El mareo que producen las bebidas espirituosas y algunos guarapos puede terminar pareciéndose mucho al mareo producido por el poder.
Fue una constante, durante su gobierno, que Petro les recordara a sus gobernados, subalternos y demás funcionarios estatales su condición de jefe supremo.
Lo hizo en público cuando, en mayo de 2023, le dijo al fiscal Francisco Barbosa: “El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”. Más de dos años después, en medio de una controversia con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo lo siguiente: “Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército. Soy el jefe del alcalde, el jefe del Ejército”.
Pero Gustavo Petro no llegó solo al poder. Llegó como resultado de una larga, dolorosa y legítima historia de luchas campesinas, sindicales, indígenas, afrocolombianas, estudiantiles, feministas y populares. Llegó después de una Constitución que abrió espacios democráticos, después de años de exclusión política y después de una ciudadanía que, con razones distintas, decidió probar por primera vez con un presidente de izquierda.
Por eso el fracaso de Petro no es solamente suyo. Es algo mucho más amplio y que sus adeptos incondicionales se niegan a reconocer: fue la dilapidación de una oportunidad histórica que no le pertenecía solo al presidente.
Su gobierno tenía la obligación de demostrar que podía gobernar con más decencia que sus antecesores, con más rigor y con más respeto institucional que aquellos a quienes criticó durante años. Tenía que probar que la defensa de los pobres no era un pretexto para improvisar; que el discurso contra la corrupción era algo más que una promesa de campaña; que la paz no podía convertirse en un terreno opaco en el que se les otorgaron concesiones inexplicables a todo tipo de criminales; que la majestad de la Presidencia no podía reducirse al trino permanente, a situaciones bochornosas y a la pelea diaria.
Petro llega al final de su mandato rodeado de escándalos y contradicciones. El caso de los carrotanques en La Guajira será difícil de olvidar. La razón: los recursos de los impuestos de los colombianos que debían ser utilizados para salvar vidas y mejorar las condiciones de los niños guajiros terminaron en bolsillos de corruptos, en una operación que hoy tiene a ocho congresistas o excongresistas judicializados formalmente, cuatro de ellos detenidos, y a dos exministros llamados a juicio, uno de ellos privado de la libertad.
Las recientes revelaciones sobre los acercamientos con el Clan del Golfo hacen que todos nos hagamos una pregunta aún más grave: hasta dónde llegó la política de paz total y cuáles fueron los límites que el Estado estuvo dispuesto a cruzar frente a una organización criminal heredera del paramilitarismo.
Un gobierno que habló en nombre de las víctimas terminó dando explicaciones por acercamientos con estructuras criminales. Y aún falta saber qué pasó durante estos cuatro años en la Unidad de Víctimas. ¿Una parte importante de sus recursos terminó dilapidada en contratos de logística a través de convenios dudosos con ONG internacionales?
Petro llegó prometiendo dignificar la política, pero convirtió buena parte de su mandato en una confrontación permanente. Reclamó respeto por el voto popular en 2022 y ahora, cuando las urnas no están a su favor, siembra dudas sobre los resultados. Eso es muy grave.
Iván Cepeda, quien por años construyó una imagen de liderazgo propio, edificada alrededor de los derechos humanos, la reparación a las víctimas y las denuncias al paramilitarismo, ahora parece asentir a cada nuevo timonazo y disparate del presidente.
La lealtad es una cosa y la sumisión otra. Ningún proyecto serio y de largo aliento puede estar atado a la voluntad, el temperamento o los caprichos de un solo hombre. Mucho menos cuando ese hombre carga sobre sus espaldas el desgaste de un gobierno que prometió mucho, ejecutó poco y terminó envuelto en episodios que contradicen buena parte de su discurso.
Los movimientos sociales que hicieron posible la llegada de Petro al poder deberían ser los primeros en hacer el balance. No para rendirse a sus contradictores ni para renunciar a sus banderas, sino justamente para salvarlas. Las luchas por la tierra, por la igualdad, por los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, por el trabajo digno, por la educación y por la paz no pueden quedar sepultadas bajo los errores de un gobierno ni bajo la vanidad de un caudillo, como también le gusta llamarse a Petro.
Petro recibió una herencia política construida durante décadas. La recibió con mártires, con votos, con movilización social y con una esperanza real de que en Colombia las cosas podían cambiar para bien.
La izquierda colombiana tiene una decisión por delante. Puede seguir girando alrededor de Petro, justificando cada contradicción y convirtiendo cada crítica en persecución. O puede hacer algo más serio: consolidar nuevos liderazgos, menos mesiánicos, menos contradictorios y más respetuosos de la democracia.
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