“Si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio durante 17 años”. Esta frase fue dicha en 2020 por Francisco de Roux, como presidente de la Comisión de la Verdad. Hoy, tendríamos que estar en silencio por 19 años y 7 meses.
Hace 15 años se aprobó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esto implicó que Colombia reconociera, por primera vez, que vivíamos un conflicto armado no internacional, que pudiéramos darle un nombre a la enfermedad que atravesábamos como país, y que pudiéramos intentar curarla con el tratamiento médico adecuado. Adicionalmente, esta ley se convertía en el primer paso de lo que más adelante sería la negociación de paz con las antiguas Farc, y sería la antesala de la promesa del Acuerdo: que las víctimas debían estar en el centro de la negociación.
El objetivo inicial era ambicioso: reparar a cerca de 3 millones de personas en 10 años. Rápidamente se creó una institucionalidad exclusiva para una tarea de tal envergadura (la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Restitución de Tierras). Así, se reconoció que las víctimas tienen derecho a una reparación integral en cabeza del Estado, la cual no requería estar mediada por una decisión judicial. Adicionalmente, se estableció que la reparación iba más allá de la indemnización, y que debía incluir el acceso a medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y sobre todo, no repetición. Por último, se admitió que el conflicto había impactado a colectivos; que el daño no había sido exclusivamente individual, sino que había roto comunidades y grupos, y fragmentado el tejido social. Esto dio origen al programa de reparación colectiva, el cual aplica para grupos victimizados, en la que ellos mismos diseñan sus planes de reparación.
Pese a lo anterior, 15 años después, con más de 10 millones de víctimas registradas, seguimos en deuda. A la fecha, de acuerdo con la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, solo cerca de 2 millones de víctimas, que equivalen al 19% de las víctimas del país, han sido indemnizadas. Al ritmo de estos 15 años, nos demoraríamos más de 50 años en cumplirle a las víctimas. Eso, sin contar con las víctimas que se producen día a día en un conflicto que continúa. En segundo lugar, la mayoría de las víctimas se mantiene en situación de pobreza o vulnerabilidad: cerca de 6 millones de víctimas no ven satisfecho alguno de los derechos que garantizan su estabilización socioeconómica, como educación, salud, alimentación, generación de ingresos, atención psicosocial, identificación, reunificación familiar, o vivienda. Y por último, la Ley hoy está desfinanciada, pues su implementación costaría cerca de 300 billones de pesos.
Este rezago hace que sea necesario que repensemos estrategias para acelerar la garantía de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, es necesario articular los planes de reparación colectiva y de retornos y reubicaciones, con la implementación de los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), para que la reforma rural mantenga enfoque reparador y para que la reparación transforme los territorios más afectados por el conflicto. También, es clave que estos procesos sean tenidos en cuenta en el diseño de sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que estas contribuyan a la reparación. Esto aún no ha sucedido.
Y lo más importante, es clave que la paz se consolide en el territorio, para que el conflicto armado deje de producir víctimas y sufrimiento. El camino todavía es largo. La política de víctimas está obligada a atender este rezago histórico y, a la vez, debe responder ante una crisis humanitaria que continúa: el desplazamiento masivo ha aumentado en un 318,3% y el confinamiento en un 19,4%. Asimismo, en lo corrido del año, Indepaz ha registrado 33 masacres, cifra que duplica la de 2024 en el mismo período.
Reparar a las víctimas e implementar el Acuerdo de Paz, debe ser un compromiso que se honre y no dependa de la posición política de los gobiernos. Por eso, el presidente electo deberá no solo plantear una política de seguridad que permita frenar la situación humanitaria y el recrudecimiento del conflicto, sino también formular un plan que permita identificar nuevas fuentes de financiación de la ley y avanzar en el cumplimiento de los planes de reparación colectiva en los territorios PDET y en las sanciones propias de la JEP, esto para cerrar la brecha en materia de reparación. El tiempo seguirá corriendo. Hace 6 años, cuando el Padre de Roux pronunció la frase emblemática con la que inicié esta columna, debíamos estar en silencio por 17 años. Hoy, tendríamos que callar por más de 19. Esa cuenta –por el bien de las víctimas y del país– tiene que parar.
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