"El gobierno entrante debe avanzar de manera decidida en la implementación del acuerdo de paz": Juanita Goebertus

Tras la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia, CAMBIO habló con Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, sobre las principales preocupaciones que figuran en la agenda nacional: el reconocimiento de la elección, el empalme, el incremento de la inseguridad y los retos en materia de derechos humanos. Plantea tres temas que explican el deterioro de la seguridad: la falta de una política eficiente, las consecuencias no deseadas de la Paz Total y el retraso en la implementación del acuerdo de paz.

• Así votó Colombia: el mapa por departamentos de la disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

CAMBIO: El presidente Petro mantuvo la narrativa de presunto fraude prácticamente toda la campaña. ¿Esto es un peligro para el proceso democrático?

J.G.: Colombia tiene, en términos comparados, un sistema electoral capaz, robusto, transparente que, además, es vigilado por misiones de observación internacional de altísima capacidad de independencia y por la Misión de Observación Electoral. Históricamente, el sistema de preconteo ha tenido una diferencia con el escrutinio final muy baja, de menos del 0.25 por ciento. 

Nosotros hemos estado en conversaciones constantes con las misiones de observación, con la Registraduría, hemos hecho seguimiento y no encontramos ninguna evidencia de posible fraude ni de vulneración del software. Insisto, el sistema electoral colombiano es supremamente robusto y tiene los mecanismos de impugnación para corregir cualquier error. De hecho, una de las cosas que mencionaban varios de los observadores electorales es que, además, desde 2022, el sistema colombiano ha implementado una cantidad de recomendaciones para prevenir riesgos que en el pasado se habían dado.

Cualquier discurso, especialmente si viene de funcionarios públicos, que genere desconfianza en el proceso electoral, es supremamente peligroso porque un elemento esencial de la democracia es la confianza en las elecciones, la confianza de que el voto de cada ciudadano va a ser contado y que el resultado sea el dictado por la mayoría de los colombianos y colombianas.

Los funcionarios públicos tienen una inmensa responsabilidad en no difundir ningún tipo de información no verificada sobre la presunta alteración de los resultados electorales.

CAMBIO: Abelardo es presidente con una diferencia de votos que ratifica una división profunda en el país, son dos modelos diferentes. Parece hora de desescalar el lenguaje. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos?

J.G.: Primero, reitero lo obvio: el presidente debe gobernar para todos los colombianos y colombianas, independientemente de la mayoría que lo haya elegido y especialmente en un contexto de polarización como el colombiano, en donde los resultados muestran un país muy dividido. Creo que es fundamental mandar señales de desescalamiento del lenguaje, de buscar incorporar las visiones de distintos sectores y no solo 'enrancharse' en la propia visión. Eso eliminaría la posibilidad de tener políticas más concertadas que permitan llegar a sectores más amplios de la de la sociedad. Creo que, como ha sucedido antes en Colombia, el proceso de transición debe ser pacífico, de entrega de mando. Las organizaciones internacionales y las delegaciones diplomáticas deberían instar al gobierno a garantizar que ese proceso sea así y que haya un empalme que permita que el nuevo gobierno tenga toda la información para poder iniciar su gobierno a partir del 7 de agosto, teniendo en cuenta lo que fue implementado a lo largo de estos cuatro años de gobierno.

CAMBIO: Terminó una campaña muy álgida en la que las posiciones ideológicas se mezclaron con propuestas. Abelardo de la Espriella defiende la "familia tradicional", está en contra de la adopción gay pero ha dicho que respeta decisiones judiciales que han entregado derechos a la población diversa. ¿Qué podría decir sobre el temor que tiene una parte de la población de que sus derechos se pongan en entredicho?

J.G.: Primero, indico que nosotros no tomamos posición sobre especulaciones de cuáles van a ser las políticas de gobierno, como lo hemos hecho ante todas las administraciones. Como lo hicimos ante el Gobierno Petro, lo haremos ante el Gobierno de De la Espriella: defender los derechos humanos de todas las personas sin distingo alguno. Los derechos de las personas en el campo, en la ciudad. Los derechos de los indígenas, de las personas afro, de las mujeres, de la población LGBTIQ+, los derechos de todos de manera contundente y sin ningún tipo de consideración por cuál es el gobierno de turno. Hubo distintas declaraciones de ambas campañas a lo largo de la fase electoral. Nosotros vamos a juzgar sobre la base de las políticas que sean ejecutadas por el próximo gobierno. No creemos que especular en este momento le haga bien a la política en el país. 

• El difícil camino que le espera a Abelardo de la Espriella en el Congreso

CAMBIO: Un tema central es la Paz Total. Quedan unas semanas del Gobierno Petro, y hay algunas mesas de diálogo en marcha que podrían seguir después del 7 de agosto. ¿Qué podemos decir al respecto? 

J.G.: A lo largo de cuatro años de gobierno pudimos documentar de manera desafortunada un deterioro de las condiciones de seguridad a nivel territorial. Hubo un crecimiento de los desplazamientos, del reclutamiento de menores, de los confinamientos. Además, hubo un crecimiento de los secuestros y, aunque pequeño, un incremento de la tasa de homicidios. Por supuesto, Colombia no está de vuelta a sus peores momentos de inseguridad, pero luego de una senda muy positiva de reducción de la violencia —en una combinación entre política de seguridad y política de paz hacia 2018—, venimos en una senda negativa de deterioro de esas condiciones de seguridad.

Nuestro trabajo de campo, particularmente en el Catatumbo y el Putumayo, nos ha permitido identificar tres temas que estarían detrás de ese deterioro. Primero, la ausencia de una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que haya hecho frente a la presencia de grupos armados y de crimen organizado que atenta contra la población civil.

