La desclasificación y el levantamiento de la reserva de los archivos secretos estatales hacen parte de los procesos que buscan dejar atrás pasados dictatoriales, totalitarios y/o de guerra; por eso no debe de extrañarnos que en el actual Gobierno, que pretende ser el de la paz y la vida, se plantee como necesario.
Tal vez la supresión de las disposiciones especiales para los servicios secretos no se dé inmediatamente, pero es ya muy importante que exista un debate alrededor del tema para profundizar acerca de qué son los archivos de inteligencia, para qué se hacen, quiénes los manejan y cuáles son sus fines.
Los archivos contienen gran parte de la memoria de una nación. Allí está lo que han hecho los poderosos, pero también lo que los ciudadanos le han dejado al país. El acceso público a los archivos que han preservado los legados de regímenes injustos y violentos –como el colombiano– es indispensable y debe ser un derecho porque en la discusión sobre cómo se cometió la injusticia concreta, pueden sensibilizarnos acerca del valor de los derechos humanos y pueden servir de guía para construir el presente con miras hacia el futuro.
El acceso a los archivos para conocer más en detalle la actuación de los órganos de seguridad estatal, como fue el caso de la Stasi en la República Democrática Alemana (RDA) permite a la sociedad no solo saber que fue víctima de seguimiento sino que –y esto es lo más valioso– genera confianza hacia las instituciones y el Estado al sentir que hay un punto de inflexión y mayor transparencia.
Además, ubica necesariamente la sociedad civil en un lugar en el que, más allá de conocer en términos generales su contenido o acceder a pruebas de decisiones políticas y de seguridad del pasado, permite entender cuáles son los perfiles de personas y organizaciones objeto de persecución y seguimiento; quién establece que sus actividades representan una amenaza contra el orden público y/o la nación; y cuál ha sido el concepto de orden y cuál el de amenaza o enemigo que se ha manejado.
Abrir archivos permite, pues, entender las delgadas líneas que existen entre ofrecer seguridad al país, y abusar del poder de manera ilegal, tal como sucedió con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia.
Porque también es el derecho de los ciudadanos saber que en ocasiones estos órganos de seguridad e inteligencia lejos de buscar evitar hechos delictivos (tráfico de todo tipo, robos, secuestros, terrorismo, vandalismo, etcétera), son ellos mismos los que con fines perversos e incluso a veces particulares, pasan por encima de la privacidad y derechos de los ciudadanos, persiguen a personas que están lejos de ser una amenaza como lideres sociales, medioambientales, estudiantiles, periodistas, académicos, incluso jueces, entre otros muchos más y generan un clima de terror y desconfianza que mina la convivencia pacífica. Y encima haciendo uso de fondos públicos. Hacerlo visible y más comprensible puede, a su vez, llevar a que la sociedad se vea obligada a ejercer mayor control para que no se vuelva a repetir. Por esta razón es que por ejemplo en Estados Unidos existe la ley Freedom of Information Act (FOIA) o Ley de Libertad de Información, la cual define tiempos en que se mantienen clasificados los archivos y sobre todo representa el derecho a los ciudadanos para acceder a la información de su gobierno. Además existen organizaciones como el National Security Archives una organización no gubernamental de invaluable importancia que se encarga de recoger, seleccionar y publicar los documentos desclasificados adquiridos a través de (FOIA) y ha develado secretos de suma importancia para Estados Unidos y el resto del mundo incluido Colombia y otros países de la región.
Para el caso colombiano sería muy necesario pensar también en una organización independiente que proporcionara este tipo de apoyo en la recolección de información de archivos de inteligencia para ponerlo al alcance de la ciudadanía.
El oscurantismo que suele haber actualmente en torno a los archivos de inteligencia en Colombia torpedea los procesos de paz y es simplemente incompatible con prácticas democráticas. El grado de democracia de cualquier país se puede medir, entre otras cosas, por la libertad de acceso a sus archivos.
Por esto mismo, es que una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fue precisamente la de que se garantice el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia; al menos los archivos que han cumplido ya cierto tiempo. Hacerlo puede constituirse en una herramienta de justicia social y de ejercicio de derechos pero, además, los archivos son esenciales para los procesos de elaboración de memoria y de políticas de reparación que buscamos en Colombia.
Las disposiciones especiales para los servicios secretos deben quedar como reliquias de tiempos predemocráticos y de guerra y deben ser suprimidas si queremos hablar de, y construir la paz.
