El cierre de la JEP podría ser mal visto por la Corte Penal Internacional: presidente del tribunal

Tras las declaraciones del consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, sobre la intención del Gobierno de cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal se pronunció en rechazo a esta idea y advirtió que podría traer graves consecuencias al país.

"Cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la fuerza pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial", dice un comunicado de la entidad.

Según la JEP, cualquier acción por parte del Gobierno que involucre cerrar la JEP antes de tiempo, que impida el desarrollo de sus funciones o restrinja los recursos para su operación puede ser vista por la Corte Penal Internacional "como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales". Esto es porque, tras 17 años, en 2021 la CPI decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, gracias al trabajo de la JEP.

Así mismo, el tribunal señaló que estas iniciativas desde el Ejecutivo "resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyan sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito". 

El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, en una rueda de prensa señaló que en las decisiones del Gobierno en torno a este tema están "mezclando” dos funciones distintas. Por ello, hizo un llamado a respetar la separación de poderes y a garantizar la autonomía de la jurisdicción.

"Creemos que allí se están mezclando dos procesos; por una parte, el duro trabajo del Gobierno y el Congreso de crear una arquitectura para la paz de los procesos futuros, para lo cual tiene una obligación y unas competencias establecidas en la Constitución y la ley; pero por otra y muy distinta, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de 2016, entre la antigua guerrilla de las Farc y el Gobierno nacional, de los cuales la JEP es un pilar fundamental", declaró Vidal.

No hay dinero para ejecutar las sanciones dictadas por la JEP

El magistrado Roberto Vidal recordó que la JEP es un pilar del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP, en 2016. Su propósito es investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, y una de sus tareas es garantizar que aquellos que se han sometido a esta jurisdicción puedan terminar sus procesos judiciales y recibir sus sanciones.

Por eso, también expresó con preocupación que el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones en cuanto al presupuesto del Fondo Colombia en Paz destinado a la imposición de sanciones, "a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades". Según el tribunal, ese presupuesto fue reasignado a otras funciones, lo que quiere decir que hay un riesgo de que no se cuenten con los recursos para ejecutar las sentencias emitidas por la JEP.

"Después de dos años de gestión de la JEP (...), el año pasado convinimos que estarían destinados a la JEP 450.000 millones que estuvieron alojados en el Fondo Colombia en Paz. Las noticias que tuvimos en el último mes, que contravenían el desarrollo del proceso, fueron que tales recursos habían sido destinados dentro de la Unidad de Víctimas a otras funciones entre las muchas que la unidad tiene", dijo Vidal.