En estos días ha surgido en el debate público el estado de salud del presidente Gustavo Petro y su posible relación con las ausencias en diversos eventos. El tema tiene que ver con la zona gris entre lo público y lo privado cuando se trata de altos funcionarios y con las explicaciones que le son exigibles a un presidente. También es relevante la protección de la confidencialidad en materia de salud, incluyendo la mental, sobre la cual sigue pesando un estigma dañino.
No pretendo afirmar nada sobre la salud del presidente Petro sino contribuir a organizar un debate que es difícil, que no tiene respuestas obvias y que, con contadas excepciones, se ha caracterizado por la pobreza de los argumentos.
Un presidente no puede esperar que le apliquen los mismos estándares de privacidad que al resto de la sociedad. Hay cuestiones, como el estado de salud, que para las demás personas son parte de la vida privada y tienen un grado elevado de protección, pero que en el caso de un presidente son de interés público y la protección disminuye.
Es innegable que el presidente Petro ha incumplido compromisos, independientemente de si el escrutinio en este tema es o no comparable respecto de otros presidentes. Lo cierto es que, al tratarse de compromisos en el marco del ejercicio de su cargo, es natural que la ciudadanía haga preguntas sobre los motivos de sus ausencias, y más si son reiteradas. El presidente debe brindar explicaciones convincentes y al no hacerlo da paso a la especulación.
Ahora bien, aunque la salud de un presidente sea un tema de interés público, eso no cierra el debate. Existen varios ejemplos en el mundo de presidentes que han hecho público su estado de salud por su propia iniciativa. Pero cuando hay resistencia a la información es necesario analizar los intereses en juego. Aunque con una protección reducida, los presidentes no pierden totalmente su derecho a la intimidad. De hecho, la confidencialidad, sin ser absoluta, hace parte esencial del derecho a la salud. Para lograr un balance adecuado entre el interés público y la privacidad surgen varias preguntas: ¿Qué situaciones justificarían pedirle a un presidente publicar o consentir que se haga público su estado de salud? ¿Cuál es la información sobre el estado de salud de un presidente que sería necesario que el público conozca?
Sin dar respuestas definitivas, un factor decisivo es si existen situaciones problemáticas en el ejercicio del cargo que, juzgadas con objetividad, podrían explicarse por el estado de salud del presidente. También es clave que la información a ser eventualmente publicada sea la estrictamente necesaria para solventar las dudas respecto de su capacidad para cumplir con sus funciones.
Aun si existen buenas razones para pedirle a un presidente que haga pública cierta información sobre su estado de salud y que dicha información revele alguna condición de salud física o mental, eso no puede llevar a la conclusión de que no es apto para ejercer el cargo. Es perfectamente posible que se trate de condiciones que no comprometen su papel, bien sea por la naturaleza de las condiciones específicas o porque están controladas o estables mediante tratamiento.
Parte de la pobreza del manejo del tema es la manera en que varios actores políticos y medios de comunicación se han referido a la salud mental. Sea o no aplicable al presidente, es urgente que reflexionemos como sociedad sobre el profundo estigma que permea todo el debate. Este prejuicio tiene efectos tan graves como demorar un diagnóstico o su tratamiento, generar una sensación de vergüenza y culpa que atenta contra la dignidad o perpetuar la idea equivocada de que una condición de salud mental es un obstáculo para llevar a cabo un proyecto de vida.
En resumen, la salud de un presidente es un tema de interés público pero su privacidad no se anula por completo, aunque tiene una protección reducida. El incumplimiento reiterado de compromisos oficiales amerita explicaciones convincentes. La publicidad de la información sobre la salud de un presidente debe estar justificada y ser la necesaria para evaluar su aptitud para el ejercicio del cargo. Sin embargo, no toda condición de salud física y mental afecta dicho ejercicio. Y es impostergable que nos hagamos conscientes y erradiquemos los estigmas sobre los problemas de salud mental y sus efectos devastadores.
*Abogada, profesora de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), especialista en derechos humanos.
