Prohibición del matrimonio infantil se juega su tercera prueba en Senado: ¿por qué es importante este proyecto?

El Congreso intentará, por novena vez, prohibir los matrimonios infantiles en Colombia, una práctica que se avala por un artículo que lleva más de 100 años y que afecta principalmente a las niñas. Un informe de Unicef sobre los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en el país refleja que, hasta 2018, la población de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que reportaron estar en un matrimonio o unión fue del 8,6 por ciento, mientras que para los hombres de la misma edad fue del 3,2 por ciento. 

El Código Civil colombiano establece que la edad mínima para contraer matrimonio se mantiene en 14 años, con la única condición de que sus padres avalen la unión. Esto es, para muchos, inconcebible. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité Universal de Derechos Humanos ha recomendado a Colombia prohibir los matrimonios y las uniones infantiles, tempranos y forzados (MUITF), antes de los 18 años, reiterando en múltiples ocasiones que es una práctica nociva y que acarrea graves consecuencias a la niñez. 

Según Unicef, Colombia ocupa el puesto número 20 a nivel mundial con respecto al número de niñas casadas o unidas antes de cumplir los 15 años, y ocupa el puesto número 11 en América Latina. 

En cifras más amplías, el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2018, detalla que cerca de 340.083 niñas y adolescentes (8,6 por ciento) estaban o habían estado alguna vez casadas o unidas. De esa cifra, el 1,8 por ciento eran niñas de 10 a 14 años y el 15 por ciento eran adolescentes de 15 a 19 años.

En cambio,133.293 niños y adolescentes (3,2 por ciento), estaban o habían estado casados o unidos. De estos, el 1,6 por ciento eran niños entre 10 y 14 años y el 4,8 por ciento eran adolescentes. 

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¿Qué efectos tiene esto sobre el proyecto de vida de los y las menores? 

Como lo muestran las cifras, las más afectadas con los matrimonios infantiles son las mujeres. Y, en consecuencia, esta población es la que más se ve problemas tiene a nivel físico, emocional y en su proyecto de vida. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el matrimonio infantil “pone en riesgo la vida y la salud de las niñas, además de limitar sus perspectivas futuras. Las niñas que son obligadas a contraer matrimonio a menudo quedan embarazadas siendo aún adolescentes, lo que aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones durante el embarazo o el parto. Estas complicaciones son la principal causa de muerte entre las adolescentes de mayor edad”. 

Además, se desarrollan relaciones de poder que generan, a su vez, varios tipos de violencias: física, emocional y económica. Tal como lo relata la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, más de la mitad de matrimonios infantiles son con parejas que les llevan entre 6 y 10 años. Con esto también se genera una gran dificultad para desarrollar proyectos de vida. Por ejemplo, un informe de Unifec describe que las niñas y adolescentes embarazadas o que son madres a temprana edad se ven obligadas a terminar, de forma inmediata y abrupta, determinadas etapas de vida. 

También hay alarmas frente a la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual y frente a tener problemas de salud mental, según el Ministerio de Salud. 

Para hacerle frente a este fenómeno que afecta a la niñez en el país, esta semana se tiene agendado el tercer debate del proyecto de ley que pretende prohibir el matrimonio infantil, las uniones matinales de hecho y las uniones tempranas (MIUT) en las cuales uno o ambos de los contrayentes o compañeros permanentes sean personas menores de edad.

Es decir, se pretende modificar el artículo 116 del Código Civil, para que solo puedan contraer matrimonio los mayores de 18 años. 

La iniciativa fue presentada por los representantes Karen Juliana López Salazar, Jennifer Dalley Pedraza Sandoval, Leider Alexandra Vásquez Ochoa, John Jairo González Agudelo, María Fernanda Carrascal Rojas y Juan Carlos Vargas Soler. Y el articulado que llegó al Senado 

El proyecto también busca fortalecer la política pública nacional de infancia y adolescencia, así como promover la sensibilización y divulgación sobre los efectos, causas y consecuencias del matrimonio y las uniones tempranas. 

¿Por qué se trata de una iniciativa importante?

Para organizaciones que protegen la niñez en el mundo, el matrimonio infantil no debería ser una práctica avalada en ningún lugar. Esta es una de las principales razones que tienen algunos congresistas que defienden la iniciativa. 

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza señaló que abolir el matrimonio infantil es fundamental. “Esta práctica sigue abriendo las puertas a muchos tipos de violencias (…) y es una gran batalla para dejar de normalizar este fenómeno y entender esos tipos de violencias”. 

