Fiscal de la UIA pide justicia para 72 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en juicio a Publio Mejía

El primer juicio de la Jurisdicción Especial para la Paz arrancó formalmente.

El fiscal quinto de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP Samuel Galvis, solicitó a la magistratura la condena del coronel en retiro del Ejército Nacional Publio Hernán Mejía, por su responsabilidad en la creación de un aparato criminal de poder que funcionó en el Batallón de Artillería La Popa de Valledupar que realizó 72 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2003 cuando el oficial comandaba esa unidad militar.

En audiencia de juicio que se realiza en Valledupar, Mejía Gutiérrez no aceptó los cargos que le endilgó la Unidad de Acusación (que es la Fiscalía de la JEP), asegurando que no podía hacerlo “por respeto a las víctimas y por la dignidad de las instituciones”. El fiscal Galvis repudió esa decisión y aseguró que de nada sirve la valentía de los guerreros, “cuando se carece de ella para enfrentar los actos propios”, y solicitó a la JEP que se dicte condena e impedir que, tras 22 años, los crímenes permanezcan en la impunidad.

“Nada de lo que se haga esta jurisdicción puede quedar en el vacío. Han pasado 22 años. En sus manos está proporcionarles justicia. Que el responsable de estos hechos no quede impune. Solo pretendemos que, con el abundante material probatorio, demostremos que la justicia si existe y que las víctimas son el centro. La dignidad humana no debe ser sacrificada”, dijo.

El pedido de la UIA

Galvis indicó que los hechos empezaron el 25 de enero de 2002 con el homicidio de Jesús Emilio Márquez Gutiérrez y finalizaron el 25 de noviembre de 2003 por el homicidio de Leiner Guerrero Ayala y Ever Antonio Barbosa Jiménez.

Señaló que Mejía lideró un aparato criminal que empezó en el batallón poco a poco, primero convenciendo a subordinados más débiles y aliándose con paramilitares de la región del Cesar. Los paramilitares señalaron falsamente a civiles de hacer parte del ELN y también llevaron civiles para que las tropas los asesinaran. Luego, se falseaban en la unidad militar todos los documentos para hacer pasar el crimen como una baja legítima en combate.

Según Galvis, luego el aparato de poder criminal empezó a tomar vida propia, ya seleccionaba sus propias víctimas y sus integrantes sabían cuáles eran sus tareas. El funcionario dijo que ya era irrelevante si el coronel Mejía estaba o no en el lugar de los hechos.

“Al final, el objetivo de darles una falsa percepción de seguridad a los ciudadanos estaba asegurado. La misma sociedad cesarense fue engañada. Se le hizo creer que la seguridad mejoraba y que se estaban dando resultados. Desconocían ellos que los resultados se nutrían de la muerte de personas inocentes, trabajadores”, apuntó.

Galvis leyó los nombres de las 72 víctimas y resaltó que tres son mujeres. De ellas, solo se ha podido identificar a Tania Solano, quien era madre de dos hijas y que apenas un mes antes de su asesinato, había perdido a su padre a manos de las Farc. De otra mujer, se sabe que acababa de dar a luz, pero no ha sido posible identificarla. El fiscal resaltó que una de las víctimas tenía apenas 16 años.

“Todas las víctimas tenían algo en común, eran campesinos en condición de vulnerabilidad, sin trabajos estables”, señaló al resaltar que el hecho de que algunas víctimas tuvieran antecedentes penales no justificaba lo que pasó.

Críticas de la defensa de Mejía

El abogado Germán Guillermo Navarrete, quien representa a Publio Hernán Mejía, cuestionó la exposición de la Unidad de Investigación asegurando que fue “histriónica”. Según el abogado, el militar retirado fue “el que le dio la seguridad al Cesar, no el cobarde que plantea la Fiscalía”.

Navarrete centró su exposición en señalar que Mejía llegó al Batallón en medio de la política de seguridad del presidente Andrés Pastrana, no de Álvaro Uribe, porque “era un gran soldado”, y luego aseguró que este sí cumplió con su labor y que “salvó” al departamento de “algunas pestes”, como la guerrilla y los paramilitares. Incluso habló de limpiar “nidos de ratas”, ante lo cual la magistratura le llamó la atención por el lenguaje.

Luego, el abogado dijo que en el Batallón sí hubo una “banda de sicarios” que se aliaron con paramilitares y con la guerrilla, pero dijo que no se le podía exigir al comandante de la unidad, es decir, a Mejía, el control absoluto de más de 2.000 personas.

