Uno de los candidatos más opcionados a ser contralor general de la república es el abogado Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que viene de ser auditor general. Su gran logro como auditor fue ser intrascendente y parece que su campaña para contralor está basándola en ser irrelevante.
Me explico.
La Universidad Industrial de Santander publicó la lista de los candidatos habilitados, tras evaluar sus hojas de vida, en el marco de la convocatoria para elegir al próximo contralor general que ocupará el cargo en el periodo 2022 a 2026.
En la evaluación se tienen en cuenta criterios de formación profesional, experiencia, docencia y publicaciones. Se escogieron 20 aspirantes que, con los puntajes obtenidos, podrían seguir en la carrera para llegar a manejar el organismo de control que, como vimos en los casos del PAE, Reficar e Hidroituango, no es cualquier cosa.
Este candidato quiere llegar a ser contralor luego de aspirar, infructuosamente, a ser defensor del Pueblo. Eso, como lo dijo el actual defensor, salió mal. Pero si Rodríguez llega a la Contraloría puede salir peor.
Pese a que Rodríguez Becerra ocupa el quinto lugar en las calificaciones, con 78 puntos, ha ganado mucho terreno con respecto a sus competidores. Su lema de campaña se basa en una sola cosa: no tocar a los que lo ayuden a elegir.
Rodríguez Becerra le apuesta a esa efectiva estrategia de tú me eliges y yo te dejo quieto. Y para eso cuenta con una experiencia sustentada en una hoja de vida que demuestra que, donde pone una promesa con sus aliados, nunca empieza una investigación.
En esto es importante aclarar que este personaje es ficha en los diferentes entes de control del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo, destituido e inhabilitado por la Procuraduría, y el excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, detenido y condenado por vínculos con grupos paramilitares.
Así como se oye.
En septiembre de 2017, cuando Rodríguez Becerra fue elegido auditor general de la nación por el Consejo de Estado, su elección fue cuestionada porque se produjo a pesar de los múltiples reparos a sus actuaciones políticas y como funcionario público. Rodríguez aparecía como integrante del comité promotor que inscribió la candidatura de Abadía, en compañía del exsenador Juan Carlos Martínez.
El formulario E-6G, conocido como la solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidato a gobernador, mediante el cual se formalizó la candidatura de Juan Carlos Abadía, muestra que fue inscrito por el grupo de ciudadanos ‘Por un Valle Seguro’, representado por los señores Carlos Herney Abadía, padre del exgobernador destituido, Juan Carlos Martínez y Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
El famoso adagio de dime con quién andas para llegar a un ente de control y te diré a quién no vas a investigar.
No para ahí. Rodríguez fue contralor del Valle, de 2008 a 2011, y como tal fue responsable de vigilar a Abadía, el gobernador que ayudó a elegir. Evidentemente no lo hizo.
Pero alguien más sí hizo la tarea. Abadía fue vinculado al proceso del cartel de la toga por sobornar a un fiscal con 1.000 millones de pesos, para frenar un proceso criminal en su contra por corrupción en las instituciones judiciales en el Valle del Cauca. Abadía fue acusado inicialmente por malversación de dineros públicos destinados a bibliotecas. El fiscal que aceptó el soborno de Abadía ya fue condenado.
El grupo de ciudadanos merecería rebautizarse Por un Pillaje Seguro o Alí Abadía y sus 40 ladrones.
Abadía, además, tiene procesos en la Contraloría General por corrupción en el manejo de la licorera del departamento, la misma institución que ahora quiere manejar Rodríguez, su aliado político y escudero.
Como si no fuera poco esto para descalificarlo, están los propios casos de Rodríguez Becerra. Ese señor aparece mencionado en el proceso No. 18429 en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 28 de septiembre de 2001, por el delito de estafa, que se resuelve en casación. Proceso que además incluye falsedad, hurto y abuso de confianza.
Gracias a su trabajo como contralor del departamento del Valle del Cauca, este candidato a manejar la Contraloría General, quedó con varias indagaciones y procesos en la Procuraduría y en la misma Contraloría, por decisiones que tomó en ese caso de aparente corrupción en la Licorera del Valle.
En su momento, el ente de control fiscal determinó que Rodríguez omitió graves evidencias de un detrimento patrimonial y que por ende debería ser investigado por la Procuraduría, donde el proceso arrancó, pero no ha avanzado. Ahora aspira a manejar una de las entidades que lo investigó.
Ni siquiera el nobel de Literatura Gabriel García Márquez hubiera podido escribir esta historia para Macondo, de alguien que quiere controlar un ente de control que lo ha investigado a él mismo. Algo así como un autocontralor, o la crónica de una autoabsolución anunciada.
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