Para Pedraza, es claro que eliminar el matrimonio infantil del Código Civil no va a eliminar la práctica de inmediato, pero sí es un primer paso para que el Estado diga que no es un hecho deseable y que viola los derechos de la infancia y la adolescencia. También aclara que aunque se busca prohibir, “no se trata de una perspectiva antiderechos, sino pro derechos” y que, además, se enfoca en poner el debate cultural sobre la mesa. 

La representante Alexandra Vázquez, del Pacto Histórico, mencionó que lo que se quiere, principalmente, es proteger y garantizar los derechos de los niños. Porque si bien hay quienes se amparan en la libertad, “cuando en el medio está un menor de edad, ahí no hay garantáis de derechos, porque los derechos de los mayores no pueden estar por encima de los de los niños”.

Vásquez también aclaró que el proyecto no prohíbe las relaciones entre menores de edad, sino las de poder que se generan en los matrimonios entre un mayor de edad con un menor de edad. 

Las voces en contra

Pese a que desde distintos sectores aseguran que la iniciativa busca proteger a los menores, también hay voces críticas que dicen que no es la mejor manera de hacerlo. ¿Por qué? 

El senador Humberto de la Calle, de la misma coalición de independientes en donde está Jennifer Pedraza, una de las congresistas que presentó la iniciativa, tiene algunas críticas frente al texto. De manera especial en cuanto a la prohibición.  

“Todos estamos de acuerdo con la idea central (…) Eso no se discute. Pero, en mi caso particular, creo que aquí se ha presentado una especie de cortocircuito conceptual, principalmente en la defensa de las libertades”, dijo en una discusión el pasado 6 de agosto. 

Su argumento se centra en que se está proponiendo una prohibición: “ese problema no lo tenemos absolutamente dimensionado, está basado en presunciones y no sabemos cabalmente si la propuesta soluciona el problema (…) Entre otras cosas, porque si hay una niña que sus padres desean que se case y no recibe la autorización, no sabes qué podría pasar. A lo mejor entra en una fase de convivencia, que tendrá buena parte de los defectos que tendría si pudiera casarse: queda sometida a un régimen de coacción”, aseguró. 

Así las cosas, él considera que la prohibición no va a solucionar el problema de fondo. Además, insiste en que, en su condición libertaria, hay algo que no le suena muy bien y que se podrían recomendar soluciones distintas. Para él, el problema no es solo el matrimonio infantil, sino el matrimonio en coacción —particularmente frente a las niñas—, así como el consentimiento de los padres, cuando es forzado por la necesidad o movido por la pederastia.

“¿Por qué no trabajamos en el tema del consentimiento? Que no baste el de los padres, sino que tengan que acudir a un juez de familia, en audiencia con el ICBF, para que garantice si es un matrimonio genuino entre dos niños, un adulto o un niño. Si no lo es, ahí la prohibición no es imponderable, sino concreta”, aseguró. 

El senador Carlos Fernando Motoa, del Partido Cambio Radical, también tiene reparos frente al articulado. De acuerdo con él, hay varias preguntas que quedan al aire. “Lo que se debe sancionar es el hecho de forzar el matrimonio o la unión marital de hecho. Para ello, existe otro tipo de propuestas que están en materia de prevención, cultura y otros temas”, le dijo a CAMBIO. 

Asimismo, aseguró que el texto se queda corto en otros temas claves, como las uniones maritales de hecho con menores de edad, la prostitución en menores de edad, el embarazo adolescentes, entre otros. 

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Frente a estos puntos, la abogada Laura Kamila Toro le dijo a CAMBIO que si bien se trata de una iniciativa loable para proteger a los menores de edad, “no tiene sentido prohibir el matrimonio infantil si el Código Penal permite que después de los 14 años se puedan tener relaciones sexuales. Entonces, habría que hacer una modificación del Código Penal, el Código Civil y que se defina cuándo una persona es capaz para tomar determinaciones. La sola prohibición del matrimonio no tendría ningún efecto si ello no tiene ninguna correlación en lo penal”.

Es decir, ella considera que no tiene sentido que se prohíba el matrimonio infantil, pero que se permita que un mayor de edad tenga relaciones con una persona mayor de 14 años. 

Estos temas prácticos del proyecto tendrán que definirse en la discusión en el Congreso, la casa de las leyes en el país. De hecho, la representante Jennifer Pedraza se reunió con el senador Humberto de la Calle, para que este presente las modificaciones que considere. Con esto, según la congresista, esperan logran los consensos necesarios para que la iniciativa pase por unanimidad. 

Así las cosas, el articulado deberá pasar su tercera prueba, que será esta semana en la Comisión I del Senado. Si las cosas salen bien, tendrá que enfrentarse a la plenaria del Senado y se definirá, entonces, si el noveno intento será el vencido para la prohibición del matrimonio infantil en Colombia.