La resistencia en Cali ha sido como el agua; de hecho, muchos de sus barrios fueron construidos sobre el agua. Pino Gordo, Potrero Grande, Agua Blanca, Mocoa, La Marucha, Cascajal: así se llaman algunos de esos cuerpos de agua sobre los que están varias barriadas de lo que se conoce como el distrito de Aguablanca. Está debajo de los pies de millones que han migrado desde los años cincuenta por las sucesivas violencias que azotaron a las gentes del Pacífico colombiano y de los municipios de los departamentos de Valle y Cauca donde los cóndores se ensañaron con la gente. Algunos cuerpos de agua sobresalen en ciertos puntos y cuando las calles se inundan nos avisan de su inequívoca presencia. La resistencia es como el agua: cuando se la intenta estancar, ocultar, canalizar, o arrasar, tarde o temprano regresa para decir que jamás se ha ido.
Esta semana, Abelardo de la Espriella ha prometido derribar el Monumento a la Resistencia, una construcción comunitaria de 9.5 metros de alto, que representa un antebrazo con el puño cerrado, y un letrero con la palabra ‘Resistencia’ y que fue levantada por los jóvenes del ‘estallido social’ en 2021. Su amenaza no hace sino abrir una herida que la capital del Valle lleva muchas décadas sin sanar. Así se lo planteé al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, cuando estuve en la ciudad durante la Conferencia de las Partes (COP23) que se realizó allí convirtiendo a Cali y a sus habitantes en una verdadera movilización cultural que puso el acento sobre las crisis medioambientales y climáticas que tienen que ver, por supuesto, con esta nueva andanada de violencia contra el país y sus habitantes más vulnerables.
Esa bioculturalidad, que señalamos como política pública en este Gobierno, quiso reconocer los saberes, las costumbres y las culturas y formas de habitar el territorio y la naturaleza como algo intrínseco. Por ello, el monumento no es una “oda al vandalismo”, como lo llamó el candidato de Donald Trump, sino la expresión legítima y popular de miles de personas que consideraron ocupar lo público para contestar al nefasto Gobierno de Iván Duque y sus exministros de Hacienda.
El Monumento a la Resistencia son las comunidades que allí persisten. Abuelas que continúan con la tradición de la socola, las soteas, los cuidados y la alimentación ancestral de un camino que nos conduce a la persistencia de la memoria sobre la peor de las empresas criminales de la humanidad, cuando millones de personas fueron esclavizadas y comercializadas como si fueran mercancías por parte de colonos belgas, españoles, portugueses e ingleses, entre otros. La de sus padres: gentes que vinieron de Cauca, Chocó, Nariño, de las montañas, los ríos y los campos. Gentes que huían de la exclusión o de la violencia producida por un sistema de monocultivo que los iban condenando a ver cómo la vida se convertía en propiedad privada. Ellas y ellos alzaron barrios sobre el agua, sobre esa extensión que era la periferia de una ciudad excluyente que quiere repetir la fórmula ahora que ha triunfado, para ellos, una restauración que mezcla lo peor de la cultura norteamericana con la estética y las formas de acumulación y prestancia que produjo el narcotráfico en la sociedad colombiana.
Durante aquella COP, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se comprometió a adelantar el expediente para la declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación. El trabajo se había iniciado meses atrás y durante dos años las funcionarias de la dirección de Patrimonio han construido un documento sólido que justifica su inclusión entre los bienes que deben protegerse como lugares de memoria.
Los argumentos que utilizan quienes han estado en contra de este monumento han querido mostrarlo como “adefesio”, “ilegal”, o una serie de apelativos que desconocen la historia colombiana; la de sus barrios autoconstruidos y comunidades que han persistido a lo largo del tiempo en luchas por sus derechos sociales y por su inclusión; la de los cientos de empeños como museos de memoria comunitarios, obras monumentales simbólicas construidas por la gente, o procesos que hoy están amenazados por la promesa de reeditar la economía naranja para favorecer a grupos de poder con inversiones multimillonarias dejando al garete a la mayoría de la sociedad, es decir, artistas, cultores, sabedores o gestores que han construido memoria e historia durante siglos con sus propias manos e inteligencia.
Ignoro si el Ministerio aún tiene el tiempo de presentar el monumento ante el Consejo Nacional de Patrimonio para que se haga la declaratoria, pero más allá de ello, lo cierto es que el Monumento a la Resistencia cuenta con una investigación, sustentación y profundidad simbólica que lo protege. Si —como lo promete De la Espriella— las vías de hecho desconocen la historia, la memoria y lo realizado por el Gobierno actual, seguramente el ejemplo solo producirá que esa herida se abra de manera incurable. Así se lo expresé al alcalde Eder en el momento en que fui a Cali para la COP: lo invité a que fuéramos juntos hasta el lugar llamado hoy Puerto Resistencia, a que conociera a los jóvenes y las familias que lo cuidaban y lo consideraban, también, una posibilidad para contar esa historia que estaba más allá de lo aparente. Lo invité, como deberíamos hacerlo todos los colombianos, a cruzar esa frontera invisible que han construido todas nuestras ciudades para que, a través de su presencia y reconocimiento, pudiéramos lanzar un mensaje al país. Su respuesta me dejó muchas dudas que me persiguen hasta hoy: “Si yo voy, acá, en esta zona de la ciudad —la clase media y alta—– no me lo perdonaría”.
La resistencia, como el agua, ha comenzado a manar de nuevo de la tierra estos siete años desde el primer estallido de 2019. Se hizo presente en las calles, los andenes, las soteas; navegó por las mentes de millones que se preguntaban por qué podían ser asesinados, desplazados y omitidos del relato nacional; se transmitió a través de emisoras comunitarias, se congregó en parches, se cantó en las barras deportivas; se instaló en las esquinas y conservó la sabiduría de las mingas, los consejos comunitarios, las culturas urbanas, el muralismo, las huertas hidropónicas; sonó como marimbas de chonta y como hip hop y se manifestó de manera hermosa —aunque quieran convertirlo todo en una pesadilla vandálica producida por un solo lado de la confrontación obviando la represión policial— y esas comunidades resistentes le enseñaron al país que no había que seguir haciendo la guerra en los barrios, sino unirse por desterrar esa idea de que debían condenarse a vivir en una ciudad dividida.
Si eso lo entendieran los miembros de un establecimiento dispuesto a lo que sea con tal de desterrar la idea de que todos podemos ser iguales en este país de geografías, culturas e historias llenas de sabiduría y potencia, quizá no seguiría triunfando que lo único que merecemos como proyecto de nación es destriparnos y aniquilarnos.
Esos jóvenes y esas familias que siguen viviendo sus vidas, y que hoy vuelven a temer que el entrante Gobierno se ensañe con ellos, llenaron de sentido las ollas comunitarias, crearon un monumento popular, autoconstruido, pensado en las noches y los días de tensión. Ellos y ellas se sobrepusieron a los prejuicios, a que les siguieran diciendo que eran parte de un lugar inseguro y violento; crearon cuidado y sus madres salieron a la calle, y juntos enseñaron un camino. El camino de la resistencia que es el del agua, de la vida, de lo que no puede ser sepultado ni olvidado.
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