo mundial de la lucha contra la segregación racial.  

Nelson Mandela fue máximo exponente de una desobediencia civil exitosa en su país, Sudáfrica, donde la ley suprema del apartheid consagraba la separación de las razas y sometía a la población negra a una oprobiosa discriminación. Situación que justificaba incluso la resistencia armada, a la que acudieron sin éxito muchos movimientos de liberación. Mandela prefirió los actos pacíficos de gran impacto social y político, que terminaron por aglutinar a la gran mayoría de la población.  

Desobedecer una ley es en sí un acto de protesta o rebelión. Y, si interpreta el sentir popular y se convierte en una conducta general, se vuelve entonces una fuerza incontenible.

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Pero estaba hablando del llamado de Cepeda en la Colombia de aquí y de ahora, que puede ser relevante como estrategia de oposición y servirle para mantener cohesionada su base electoral; sin embargo, carece de sustento legal o constitucional y, lo que es más significativo, de un respaldo visible en la opinión que pudiera convertirlo en un fenómeno político de impacto masivo. Por ahora no pasa de ser una especie de «golpe de opinión». Si la idea de una desobediencia civil tiene acogida entre la población, otro sería el cuento.

Consciente de la estrechez de su victoria y de la necesidad de asegurar gobernabilidad, además de un relevo ordenado de poder, el presidente electo ha cambiado de tono y, hasta cierto punto, de actitud. Menos agresivo e insolente; más mesurado y más necesitado de atraer a esa mitad del país que votó en su contra. 

Veremos, pues, a un Abelardo con discurso y talante distintos. Debe intuir que, si no abandona esa pugnaz retórica de campaña, difícilmente podrá gobernar en paz a un país polarizado y, a veces, explosivo, que ya tiene una izquierda crecida y consolidada. Habrá que ver también hasta dónde esta izquierda mantiene su presencia, sin los gajes del Estado. La oposición desde el duro asfalto, sin nómina oficial, contratos ni prebendas burocráticas, es a otro precio. 

Los colombianos estamos atravesando por una etapa novedosa en la historia nacional: la transición de un gobierno de izquierda, cuya llegada al poder desató los más alarmistas pronósticos, a uno de derecha que también ha generado toda suerte de prevenciones y temores.  

En el primer caso no se produjo la catástrofe anunciada, pese a las enormes falencias del gobierno y, en el segundo, cabe esperar que tampoco se cumplan los vaticinios sobre De la Espriella como una amenaza para la democracia. Las oscilaciones del péndulo electoral no deberían producir tantas alarmas en un sistema político serio, como ha demostrado ser el nuestro.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha advertido que «recibimos unas finanzas públicas destrozadas» y tiene razón en que no tiene sentido que el Gobierno insista a estas horas en una reforma tributaria. Pero lo hará, para dejar quizás una constancia histórica de lo que quiso hacer y no pudo.   

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La nueva conversación telefónica de casi media hora entre Trump y Petro reafirma la distensión en las relaciones con Washington, aunque no asegura que el mandatario colombiano y su familia vayan a salir de la lista Clinton. Lo más sorprendente es que, según Petro, Trump le dijo que no sabía que aún estaban sancionados, que era «un buen hombre» y que «hará lo mejor» para resolver el problema. Con tal de que no se olvide. 

P.S.: El histórico revés sufrido por Trump, con la decisión de la Corte Suprema de tumbarle el decreto que negaba la nacionalidad a hijos de inmigrantes indocumentados, debió ser celebrado por decenas de miles de residentes colombianos con una euforia parecida a la que ha acompañado el desempeño de la selección Colombia en el Mundial de Fútbol.