“Una descertificación sería un acto de desconocimiento a tantas vidas perdidas”: Daniel García-Peña

Como es tradición, en los primeros días de septiembre el presidente de Estados Unidos anuncia la calificación a otros países sobre su desempeño en la lucha contra las drogas: los certifica o descertifica. Aunque existen varias variables, se afirma que los criterios políticos pesan más en la decisión de la Casa Blanca.

Entre varios analistas reina el pesimismo, en parte por las visiones tan opuestas de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro para enfrentar este problema.

A las diferencias ideológicas se suman los resultados en el terreno. La más reciente medición muestra que en Colombia hay 252.572 hectáreas de coca con una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura. Además, la erradicación forzosa se redujo a 1.509 hectáreas eliminadas a junio de 2025 frente a una meta de 30.000.

En contraste, en la interceptación y control del tráfico los resultados son muy positivos: en 2024 se incautaron 960 toneladas de cocaína, un récord histórico. En entrevista con CAMBIO, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña Jaramillo, detalla qué puede pasar.

CAMBIO: En vísperas del anuncio de Estados Unidos sobre la cooperación antidrogas, ¿cuál es su pálpito?

Daniel García-Peña Jaramillo: La certificación no es un asunto de pálpito, es de resultados. Colombia ha cumplido con los criterios establecidos en la ley y en los compromisos asumidos, que van mucho más allá de la erradicación.

CAMBIO: ¿Como cuáles?

D.G.P.J.: Hemos mostrado avances medibles e históricos en incautaciones de cocaína, operaciones antinarcóticos, destrucción de laboratorios, decomiso de bienes, intercambio de inteligencia, fortalecimiento de la cooperación judicial, persecución de activos y colaboración regional.

CAMBIO: Con esto, ¿cuál es el mensaje de Colombia?

D.G.P.J.: Hemos transmitido con claridad que el abordaje actual, que combina la erradicación de cultivos ilícitos con programas de sustitución, constituye una solución más integral y sostenible que las medidas transitorias del pasado.

CAMBIO: ¿Ha sido un trabajo conjunto?

D.G.P.J.: Todo esto es fruto de décadas de esfuerzo compartido, que hoy continúa fortaleciendo la seguridad hemisférica, incluyendo la de Estados Unidos. Pero sobre todo hemos enfatizado que se trata de un compromiso nacional contra el narcotráfico, que ha afectado más a Colombia que a cualquier otro país.

CAMBIO: ¿Cómo funciona el procedimiento de la descertificación? ¿Cuándo y quién hace el anuncio?

D.G.P.J.: La decisión corresponde al presidente de Estados Unidos, basada en una evaluación de criterios técnicos que preparan múltiples agencias del Ejecutivo y del Congreso. La ley establece que la determinación debe hacerse a más tardar el 15 de septiembre.

CAMBIO: Durante varios meses usted ha sostenido una agenda intensa en defensa de la certificación. ¿Con quién se ha reunido?

D.G.P.J.: Ha sido una agenda intensa y sostenida a lo largo del último año. Hemos tenido múltiples reuniones con decenas de congresistas de ambos partidos, funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono, la DEA, la CIA, la Guardia Costera y otras agencias relevantes como la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos). También hemos compartido nuestros avances con el sector privado, centros académicos, centros de análisis y organizaciones de la sociedad civil.

CAMBIO: ¿Quiénes lo han apoyado? ¿Ha sido una estrategia de todo el Gobierno?

D.G.P.J.: Sí. En paralelo, hemos organizado visitas a Washington de nuestros ministros de Defensa y de Justicia, los comandantes de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y la directora de la Agencia de Sustitución de Cultivos. Así, desde lo político, lo técnico y lo operativo, se conocen en profundidad los esfuerzos de Colombia.

CAMBIO: ¿Colombia está sola en esta batalla o ha habido solidaridad de otros países?

D.G.P.J.: Hemos trabajado con aliados regionales para resaltar la dimensión supranacional del problema y el valor agregado que aporta Colombia en formación de capacidades, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas.

CAMBIO: Colombia les ha explicado el punto de vista del país a sus interlocutores. Ellos, ¿qué le han respondido?

D.G.P.J.: En nuestras reuniones se reconoce el compromiso de Colombia, la magnitud de las inversiones propias y la experiencia acumulada en décadas de lucha contra el narcotráfico. También se subraya el liderazgo de Colombia en seguridad regional.

CAMBIO: ¿Usted percibe que en Estados Unidos se entiende la complejidad del problema que atraviesa Colombia?

D.G.P.J.: Siempre es necesario insistir en que el tráfico de drogas es un fenómeno transnacional, con responsabilidades compartidas y en constante evolución. No se trata únicamente de hectáreas de hoja de coca, sino de estructuras criminales adaptativas, de economías ilegales conectadas con mercados globales y de un impacto social que exige innovación y cooperación judicial, tecnológica e inteligencia compartida.

CAMBIO: En esta larga guerra, ¿qué lecciones se han aprendido?

