Mientras usted lee este texto –en la tranquilidad de su casa, su oficina o su cotidianidad–, hay un menor de edad que empuña un fusil. Un niño, niña o adolescente que fue arrancado del seno de su familia, que debería estar estudiando, jugando o planeando un futuro. Un menor que podría ser su hijo.
Y es que, en Colombia, el conflicto armado, que lleva más de seis décadas, se ha ensañado con las familias campesinas, afro e indígenas, y fijó como estrategia reclutar de manera forzada a los menores; en la época de las Farc se llevaban a niños de 9, 10 años, como ha quedado documentado en crudos relatos de los desmovilizados.
Hoy, la situación no ha variado: las redes multicrimen que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y hasta de la trata de personas mantienen ese mismo modelo delictivo: reclutar –bajo engaños o a la fuerza– a menores de edad para multiplicar sus filas y así tratar de figurar como un actor armado potente, con control territorial y capacidad de enfrentar a la fuerza pública, al Estado.
De hecho, durante la pasada Cumbre de Gobernadores que se desarrolló en Quibdó, Chocó, los mandatarios seccionales priorizaron este tema en su agenda. Allí, manifesté, con el dolor de un padre, que, en nuestro país, en promedio, cada 48 horas es reclutado a la fuerza un menor de edad.
El problema es tan grave que en junio de este año las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer una nota informativa: “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños”, en la que planteó su preocupación al asegurar que verificó 658 casos de graves violaciones de derechos humanos a la niñez en el marco del conflicto armado, entre los años 2022 y 2024; en el 48 por ciento, las víctimas pertenecen a pueblos indígenas, y en el 39 por ciento son mujeres. En estos se incluyen 474 reclutamientos.
A la par, ONU indicó que, en el primer trimestre de este año, recibió 118 alegaciones de reclutamiento o utilización de niños y niñas, de las que verificó 51 casos 28 niños –incluyendo seis indígenas y tres afrodescendientes–, y 23 niñas –incluyendo seis indígenas y una afrodescendiente–.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo documentó 55 casos de reclutamiento forzado entre enero y junio de este año, de ellos, 29 niños y 26 niñas. Las principales víctimas siguen siendo los pueblos indígenas, con 35 casos, de ellos 24 en Cauca. Precisamente, la Defensoría documentó en 2024 que solo en este departamento 300 menores fueron reclutados, 273 del pueblo Nasa. Los menores, ante el miedo de ser reclutados, han optado por recurrir –en estas comunidades– al suicidio, un dato que no nos puede ser indiferente.
Reclutar a un niño es una herida que atraviesa a toda la sociedad. En lo físico, expone a nuestros menores a la explotación sexual y laboral, a la violencia y a una muerte temprana. En lo psicológico deja traumas severos que los acompañan de por vida: ansiedad, depresión, pérdida de identidad, y en lo social, fractura comunidades enteras: familias desplazadas, estigmatizadas y condenadas al silencio.
¿Qué hacer? Ante este frío panorama, mí apuesta para debilitar el reclutamiento se concentra en una gran articulación institucional, es decir, conformar mesas de prevención que incluyan a todas las entidades relevantes (ICBF, Policía, Fiscalía, secretarías de Educación y Salud, entre otras). Invertir en programas deportivos, culturales y de formación para jóvenes en las zonas más vulnerables. Capacitar a docentes y líderes comunitarios para que identifiquen las señales de riesgo y activen la ruta de reporte, a lo que se suman alianzas con la comunidad y una campaña interinstitucional para identificar las redes sociales que los criminales están utilizando para reclutar a nuestros menores.
Mi llamado es a la sociedad colombiana para que nos unamos y le reclamemos a los violentos, de manera enérgica, que no se metan más con nuestros niños y los regresen al seno de sus hogares.
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