“Exigimos que la JEP diga que la violencia contra Esperanza, Paz y Libertad sí fue un extermino”: Mario Agudelo

El 14 de febrero de 1996, en la finca Osaka, ubicada en Carepa, Antioquia, integrantes del Frente Quinto de las antiguas Farc perpetraron una masacre en la que fueron asesinados 12 simpatizantes de Esperanza, Paz y Libertad, un movimiento político que surgió tras la desmovilización del EPL en 1991 y que tenía fuerza en sectores populares y en Sintrainagro. Las víctimas, que iban en bus para trabajar en la finca bananera, fueron obligadas a bajarse para luego ser asesinadas, según la justicia, en el marco de una violencia hacia los integrantes del movimiento político.

La Jurisdicción Especial para la Paz lo llamó un patrón de “perjuicio enemigo”: una violencia dirigida en contra de los desmovilizados, en el que se incluyen otros hechos cometidos en la década de los 90, justo al mismo tiempo en que el extermino político de la Unión Patriótica estaba ocurriendo. Unos meses antes, en agosto de 1995, fueron asesinados 17 personas que también pertenecían a Sintrainagro y que simpatizaban con los ‘esperanzados’, como también se les conocía a quienes optaron por dejar las armas del EPL.

Eran trabajadores que iban a las fincas bananeras de Los Kunas, Santa Cruz, Llano Grande, Punto Fijo y La Floresta, en Carepa. A un costado de la cancha de fútbol de la finca Los Kunas, los guerrilleros los hicieron tender en el piso y los ejecutaron. Fueron las Farc, los mismos que perpetraron la masacre de La Chinita, que es tristemente recordada como uno de los episodios más violentos perpetrados contra este movimiento político en 1994, generando un impacto negativo sobre la reincorporación de los desmovilizados, por solo mencionar algunos crímenes.

El caso de Esperanza, Paz y Libertad fue incluido en la mega imputación que hizo la JEP a finales de 2025 en contra de 34 personas, entre exguerrilleros de las Farc, exintegrantes del Ejército Nacional, y exintegrantes del Fondo Ganadero de Córdoba, por la victimización que sufrió la región del Urabá, el Bajo Atrato y el Darién entre 1986 y el 2002. Se trata del caso 04, por el cual fueron imputados personajes tan reconocidos como los generales en retiro Rito Alejo del Río y Alejandro Navas, por hechos como la operación Génesis y otras masacres realizadas con connivencia con los paramilitares en la zona.

Tal vez por la magnitud de los hechos o por los nombres que se incluyeron en la imputacion, el caso de los ‘esperanzados’ no tuvo el mismo eco mediático a pesar de la importancia del caso. Mario Agudelo, quien fue diputado y alcalde de Apartadó por Esperanza, Paz y Libertad, ha llevado la lucha jurídica y social de la violencia que sufrió él y sus compañeros y no duda en reconocer como un avance tanto la imputación como el hecho de que las mismas Farc reconocieron sus responsabilidades en algunos de los crímenes más significativos, en un patrón de violencia que buscó acabar con el potencial político y social que llegó a tener Esperanza, Paz y Libertad.

CAMBIO habló con Agudelo sobre esta imputación que incluyó a Rodolfo Restrepo Ruíz, antes conocido como Víctor Tirado; José Milcíades Urrego Medina (Rigoberto Lozada), Martín Cruz Vega (Rubín Morro), y a Jhover Man Sánchez Arroyave, quien fue conocido en la guerra con los alias de Rubén, Rubén Cano o Manteco. Entre los hechos reconocidos está la masacre Currulao en donde fueron asesinados siete trabajadores del banano en 1993; la masacre de cinco personas en la finca La Ceja ese mismo año; la masacre de La Chinita con 35 víctimas en total; así como las masacres de Los Kunas, la del Bajo del Oso, la de la finca Osaka, entre otras.

CAMBIO: Ya pasaron varios meses de la imputación que hizo la JEP. ¿Cómo la vieron? 

Mario Agudelo: En el auto 09, la JEP determinó hechos y conductas punibles y se concentró en cinco dirigentes de las extintas Farc en el caso 04 sobre el Urabá, en 21 miembros de la Fuerza Pública y en varios terceros civiles. La JEP destacó patrones criminales y discriminó la responsabilidad de los involucrados. En el patrón de eliminación por prejuicio enemigo se detalló cómo se prejuzgaba y calificaba como enemigos a dirigentes sociales y políticos y a comunidades. El caso de Esperanza, Paz y Libertad se inscribe en ese patrón.

CAMBIO: ¿Cómo?

M.A.: Ese tipo de prejuicio llevó a la eliminación física de ciudadanos, a crímenes contra la población civil y a la muerte en masa, que fue la tipología violenta más usada por parte de las Farc en contra de Esperanza, Paz y Libertad. En este caso se reconocen hechos tanto individuales como colectivos por parte de miembros del Quinto Frente de las Farc y de las milicias bolivarianas. Además, se determinó que este tipo de comportamiento buscaba no solo eliminar a personas que consideraban enemigos, sino también destruir a largo plazo los tejidos sociales y las construcciones colectivas que tenían Esperanza, Paz y Libertad dentro de la sociedad. 

CAMBIO: ¿Cómo los impactó?

