
Tal parece que la superioridad moral de algunos de los directivos del Gobierno actual llegó acompañada de acoso laboral hacia aquellos funcionarios, en su mayoría técnicos, que llevan trabajando con el Estado desde hace muchos años pero que ahora están que “tiran la toalla”. Aunque al principio se pensó que se trataba de casos aislados, la situación ha venido creciendo y se ha vuelto una conducta casi sistemática en varias entidades en las cuales, casualmente, hoy hay todo un despelote administrativo y bajísima ejecución presupuestal.
Esta columna recibió denuncias por varios casos que se han registrado en cinco entidades gubernamentales en las que se está viviendo un infierno, según los testimonios recogidos, por cuenta de las malas decisiones administrativas, la falta de conocimiento en los procesos, pero sobre todo por la presión y el maltrato al que se han visto sometidos los trabajadores a quienes, además, los estarían responsabilizando de la mala gestión y las pobres cifras.
Aunque este Gobierno enarboló las banderas de la justicia social y el bienestar para todos los empleados públicos a los que les prometió también mejorarles las condiciones laborales, lo que está sucediendo en algunos ministerios y otras oficinas estatales, ha evidenciado un fenómeno totalmente contrario en el que el acoso y el rechazo han sido protagonistas, al punto de provocar renuncias, enfermedades y hasta quejas de orden disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación.
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