Refundieron la denuncia anónima que puso un ciudadano contra la esposa del fiscal general Francisco Barbosa. En agosto llegó al correo electrónico institucional de Barbosa un escrito en el que pedían investigar si su esposa Walfa Téllez habría incurrido en un delito porque pocos meses después de ser contralora delegada para el medio ambiente contrató –a través de una fundación– con una empresa que vigiló como funcionaria pública.
La fundación Ríos Sostenibles que dirige Walfa Téllez, la “primera dama” de la Fiscalía, recibió 190 millones de pesos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre Canoas a cambio de asesoría ambiental. Seis meses antes Walfa Téllez, como contralora delegada para el medio ambiente, había firmado un informe de auditoría sobre la misma planta, reseñando 17 hallazgos administrativos y recomendando un plan de mejoramiento para superar esas irregularidades.
Es decir, la fundación de la esposa del fiscal le cobra a la entidad antes sometida a su control para aplicar el plan que ella misma recomendó.
Lo que correspondía en derecho –y en decencia– es que el fiscal Barbosa se declarara impedido y procediera la Corte Suprema de Justicia a elegir un fiscal ad hoc para el caso de doña Walfa. Sin embargo, optó por un camino de triquiñuelas.
Nadie se habría enterado de la existencia de la denuncia anónima –que no por anónima se puede dejar de investigar de acuerdo con la jurisprudencia– si no fuera por la publicación de la columna “Fiscal en apuros” aquí en Los Danieles.
La repuesta vino al día siguiente. Ese lunes la Fiscalía emitió un comunicado diciendo que la vicefiscal Martha Mancera, actuando como fiscal general de la nación encargada, le había dado trámite a la denuncia a la que desde el comunicado empezaron a descalificar tachándola de “genérica” e “imprecisa”.
Aunque el correo electrónico llegó estando Barbosa en ejercicio de sus funciones, mañosamente esperaron un viaje suyo para que fuera la vicefiscal la que decidiera sobre la denuncia contra la esposa de su superior. La columna que dio a conocer la existencia de la denuncia fue publicada un domingo, de acuerdo con la comunicación dos días antes la vicefiscal había emitido una resolución sobre el tema.
Las sorpresas siguen. El fiscal “especialmente asignado” para el caso es Javier Fernando Cárdenas, el mismo que cumple obedientemente con la misión de archivar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. El comunicado afirma que Cárdenas es “el único fiscal de ese nivel que se encuentra inscrito en el registro público de carrera especial de la entidad”. Dando a entender que por estar en carrera podría decidir sobre la esposa del jefe sin que se afectara su permanencia en la Fiscalía.
La afirmación es una verdad a medias. Todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema – que son los mejor remunerados y de mayor jerarquía en la entidad– son de libre nombramiento y remoción en esa posición por voluntad del fiscal general. Si Barbosa decide sacarlo de ese puesto puede seguir, pero en un cargo menor.
El 31 de agosto le solicité a la vicefiscal por un mensaje de WhatsApp que me enviara la resolución a la que aludía el comunicado y copia de la denuncia. Cuatro minutos después ella aseguró que mi requerimiento sería atendido por “la dependencia que tiene los documentos”.
La respuesta llegó 12 días después y no de la dependencia que “tiene los documentos”, como lo había anunciado la vicefiscal, sino de la Dirección Jurídica de la Fiscalía. Decidieron darle el lento trámite de derecho de petición y me respondían que me entregaban la resolución, pero no copia de la denuncia.
Para mala suerte de ellos, la resolución deja ver que la denuncia que anexaron no es la que un ciudadano envió anónimamente contra la esposa del fiscal Barbosa, sino una queja contra el programa “Herencia Colombia” interpuesta por la abogada Myriam Bustos Sánchez.
De manera astuta hicieron pasar una denuncia sobre otro tema como si fuera la interpuesta contra Walfa Téllez.
Las indelicadezas y abusos de poder del fiscal general saltan cada día a la vista. Esta edición de CAMBIO incluye un nuevo hecho: el inexplicable retiro de elementos de una dependencia de la Fiscalía por parte de la señora Téllez.
No habrá investigación. Quizás una entrevista en un medio indulgente para continuar evitando las preguntas que tendrá que responder tarde o temprano.