“Sí, hay soldados que mataban y oficiales que promovían crímenes en el interior del batallón. Los hay en todos lados porque el poder corruptor del narcotráfico y la criminalidad es grande. Pero no le podemos endilgar a los comandantes todo lo que hacen algunos de los subalternos”, apuntó al indicar que, a su juicio, tampoco se le puede castigar a Mejía por lo que hacían las tropas cuando él no estaba presente.

Así, el abogado dijo que el oficial nunca impartió una orden ilegal, cuestionó la labor investigativa, dijo que supuestamente se han tergiversado versiones y que se “han aprovechado” versiones a cambio de beneficios como la protección de testigos. Y apuntó que Mejía solo ha sido cuestionado por su labor en Valledupar. “Se truncó una carrera militar brillante”, dijo sobre el oficial que fue condenado por la justicia ordinaria a 19 años de prisión.

Las víctimas

-Jesús Emilio Márquez Gutiérrez fue asesinado el 25 de enero de 2002

-Anuar de Armas Rincones, asesinado el 14 de febrero de 2002

-José Miguel Palacio, Álvaro César Olivera Granados y otros dos hombres no identificados fueron asesinados el 12 de marzo de 2002.

-Joaquín Alberto Bolaños Fonseca, Donaldo Antonio Gamero Barrios y Jaider Enrique Hernández fueron asesinados el 6 de junio de 2002.

-Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra y Edwar Cáceres Prado, asesinados el 22 de junio de 2002.

-Leovigildo Antonio Daza Daza, asesinado el 17 de julio de 2002.

-José Ignacio Pacheco, Edwin Chadid Ardila, Mario Alejandro Lozano y Leonardo Enrique Porto Egea fueron asesinados el 10 de agosto de 2002.

-Saulo José Posada Rada, asesinado el 20 de agosto de 2002.

-Juan Manuel Velilla, José Gregorio Vargas, Alex Andrés Tijano, Mader Rubio, Armando Rafael Morales Pérez, Carlos Arturo Montes, Orlando Enrique Insignares, Aldemar José García, Adalberto Fuentes, Walber Nell Domínguez, Antonio Carrillo, Carlos Carrero, Sergio Antonio Burgués, Carlos Jaime Amaris y otros tres hombres no identificados y una mujer no identificada, fueron asesinados el 26 de octubre de 2002.

-Una víctima hombre no identificada fue asesinada el 14 de diciembre de 2002.

-Rafael Serrano Martínez fue asesinado el primero de febrero de 2003.

-Luis Fernando Daza y Sigilbardo Aragón, asesinados el 3 de marzo de 2003.

-Manuel Romero Negrette y Andrés Avelino Vega, asesinados el 4 de marzo de 2003.

-Joaquín Vergara Cárdenas, asesinado el primero de marzo de 2003.

-Jaider del Carmen Valderrama Ruiz, fue asesinado el 22 de marzo de 2003.

-Una víctima no identificada fue asesinada el 24 de abril de 2003.

-Neil Eduardo Hoyos Villadiego, asesinado el 24 de marzo de 2003.

-Alfredo Antonio Hernández Polo, Willington Baena Ortiz y Nelson Enrique Romo Romero, fueron asesinados el 25 de mayo de 2003.

-José Antonio Mercado Hernández y Nelson Enrique Villalobos, asesinados el 31 de mayo de 2003.

-Carlos Arturo Cáceres y Uriel Evangelista Arias, indígenas kankuamos, fueron asesinados el 10 de julio de 2003.

-Francisco Rafael Barraza fue asesinado el 27 de julio de 2003 y Evelio Vaca el 31 de ese mes.

-Atilio Joaquín Buyones fue asesinado el primero de agosto de 2003; Luis Israel Vargas el día 8 y Édgar Beltrán Hurtado y Albeiro Flórez Hernández el día 15.

-Luis Felipe Pabón y una mujer no identificada fueron asesinados el 17 de agosto de 2003. Ese mismo día también fueron ejecutados en otro evento diferente Tania Solano Tristancho y Juan Carlos Galvis.

-El indígena Ever de Jesús Montero fue asesinado el 30 de agosto de 2003

-Aquilino Alfonso Álvarez, asesinado el 17 de octubre de 2003 y Wilfrido Chantris el 21 de ese mes.

-Ramón Enrique Cárdenas Soto fue asesinado el 9 de noviembre de 2003.

-Leiner Guerrero Ayala y Éver Antonio Jiménez Barbosa, fueron asesinados el 25 de noviembre de 2003.