La bancada independiente, Cambio Radical y Centro Democrático ya radicaron sus proyectos de reforma a la salud.
Crédito: Colprensa.
Reforma a la salud sí, pero no así: los tres proyectos que ya se radicaron en el Congreso
- Noticia relacionada:
- Reforma Salud
- Salud pública
- Congreso
- Gobierno
En el país y en el Congreso hay consensos frente a la necesidad de reformar el sistema de salud. Sin embargo, no se llega a un acuerdo frente a las formas. Por eso, en esta legislatura ya se han radicado tres proyectos y todavía falta el del Gobierno. ¿Qué busca cada uno?
Por: Claudia M. Quintero
El Gobierno, las instituciones de control, el Congreso y la ciudadanía tienen claro que el sistema de salud atraviesa una crisis financiera y necesita una reforma. Una muestra de eso es el informe de la Contraloría que refleja que solo cinco de las 26 Empresas Promotras de Salud (EPS) que operan en el país cumplen con los requisitos para hacerlo. La dificultad está en las formas que se proponen para solucionar esos problemas.
En esta tercera legislatura el Congreso llega con una misión clara: discutir una propuesta de reforma a la salud. Hasta ahora ya se han radicado tres proyectos. Uno es el de la bancada de independientes, integrada por el Partido Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo y el Partido Dignidad; otro es de Cambio Radical; y el tercero es el del Centro Democrático.
Además, entre el 20 y el 23 de agosto debe llegar la propuesta del Gobierno. Mientras eso sucede, CAMBIO hace un abecé de lo que plantean los tres proyectos que ya están en el Congreso.
En principio, los tres piden que las reformas se tramiten como leyes estatutarias, porque coinciden en que lo que se pretende es garantizar y reglamentar un derecho fundamental. Si se tramita de esta manera, el proyecto debe comenzar sus debates en las Comisiones Primeras, pasar con mayorías absolutas y surtir sus cuatro debates en la misma legislatura. Además, debe tener un examen previo de la Corte Constitucional antes de pasar a sanción presidencial.
Justamente esta es una de las dudas que tiene el Gobierno. Este miércoles, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que están evaluando si piden que su proyecto se tramite de manera ordinaria o estatutaria.
“El Gobierno ha estado mirando con detención si la reforma va a través de las Comisiones Primera de Senado y Cámara (trámite estatutario). Yo sigo insistiendo en que debe ser por la Comisión Séptima”, dijo el jefe de la cartera.
No es un secreto que en las comisiones séptimas el camino está más despejado que en las primeras. Por ello, en términos políticos, es más conveniente iniciar el camino por un peaje que cobre una tarifa más baja. Además, un examen previo de la Corte Constitucional podría retrasar la implementación de la reforma casi un año, estirando la agonía de las EPS y llevándolas al límite.
¿Qué pasará con las EPS y quién manejará el aseguramiento en salud?
Más allá del tipo de trámite, el tema clave es determinar qué va a pasar con las EPS y qué funciones van a tener.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud establece que las EPS son las encargadas de promover la afiliación al sistema de seguridad social, garantizan el libre acceso de los afiliados y son las responsables de cumplir con las funciones del aseguramiento es salud. Esto es decisivo, porque el aseguramiento implica la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud y la articulación de los servicios para garantizar el acceso efectivo. Es decir, las EPS deben garantizar que los recursos que les giran les alcancen para todo el año y que los usuarios no dejen de recibir los servicios médicos.
En ese sentido, los independientes proponen que pasen de promotoras a Entidades Gestoras de Salud (EGS). Para ese tránsito tendrán dos años y deberán cumplir con algunos requisitos. Entre esos, participar en la organización de los Centros de Atención Primaria (Caps), que son el primer contacto con el sistema de salud y que serán los encargados de coordinar todo el proceso de atención de los pacientes.