M.A.: Este patrón afectó mucho a la militancia de Esperanza Paz y Libertad. Hay que recordar que el movimiento tenía una presencia mayoritaria desde el punto de vista político dentro de Sintrainagro y el prejuicio del enemigo llevó a que las Farc asesinaran sistemáticamente a los trabajadores bananeros. También hay que destacar que, en el caso nuestro, hubo un reconocimiento de responsabilidad y aporte a la verdad por parte de los exintegrantes de las Farc, lo que responde parcialmente a los intereses nuestros. Por ejemplo, en el caso de la masacre de trabajadores bananeros en la finca Osaka, ocurrida en febrero del 96, se indica que la acción se desplegó contra miembros y simpatizantes de Esperanza, Paz y Libertad, y que también buscaba la aniquilación del movimiento político. 

Ese reconocimiento es muy importante porque debe llevar a que, en el futuro, se indique que hubo un exterminio político tanto hacia Esperanza Paz y Libertad como hacia Sintrainagro en estas acciones. 

CAMBIO: ¿Los hechos fueron reconocidos por los exintegrantes de las Farc?

M.A.: Sí y reconocieron casos individuales como el asesinato del líder sindical y político Jesús Alirio Guevara y el del secretario de gobierno encargado del municipio de Apartado, Édgar Mauricio Plaza. Pero no todos los hechos se reconocieron. La mayoría quedan sin reconocer y están en trámite. Pero es un avance para que estos hechos sean tipificados como un exterminio.

CAMBIO: En estos hechos de la victimización de Urabá, se habla más que todo del tema de la UP. ¿La victimización de los ‘esperanzados’ ha quedado relegada?

M.A.: Yo creo que esta imputación es un avance parcial, pero indudablemente sí ha quedado relegada porque son hechos que ya fueron reconocidos en otro escenario de la justicia transicional: en Justicia y Paz. Allí ya lo reconocieron alias Karina, alias Samir y alias Garganta. En el caso de Marco Giraldo o alias Garganta, él señala muy claramente que el objetivo era perseguir a una fuerza política como Esperanza Paz y Libertad. Estas son tareas en las que debemos seguir insistiendo. Exigimos que la JEP diga que la violencia contra Esperanza, Paz y Libertad sí fue un extermino.

CAMBIO: ¿Sería ideal que este hecho se maneje por aparte? 

M.A.: En la JEP hay un caso sobre la UP y lo de Esperanza... queda subsumido en la violencia general en la región de Urabá. Durante muchos años estuvo sepultada esa verdad y casi que ni se mencionaba el exterminio contra Esperanza... Yo creo que hoy, al menos, ya está en el imaginario, en los medios, en las declaraciones y en las versiones de desmovilizados, el asunto del exterminio de Esperanza... 

Hay que seguir avanzando para desenterrar la verdad que sigue siendo muy difusa en algunos espacios y que indudablemente es una verdad que tiene que salir a flote.

CAMBIO: ¿Cómo qué asuntos falta conocer? 

M.A.: Los actores que participaron de este exterminio. No fue solamente el Quinto Frente de las Farc y la disidencia del EPL, sino que también participaron paramilitares y, en algunos casos, miembros de la fuerza pública. Además, un tema de fondo es la responsabilidad del Estado por omisión. A pesar de que en esos hechos se repetía una especie de modus operandi y a pesar de los reclamos que se hacían por la persecución y de la violencia en contra el proceso de paz del EPL, ¿cómo se explica que no se haya sido capaz de neutralizar estos hechos y de garantizar la seguridad de todos los militantes de Esperanza, Paz y Libertad?

CAMBIO: Ayúdennos a recordar lo que pasó, por favor… 

M.A.: El primer asesinato en contra de un desmovilizado del EPL ocurre el 17 de marzo de 1991, es decir, dos semanas después de la desmovilización, y la persecución empieza a coger fuerza como un ejercicio de terror y sistemático por parte de las Farc. En julio de 1991 nos vimos obligados a tomarnos pacíficamente la Alcaldía de Apartadó para denunciar que se venía un exterminio, para llamar a las Farc para que reflexionara y a las autoridades para que, por favor, protegieran a los desmovilizados y al proceso de paz. Sin embargo, eso fue escalando. Nada sirvió y finalmente concluimos que había un plan para desarticular completamente el tejido social que había construido Esperanza, Paz y Libertad en el eje bananero.

Era un tejido social muy poderoso porque tuvo como preámbulo la organización del sindicalismo bananero que, en su momento, logró obtener reivindicaciones muy importantes para cambiar considerablemente las condiciones de vida y los derechos sindicales, laborales y políticos de los trabajadores. Las Farc vieron que no era fácil destruir ese tejido social. Ese apoyo nunca se perdió y eso se demostró en las elecciones en la región después de la desmovilización, en donde se eligieron a candidatos de Esperanza, Paz y Libertad a los concejos, a las asambleas y a las alcaldías. Más allá del exterminio, esa huella permanece.

CAMBIO: ¿Qué sigue ahora?

M.A.: Creo que hay que avanzar en un proceso para obtener medidas de reparación, que se avance en las sanciones penales transicionales y que se siga profundizando frente a los otros hechos que nosotros señalamos ante la JEP y no han sido reconocidos. No fueron solo las masacres, sino también el daño a los bienes y a los proyectos productivos de los desmovilizados. El más importante que tuvimos fue el de una cooperativa de transporte que fue atacada y liquidada. Las pocas tierras que el Gobierno entregó a los desmovilizados fueron despojadas. También queremos que se reconozca que el móvil fundamental de este perjuicio fue político. Hay que recordar que, en el año 1991, cuando Esperanza, Paz y Libertad se desmoviliza, las Farc nos declara enemigo absoluto, y nos deshumaniza para eliminar a un competidor político.