D.G.P.J.: Décadas de experiencia han mostrado que es más efectivo concentrar los esfuerzos contra los narcotraficantes y sus estructuras criminales que enfocarse en la hoja de coca y en los campesinos que la siembran, quienes representan solo una pequeña parte de la cadena del negocio ilícito.

CAMBIO: ¿Eso lo saben en Washington?

D.G.P.J.: Es cierto que a veces las exigencias en materia de erradicación se hacen desde Washington sin comprender el costo y sacrificio que esos esfuerzos implican en el terreno, como se evidenció en Amalfi, donde 13 jóvenes colombianos perdieron la vida en operaciones de erradicación.

CAMBIO: Pero también es crucial la visita a Colombia de líderes que incidan en el tema.

D.G.P.J.: Así es. Las visitas de funcionarios y congresistas estadounidenses a Colombia han sido fundamentales para constatar de primera mano los avances y retos.

CAMBIO: El problema de la droga no es de un solo lado…

D.G.P.J.: Claro. Por eso, siempre hay que insistir en que Estados Unidos debe hacer más en la reducción del consumo de cocaína, que se ha mantenido estable por décadas, así como en combatir el tráfico ilícito de armas estadounidenses que terminan en manos de criminales en Colombia, como la utilizada para asesinar al senador Miguel Uribe Turbay.

CAMBIO: ¿Qué criterios toma en cuenta Estados Unidos para certificar o no a Colombia?

D.G.P.J.: Se consideran la efectividad en operaciones de interceptación, el compromiso institucional frente al narcotráfico y el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho. Colombia ha avanzado en todos estos frentes.

CAMBIO: Por ejemplo.

D.G.P.J.: Hoy las áreas de cultivo están concentradas en 14 departamentos, frente a 22 hace unos años. Nuestra cooperación judicial con Estados Unidos, incluida la extradición, sigue siendo ejemplar. También se reflejan progresos en operaciones antinarcóticos, persecución de activos, incautación de bienes, intercambio de inteligencia y colaboración regional.

CAMBIO: La ONU reporta que Colombia es el mayor productor de coca del mundo, con 253.000 hectáreas sembradas. ¿Cómo convencer al gobierno de Estados Unidos de que, aun así, el país merece la certificación?

D.G.P.J.: La erradicación masiva mediante fumigación aérea del pasado fue muy ineficaz a largo plazo, ya que los cultivos se trasladaron a otras zonas del país. Además, enfrentó al Estado con los campesinos cocaleros, sin mencionar el daño ambiental y social causado. Hoy apostamos por una erradicación permanente y sostenible, no solo arrancando matas de coca, sino reemplazando economías ilícitas por economías lícitas.

CAMBIO: En este nuevo modelo, ¿qué papel cumplen las comunidades en los territorios?

D.G.P.J.: Muy importante. El trabajo es con las comunidades, no contra ellas como en el pasado, entendiendo que la titulación de tierras es fundamental, ya que al ser propietario se piensa dos veces antes de sembrar coca.

CAMBIO: ¿En esta guerra contra el narcotráfico hay otro país en el mundo que tenga un esfuerzo similar?

D.G.P.J.: Colombia es el país que más invierte, proporcionalmente, en la lucha contra el narcotráfico. Ningún otro país ha sacrificado tantas vidas ni desplegado tanta capacidad institucional, militar y policial de forma continua. La certificación reconoce un esfuerzo integral y sostenido, no una cifra aislada.

CAMBIO: La decisión suele tener un fuerte componente político. ¿Cómo están hoy las relaciones bilaterales?

D.G.P.J.: Las relaciones bilaterales siguen siendo estratégicas. Existen diferencias naturales en algunos temas, pero la alianza se mantiene sólida, especialmente en lo relativo a la seguridad hemisférica, la democracia y la cooperación judicial.

CAMBIO: Usted ha dicho que una descertificación fortalece a los grupos criminales porque se rompen los canales de cooperación. ¿Quiere ampliar este punto?

D.G.P.J.: Exactamente. Una descertificación reduciría operaciones conjuntas de interdicción marítima y aérea, afectaría programas de formación con fuerzas de otros países y debilitaría el intercambio de inteligencia. Pero, sobre todo, afectaría negativamente a las economías lícitas. Todo ello ampliaría el margen de maniobra de las organizaciones criminales en Estados Unidos y en la región.

CAMBIO: Si Colombia es descertificada, ¿qué podría pasar?

D.G.P.J.: Sería lamentable, muy injusto y constituiría un acto de desconocimiento de las vidas perdidas y los sacrificios de tantos colombianos. Pero, sobre todo, se rompería un ciclo exitoso de cooperación de décadas, se debilitaría la capacidad regional de respuesta y, repito, solo fortalecería a los grupos criminales. Colombia seguirá luchando contra el narcotráfico por convicción e interés nacional. Pero hacerlo sin el acompañamiento de Estados Unidos implicaría mayores riesgos y menores resultados para todos.