Otros de los requisitos son presentar un plan para saldar sus deudas, y una vez cumplidos los dos años, se prohíbe la integración vertical en la mediana y alta complejidad. Es decir, no se permitirá la integración asegurador-prestador. Un punto clave, porque se ha denunciado que la integración genera una contratación privilegiada y se prioriza el pago a los prestadores que hacen parte de la red propia.
También establece algunas funciones nuevas, como la gestión del riesgo en salud de los afiliados, gestionar de forma efectiva los recursos que se les giran, aprobar la facturación del componente complementario, entre otras.
Si bien dicen que las gestoras serán las encargadas de manejar la gestión del riesgo en salud, también se detalla que el riesgo financiero lo va a asumir la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Es decir, cambian la distribución que hay hasta ahora.
Cambio Radical y Centro Democrático, partidos de oposición, no cambian el nombre de las EPS ni sus funciones, tampoco las eliminan.
Lo que sí hace Cambio Radical es definir que la gestión integral del riesgo en salud corresponderá a la “articulación y coordinación de los diferentes actores del sistema para identificar, analizar y clasificar los riesgos para la salud de los individuos, familias y comunidades”. Es decir, el riesgo en salud lo deberán asumir la nación, las entidades territoriales, las EPS, las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las ARL, los individuos y las familias.
La UPC: todos coinciden en que se debe mejorar el cálculo
La UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de seguridad social para cubrir el plan obligatorio de salud (POS) en el régimen contributivo y el subsidiado. Las EPS han denunciado que los recursos girados en este campo son insuficientes y por lo tanto se ha venido acentuando la crisis del sistema. Incluso, la Corte Constitucional hizo un llamado de atención frente a la forma en la que se calcula la UPC.
Actualmente, el ministerio explica que la UPC se calcula con la información reportada por las EPS, teniendo en cuenta los usos y los costos de los servicios en salud y los medicamentos. Es decir, no se tienen en cuenta factores de riesgo en casos puntuales.
Entonces, la bancada independiente establece que el cálculo lo deberá hacer el Consejo Nacional de Salud con base en un estudio técnico en el que se tengan en cuenta los diferentes ajustes por riesgo. Esto, con el objetivo de garantizar la financiación del plan de beneficios y se deberá incluir el reconocimiento por los gastos administrativos para las gestoras.
Cambio Radical menciona que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda deberán definir el valor de la UPC, que tendrá un componente fijo y otro variable. El primero se deberá calcular con base en estudios y se reconocerá un monto teniendo en cuenta el riesgo individual. En cuanto al segundo, la cartera de salud reconocerá un incentivo teniendo en cuenta la gestión y los resultados que entreguen las EPS.
El articulado del Centro Democrático no hace referencia a casos puntuales, sino que dice que si el Ministerio de Hacienda no actualiza el monto de la UPC al 31 de diciembre de cada año, dicho valor se incrementará automáticamente por el valor de la inflación.
¿Qué proponen frente al giro directo?
Otro tema que está en la discusión pública es el giro directo, que consiste en eliminar la intermediación y mejorar el flujo de recursos a las prestadoras de servicios. En el sistema actual, el Estado gira los recursos a las EPS y estas son las encargadas de pagarle a las IPS.
En cuanto a esto, la bancada de independientes dispone del giro directo de la Adres a las prestadoras. Es decir, elimina la intermediación de las gestoras. Pero esto no será de manera inmediata, sino que establecen un periodo de transición de dos años para que la Adres se prepare.
Por su parte, Cambio Radical sugiere que la Adres gire el 90 por ciento de los recursos de la UPC destinados para el pago de servicios de salud. Eso sí, el 100 por ciento de los recursos que se giren deberán ser auditados.
El Centro Democrático limita más la posibilidad del giro directo. En este caso solo aplicará para las EPS que no cumplan con las normas de habilitación financiera o que se encuentren en medida de vigilancia especial, estén intervenidas o en liquidación.