Segundo, los efectos perversos o no previstos de la política de Paz Total. Al abrir negociaciones simultáneas con hasta 20 grupos armados, el Gobierno implementó ceses al fuego que, en muchos casos, no contaron con mecanismos adecuados de monitoreo y verificación. Además, comenzó a poner en marcha algunos acuerdos —como los relacionados con participación ciudadana— e incluso anunció proyectos en territorios donde los grupos seguían aún en armas. Eso ha generado incentivos para el fortalecimiento del control territorial y poblacional por parte de estos grupos.

El tercer factor que hemos identificado tiene que ver con la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 que buscaba hacer frente a esas condiciones. Esto ha permitido que el conflicto allí se perpetúe. En la medida en la que no haya un impulso decidido a nivel local de esa implementación, desafortunadamente es muy posible que sigamos reciclando violencias.

• Autopsia de una derrota anunciada: los errores que llevaron a Iván Cepeda del favoritismo al fracaso

CAMBIO: ¿Qué debería hacer De la Espriella sobre esos factores?

 J.G.: El gobierno entrante debería cuanto antes atender esos tres temas: el desarrollo de una política de seguridad efectiva, la garantía de que las conversaciones de paz estén establecidas bajo reglas que no generen incentivos para que los grupos fortalezcan su control territorial y poblacional, y avanzar de manera decidida en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 si tiene un interés real por mejorar las condiciones de seguridad a nivel local.

CAMBIO: Ahí de la mano va la pregunta sobre la JEP.  Si bien no es posible eliminarla, sí puede ser reducida, desfinanciada o deslegitimada, y, en consecuencia, también la necesidad de justicia es fundamental en la en la puesta en marcha del acuerdo de paz...

J.G.: La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia ha tenido avances significativos en condenar tanto a exmiembros de las fuerzas militares como al secretariado de las antiguas Farc por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ese ha sido un proceso de responsabilización muy importante, reconocido a nivel internacional. Yo diría que el mayor reto que tiene la JEP hacia adelante es la ejecución de las sanciones que, como lo dice el acuerdo de paz, tienen un componente restaurativo, pero también tienen un componente retributivo de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad que no ha empezado a implementarse. 

Yo creo que el próximo gobierno debería canalizar sus energías en trabajar de manera colaborativa con la JEP para que inicie cuanto antes la ejecución de las sanciones.

CAMBIO: ¿Qué otro tema le preocupa?

J.G.: Nosotros venimos trabajando mucho el crecimiento del reclutamiento forzado de menores que, entre 2022 y 2025, creció en más del 270 por ciento. Colombia, que tiene un sistema relativamente fuerte en materia de desvinculación de niños y niñas del conflicto armado, no lo ha actualizado para poder hacer frente a las nuevas modalidades de uso de menores de edad por parte de grupos de crimen organizado. Son niños que en muchas ocasiones pueden seguir viviendo en sus casas, pero que están siendo usados por estos grupos para llevar a cabo tareas que van desde recolectar información, hasta manejar drones y, eventualmente, participar directamente en confrontaciones. 

Creo que el próximo gobierno debe establecer como una de sus prioridades la revisión de la política de prevención del reclutamiento y la actualización de los programas de desvinculación de menores.

CAMBIO: Hay una preocupación de las organizaciones sociales por que se dicte la política pública de garantías para los defensores de derechos humanos. El proyecto de decreto ya salió y, en palabras sencillas, quieren correr para que esta salga antes del cambio de gobierno...

J.G.: Colombia es uno de los países con los peores indicadores de violencia en contra de defensores de derechos humanos y defensores ambientales. La protección de los líderes tiene que ser una combinación entre una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos; es decir, entender su seguridad en el marco de la seguridad colectiva y no solo en el marco del despliegue de mecanismos de protección individual.

Eso implica fortalecer la capacidad de investigación técnica y judicial para develar lo que hay detrás del asesinato y las amenazas de líderes. También implica tener persecución penal estratégica, priorizar la persecución, por ejemplo, de las redes de corrupción que están detrás de los grupos que han sido responsables del homicidio y de las amenazas de líderes. Esto también implica fortalecer los programas de protección individual, que no deben ser el único mecanismo de protección, sino una combinación para ofrecer medidas especiales para personas que se enfrentan a un riesgo adicional, como lo pueden ser líderes sociales, de derechos humanos y ambientales.

• Las claves del primer discurso de Abelardo de la Espriella tras su triunfo en segunda vuelta

CAMBIO: En el momento actual hay temores de un 'estallido social', temores de lo que implicaría la 'mano dura' que promete el presidente electo. ¿Qué mensaje daría a la sociedad?

J.G.: En cualquier sociedad polarizada, el riesgo de que esa polarización se traduzca en violencia es alto. Pero en un país como Colombia. que ha sufrido décadas de conflicto armado, el crecimiento de esa polarización verbal tiene el potencial de tener implicaciones directas en materia de violencia a nivel territorial. Todas las autoridades, sin distingo de color político, tienen la responsabilidad de desescalar el lenguaje, de buscar la concertación, de apostarle a la construcción de políticas públicas para la mayoría de los colombianos. Un llamado a generar consensos, que reconozcan que la buena política implica ceder y concertar entre quienes piensan diferente. 

Hago un llamado a todos los actores políticos a entender que en ese contexto de polarización tienen una responsabilidad aún más grande para que sus palabras, sus afirmaciones, no inciten de ninguna manera la violencia, no se traduzcan de ninguna manera en la generación de más víctimas en este país.