Ojo al fraude
6 Febrero 2022

Paola Herrera

Ojo al fraude

Así es como se han manipulado los resultados de las elecciones en el país y este año ¿pasará lo mismo?

“En Colombia, las elecciones están en manos de la Registraduría, no de los ciudadanos”. Eso fue lo que dijeron, en 2018, los abogados que descubrieron el fraude del que fue víctima el Partido Mira en las legislativas de 2014.

La trampa fue ratificada por el Consejo de Estado en un fallo que puso en evidencia las diferentes modalidades que existieron para manipular el proceso electoral.

El total de los votos que saca cada candidato por mesa se registra en ese mismo lugar y, con la presencia de jurados y testigos electorales, se llena el formulario E14. Luego, junto con las bolsas de los tarjetones, se llevan a un clavero (encargado de recibir los votos) de cada zona o municipio, en donde se suman y se llena el siguiente formulario, que es el E24.

Fueron cuatro años tratando de demostrar el engaño con el que se perdieron tres curules en el Congreso para esa colectividad.

El proceso para averiguar cómo se llevó a cabo el delito costó 3.000 millones de pesos, contó con la participación de más de 100 expertos en tecnología e informática, ingenieros que trabajaban en fraude bancario y exfuncionarios de la Registraduría, que estuvieron día y noche en una bodega al occidente de Bogotá, hasta que dieron con el chiste.

Posteriormente, en un camión marca Dodge llevaron la demanda de más de 1.500 hojas y un expediente con 35.000 folios, con el que buscaban demostrarle al Alto Tribunal que revisaron cada mesa, voto, formulario y, en general, todo el escrutinio. Y que, en efecto, encontraron irregularidades.

El fallo no solo logró que le dieran los puestos en el Congreso al partido demandante, también conminó a la Registraduría a adquirir el software requerido para los escrutinios, de tal manera que fuera propio y permitiera una completa trazabilidad hasta la declaratoria de la elección.

Y aunque eso no se hizo en ninguno de los procesos electorales desde 2014 a la fecha, para el de este 2022, el actual registrador, Alexander Vega, sorprendió al atender de manera juiciosa la sentencia del Consejo de Estado y la petición de la oposición.

Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Al software se le infiltraron unos códigos fantasma que evitaron saber quién era el usuario que los manipulaba e impedían hacer el rastreo mencionado. Solo se podía ver la hora de ingreso y de salida.

En tiempo récord, compró el famoso software a la empresa española Indra, la única que extrañamente quedó habilitada en el proceso licitatorio. Este le costó al país casi 7 millones de dólares (unos 27.000 millones de pesos), aunque otra compañía, la colombiana Smart Matic, lo habría ofrecido por una suma mucho menor: 500.000 dólares.

Después de concretar la compra de esta costosísima tecnología, el registrador le garantizó al país la transparencia en las elecciones que empezarán el próximo 13 de marzo, e incluso desde la entidad se ha insistido en que los partidos podrán hacer auditoría del proceso en tiempo real. Hasta ahí, todo luce perfecto.

Pero volvamos atrás. En el fallo del Consejo de Estado se pudo comprobar que hubo tres modalidades de fraude y todas se dieron en la etapa de conteo de votos, que se inicia a las 4:00 pm, una vez se cierran las urnas.

Recordemos que el total de los votos que saca cada candidato por mesa se registra en ese mismo lugar y, con la presencia de jurados y testigos electorales, se llena el formulario E14. Luego, junto con las bolsas de los tarjetones, se llevan a un clavero (encargado de recibir los votos) de cada zona o municipio, en donde se suman y se llena el siguiente formulario, que es el E24.

A través de hackers instalaron un algoritmo multiplicador que hacía que por cada candidato que llevara un voto a favor, a otro le salieran dos. Y así habría sido como algunos de nuestros gobernantes resultaron elegidos, aunque la gente no hubiera votado por ellos.

Con todos los E24 que lleguen de cada región de Colombia a Bogotá se diligencia el E26, que contiene el acta de declaración de elección, es decir, allí se consigan los resultados definitivos.

Al mismo tiempo, la información es cargada al software electoral, el cual fue protagonista, hace ocho años, de la primera modalidad para alterar los comicios.

Los digitadores, que son funcionarios de la Registraduría, contaban con unos códigos de acceso a la plataforma para subir los datos. Cada código identificaba perfectamente a la persona que lo usaba y tenía un rastreador para saber cuándo entraba al sistema, cuántas veces, qué hacía dentro de la herramienta, cuánto tiempo duraba y cuándo salía.

Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Al software se le infiltraron unos códigos fantasma que evitaron saber quién era el usuario que los manipulaba e impedían hacer el rastreo mencionado. Solo se podía ver la hora de ingreso y de salida.

La segunda modalidad consistió en instalar discos duros que tenían votos falsos cargados previamente a favor de candidatos y que se sumaban a los que el digitador iba ingresando a mano.

La tercera es más descarada: a través de hackers instalaron en el software un chip multiplicador que hacía que por cada candidato que llevara un voto a favor, a otro le salieran dos. Y así habría sido como algunos de nuestros gobernantes resultaron elegidos, aunque la gente no hubiera votado por ellos.

Todo lo anterior estaría subsanado con la llegada del nuevo, caro y sofisticado software de Indra. La Registraduría ha dicho que funcionará básicamente como una calculadora imposible de alterar.

Pero acá tengo que decirle, señor registrador Vega, que lo imposible es que de verdad sea 100 por ciento seguro su nuevo sistema para el conteo de votos. Ninguna plataforma tecnológica en el mundo lo es, ni siquiera los softwares del Pentágono en EE. UU. están exentos de ser atacados por hackers que, como todos sabemos, ya han robado información.

Además, existe el riesgo de repetir la historia que pasó en 2014, pero que seguramente sucede siempre en el país. Sí, la Registraduría es la dueña ahora del software, pero Indra lo administrará hasta que la entidad esté en la capacidad de hacerlo sola.

Y eso no es todo, al no bloquearle al fabricante el acceso a los códigos, podrá ingresar información y, como si fuera poco, no sabemos si el contrato también incluyó la compra de los equipos y discos duros en donde se instalará la herramienta, los que -como ya dije- pueden ser manipulados antes de ingresar los registros de la votación.

Señor registrador, ¿es verdad que tanto el manejo del software, cuando Indra lo termine de crear, como la provisión de los discos duros estaría en manos de los mismos que han tenido siempre esa tarea?, ¿nos puede decir quiénes son y cómo se escogieron para evitarnos más preocupaciones?

El fraude electoral no tiene color político, ni favorece a un candidato en particular. Todos se benefician de la fragilidad de una institución que cree que la solución está en meter la basura debajo del tapete y no cortando de raíz las mafias que infiltran estos procesos y que no permiten que los verdaderos elegidos lleguen al poder.

Con este panorama será muy triste salir a votar en las elecciones de este año.

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