Catalina Botero
13 Febrero 2022 01:02 am

Catalina Botero

DEMOCRACIA, CONFIANZA Y JUGADITAS

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Según el último reporte de The Economist, América Latina es la región que registró la caída más pronunciada en 2021 en términos de deterioro democrático. Ahora no solo somos los más desiguales. También somos los menos afectos a la democracia. 

Este reporte no hace sino reiterar la preocupante tendencia regresiva de Latinoamérica registrada en el capítulo regional del informe The Global State of Democracy del instituto IDEA International de noviembre de 2021, en los reportes del Latinobarómetro, en el Informe Global del Estado de Derecho y, en fin, en todos los documentos que juiciosamente miden el estado de la democracia.

Las frágiles e inestables instituciones que América Latina tardó más de cuatro décadas en reconstruir, desde la transición democrática que comenzó en los años ochenta, están siendo meticulosamente destruidas. 

No es difícil identificar las causas de este desencanto con la democracia. Los informes mencionados las identifican bien. 

La gente piensa que las instituciones no han funcionado para promover el bienestar general, sino para aumentar la riqueza y el poder de unos cuantos. Las personas no consideran que sea importante la independencia judicial, toda vez que en la región hay índices de impunidad de más del 90 por ciento, y los poderosos suelen tener fiscales y jueces de bolsillo. Los ciudadanos no confían en los órganos de control, que han servido —con algunas excepciones— para alimentar burocracias clientelistas. Se perdió la confianza en los medios, las fuerzas armadas y hasta en la Iglesia católica que, en nuestros países beatos, era una institución tradicionalmente libre de toda sospecha.

A la desconfianza y la incredulidad se ha sumado una poderosa y generalizada indignación selectiva, que motiva a las personas a actuar conforme a sus intuiciones e impulsos. Mucha gente parece no tener ganas ni tiempo para sentarse a sostener conversaciones incómodas con quienes piensan distinto. Lo que no cabe en un tiktok no existe. Lo que no confirma las razones de mi indignación es falso. 

Y en este desolador contexto, importantes sectores de la población han estado dispuestos a patear el tablero institucional. Si las democracias no sirven, pues que no sirvan en absoluto: por eso aplauden a sus gobiernos cuando asaltan la autonomía judicial; se suman a la manada para acosar a los periodistas que se atreven a hacer denuncias contra sus caudillos; miran complacidos cómo los órganos de control se convierten en herramientas de persecución política; proponen crear consejos integrados por sus copartidarios, a fin de regular los medios de comunicación; estigmatizan cualquier escrutinio y aplauden la represión policial. Eso sí, siempre que las víctimas no sean personas que piensan como ellos. Un desastre. 

Este estado de ánimo regional no es gratuito. Es el resultado de elites, en general, cortoplacistas, insensibles y ambiciosas. Y lo triste es que suelen ser sustituidas por otras elites, igualmente insensibles, cortoplacistas y ambiciosas, que cabalgan sobre los hombros de grandes fanaticadas y apuntan a destruir las instituciones democráticas. Y no, estas nuevas elites no han mejorado la vida de la gente. Los discursos grandilocuentes de los líderes antidemocráticos no tienen el poder mágico de trasformar para bien las condiciones de vida. Solo crean emociones tristes que nublan el pensamiento crítico. La crisis de la democracia se resuelve fortaleciendo las instituciones democráticas, no debilitándolas. 

Un ejemplo clarísimo de la degradación democrática es lo que está pasando en Colombia con el proceso electoral. El Gobierno y las autoridades no han hecho sino sembrar dudas sobre la confiabilidad del voto y algunos grupos ya cantaron que si no ganan es porque hubo fraude. En una típica jugadita del sector que representa, el Gobierno y sus mayorías en el Congreso reformaron la Ley de Garantías Electorales suspendiendo su aplicación durante 2022. Y la Fiscalía y los órganos de control se han abstenido de investigar seriamente las gravísimas acusaciones de compra de votos. Estas son solo dos muestras de comportamiento abusivo y antidemocrático. ¿Cuál es la solución? Por supuesto, votar bien; esto es, hacerlo masivamente y por candidatos a quienes les importe más la democracia que el poder. Pero, sobre todo, cuidar la autonomía y la independencia de los órganos que mantienen esta frágil democracia a flote. Entre ellos, las altas Cortes. 

La Corte Suprema adelanta las investigaciones por compra de votos y el jueves pasado la Corte Constitucional decidió aplicar el trámite de urgencia nacional para dar prioridad al estudio de las demandas contra la reforma a la Ley de Garantías. Esta jugadita del Gobierno merece una respuesta severa, y la democracia constitucional está en condiciones de ofrecerla. Queda, pues, en cabeza de la Corte restaurar a tiempo las garantías que optaron por eliminar los políticos sin escrúpulos.

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